La política agraria ha llegado al límite de lo aceptable

Conviene revisar la validez actual de la consabida definición de España como país eminentemente agrícola. Está claro que ya no lo es, en la medida en que se dé al concepto una interpretación exclusivamente cuantitativa -dice un informe del Banco Atlántico.- Las cifras son lo suficientemente explicativas, ya que el peso del sector primario, excluyendo la pesca, ha pasado de representar el 18,4 por 100 del PIB en 1964, a poco menos del 14 por 100 durante el pasado año.Las coordenadas esenciales del problema agrario español, según un informe elaborado por el Banco citado son las siguientes:

Decrecimiento, no ilógico en cuanto a la tendencia, del peso del sector en el conjunto.

Disminución, igualmente no ilógica, de la población activa agraria, cuya importancia real y política, frente al sector urbano, decrece.

Insatisfactoria aportación, claramente en los últimos años, al flanco de nuestra balanza de pagos; es decir, insuficiente situación de importaciones, por lo menos, independientemente de las posibilidades de aumento de las exportaciones.

Discriminación real e incluso creciente de la renta por cabeza en detrimento del campo.

Erosión de la rentabilidad de las exportaciones.

Enumeradas las coordenadas del agro español, el problema agrario ofrece una doble vertiente: la económica (dada por una notable resistencia de la economía agraria a acomodarse a los objetivos de las políticas convencionales) y la sociológica (caracterizada por el mútuo descontento agrario-urbano).

El Informe señala que la actual situación no beneficia a nadie, sino que el descontento del campesinado agrario existente no tiene su contrapartida en la satisfacción industrial urbana. Ahí empiezan las paradojas, unas paradojas cuya más concreta manifestación se plasma a través de los precios y sus correspondientes políticas.

Los precios agrarios, según el Banco Atlántico, suben por supuesto, alimentando nuestras endémicas tensiones inflacionistas, suben también el coste de la vida y, por último, los salarios. Todo queda, al final del proceso, y en términos reales, igual o peor quizá para todos y, desde luego para el propio campo, al que no han servido de mucho los periódicos aumentos arrancados en sus precios nominales para mejorar su situación relativa y cumplir, razonablemente, lo que le pide el país.

Termina el estudio poniendo de relieve que el sistema de relaciones. campo-industria o campo-sector urbano en que ha descansado el desarrollo español puede haber llegado a su punto crítico de ruptura, por lo que no sería lógico mantener las políticas seguidas hasta ahora a la vista de sus consecuencias negativas para el campo y para el país, que justifica la hipótesis de la llegada del modelo convencional al límite social y económico de lo aceptable.