Energía, inflación y limitación de importaciones

El problema del abastecimiento energético en nuestro país ha adquirido durante los últimos meses caracteres alarmantes. Algo más de 4.300 millones de dólares es la factura que España tendrá que, pagar en 1976 por su energía de procedencia exterior, un 88 por 100 de la cual corresponde al petróleo lo que representará aproximadamente el 53 por 100 de las exportaciones totales del país en este año.Además, el problema tiende a que estas importaciones están creciendo más rápidamente que las exportaciones totales. Las importaciones energéticas netas, respecto a las exportaciones totales, han pasado del 18,3 por 100 en 1973 al 48 por 100 en 1974 y al 52 por 100 en 1975. Una decisión más que probable de la OPEP de elevar en un 10 por 1.00 el precio de los crudos en el próximo mes de diciembre (el ministro venezolano de Economía habla del 20 por 100 y algunos exportadores del 30 por 100), incrementará la factura a pagar por nuestro país el año próximo en casi 500 millones de dólares. Es evidente que esto resulta ya superior a lo que nuestra economía está hoy en condiciones de encajar.

Ignoro cuáles serán las medidas que el Gobierno va a adoptar para poner freno a. esta situación, pero lo que sí está perfectamente claro son las causas fundamentales que la motivan, así como el hecho de que por no haberse atacado a fondo tales causas desde el principio, España es probablemente el país que se encuentra en Ja posición relativamente más difia de toda Europá Occidental.

Consecuencias de la política de subvención

La causa simple número uno de que España no haya tenido apenas éxito en su política de ahorro energético y que al contrario de todos los países industrializados de Occidente, no haya reducido sino aumentado su consumo de petróleo durante los últimos dos años, reside en las fortísimas subvenciones que reciben los combustibles industriales, que distorsionan completamente todos los mecanismos de competencia. En 1973, cuando la gran crisis multiplicó por cinco los precios, del petróleo, la mayor parte de las economías occidentales trasladaron en forma inmediata esta alza de precios al consumidor; el impacto inicial fue tremendo, pero las economías reaccionaron y se fueron ajustando a los nuevos precios; muchas de ellas parecen haber superado ya la crisis. En el caso de España el temor a un impacto inflacionista demasiado brusco (éste no hubiera sobrepasado, además, el 8,5 por 100), e incluso a una recesión, llevaron a multiplicar en forma gigantesca las subvenciones al consumidor industrial a costa del Tesoro, no contándose con que la degradación paulatina de la economía haría cada vez más difícil resistir el impacto, que si éste se hubiera producido en su totalidad a finales de 1973.

Todas las demás causas (excepto las derivadas de la organización del sector energético) tienen su origen en este hecho fundamental. El consumidor español, y en particular la industria, al quedar situada en una especie de incubadora, no se vio acuciada como en otros lugares por una energía súbitamente encarecida que había que ahorrar al máximo o sustituir, y el despilfarro energético a que estaba acostumbrada continuó y continúa todavía.

En 1976, los combustibles industriales, que representan alrededor. del 60 por 100 del consumo, recibirán a cargo del Tesoro la astronómica subvención de 32.000 millonesde pesetas, lo cual aparte de constituir un duro golpe para las previsiones macroeconómicas del sector público produce un crecimiento desmesurado de la demanda, conduce al despilfarro, dificulta o imposibilita las sustituciones por otras energías más baratas y fomenta el empleo de cilos de consumo altamente ineficientes, como, por ejemplo, el ciclo calor -energía eléctrica- calor, donde se desperdicia más del 70 por 100 de la energía primaria utilizada (esto último explica buena parte de la gran expansión del consumo de electricidad en un momento de estancamiento económico claro).

Dependencia energética

En una economía de mercado, la experiencia ha venido demostrando ampliamente que el único medio verdaderamente eficaz para limitar la demanda de recursos escasos o caros lo constituyen los precios. Otros sistemas como la implantación de un racionamiento sólo se han empleado en situaciones críticas (guerras o postguerras), de la que hoy distamos mucho, los cuales, aparte de los inconvenientes económicos que suelen generar, necesitan de un aparato inspector considerable para evitar el fraude en una industria, además, donde la unidad de medida es el millar de millón.

Por elllo, y aun sin descartar el llegar al racionamiento, si "todo lo demás" no da resultado, la primera medida que a mi juicio debería tomarse es el hacer pagar por la energía lo que cuesta y obligar así a la industria a adaptar sus procesos productivos para el máximo ahorro del factor encarecido, como ya se ha hecho en otros países. En el lado negativo, esta medida produciría un impacto inflacionista total (efectos directos + efectos indirectos), que cuantificado con un modelo econométrico construido en base a las tablas input-output de 1968, resulta ser del orden del 2,5 por 100; por sectores el alza oscilaría entre un máximo del 11 por 100 para el sector eléctrico y un mínimo del 0,6 por 100 para el sector comercio. Estos efectos podrían resultar, además, algo disminuidos, si previamente se procede a una reordenación del actual sistema de fijación de precios de los productos petrolíferos en refinería, que hoy da lugar a un precio del fúel-oil pesado de un 20 a un 30 por 100 superior al que facturan las demás refinerías europeas.

