Ley es españolas, sentencias noruegas

Desde que comencé a tener uso de razón he sido testigo en nuestro país de actos impunes que, motivados por un determinado grupo de personas, han atentado contra los más elementales derechos delindividuo y de la sociedad.

El caso que directamente nos afecta a mi hijo Alejandro, a mi familia y a mí, es una buena prueba de a qué extremos se puede llegar cuando se permite que predominen sobre la justicia y la ley los intereses de un grupo.

Parece