En algunos sectores muy especiales (pesca, agricultura), las subvenciones deberían mantenerse por razones sociales, y en otros, como en la industria de fertilizantes, la subvención debería pasar al producto (por ejemplo, el amoníaco), en vez de aplicarse a la materia prima. Esta última medida podría liberar en dos o tres años alrededor de un millón de toneladas de naftas.

Medidas complementarias, como reducción de iluminación y calefacción, ajuste de horarios de televisión, reducción de velocidad en carretera, propaganda al usuario, etc., son también interesantes, aunque sus efectos sean mucho menores.

Investigación hidrocarburos

Otro factor importante para la reducción de nuestra dependencia energética lo constituye la intensificación de la investigación petrolífera. Las posibilidades petrolíferas de nuestra plataforma continental son hoy algo probado, por lo que lo único que resta es una investigación acelerada para ver hasta dónde dan de sí estas buenas expectativas. Esto no es fácil, pues las compañías operadoras, casi todas extranjeras, siguen el ritmo que a ellos les, conviene, y legalmente no se les puede obligar a quemar etapas. Sin embargo, la situación de España se está convirtiendo en angustiosa, y en circunstancias especiales las medidas deben ser también especiales; por ejemplo, en el reciente descubrimiento del Cantábrico, presumiblemente comercial, aunque estructuralmente complejo, la plataforma que estaba en esta zona ha sido trasladada al Mediterráneo, pasarán, pues, muchos meses antes de que nuevos sondeos confirmen o desmientan la importancia del hallazgo. Esto que puede ser lógico a escala de compañía, no lo es en absoluto desde el punto de vista de las necesidades apremiantes del país; por lo que si se quiere acelerar la puesta en explotación racional de lo ya descubierto e intensificar la investigación del resto habrá que negociar con las compañías una multiplicación de esfuerzos e incrementar, simultáneamente, la acción del Estado. Una reducción sensible de nuestra dependencia puede esperarse razonablemente por este lado.

Finalmente, otro tema clave no para la reducción de nuestra dependencia, pero si para la reducción del coste de la misma, consiste en una reestructuración a fondo del sector petrolero. Hasta la crisis de 1973 existía evidencia de que España pagaba por su petróleo un precio superior al de otros países europeos. A mediados de los años 60 un amplio estudio realizado sobre el tema demostró que nuestro país estaba pagando entre un 25 y un 30 por 100 más que otros países europeos por su abastecimiento petrolífero. La causa de esta situación ha sido la inadecuada estructuración del sector y el sistema de compras seguido, por cuya razón, es razonable suponer que como las causas no han desaparecido, los efectos permanezcan, aunque en un mercado tan poco transparente como el petrolífero, no sea posible sin estudio a fondo sobre el tema cuantificar esta diferencia. Téngase en cuenta además, que con el nível de precios alcanzado en la actualidad, diferencias mucho menores que las existentes hace algunos años, un 5 a 10 por 100, por ejemplo, que son hoy perfectamente posibles, su pondrían para el país un extracoste de 250 a 500 millones, de dólares/año, por el simple hecho de no poseer una industria petrolífera adecuadamente organizada. Este es un lujo que España ya no puede permitirse.

En base a lo anteriormente expuesto, las medidas que en mi opinión podrían contribuir en forma apreciable a atenuar nuestro problema energético, serían las siguientes:

a) A corto plazo.

Modificación del sistema de fijación de precios exrefiería, buscando un equilibrio interproductos de tipo europeo.

- Adopción de una política de precios; realista, eliminando la totalidad de las subvenciones a los combustibles industriales. Como complemento un sistema de ayudas para inversiones destinadas a ahorre de energía, sería muy conveniente.

- Medidas complementarias, tipo reducción iluminaciones y calefacción, ajuste horarios televisión, propaganda al usuario, etcétera.

- Negociaciones con las compañías de explotación en nuestro subsuelo de una aceleración de las prospecciones, en condiciones técnicas aceptables.

- Cesión al Estado de, todas las zonas en litigio con, posibilidades petrolíferas presumibles (la ley de Hidrocarburos prevé perfectamente esta posibilidad), e investigación rápida de las mismas, con el repliegue del grueso de los efectivos técnicos y económicos hoy destinados al exterior, y donde no se ha conseguido, hasta el momento, ningún resultado apreciable.

b) A medio plazo.

- Reorganización completa de la industria petrolífera española y del sistema de adquisiciones de crudo seguido hasta el momento actual.

Independientemente de lo anterior, anualmente el Gobierno en función de las principales, magnitudes de comercio exterior, debería fijar un tope máximo al volumen monetario a destinar a las importaciones de energía, que no debería sobrepasarse fuese cual fuese el precio de los aprovisionamientos. Para 1977, esta cifra estimo debería situarse alrededor de los 330.000 millones de pesetas.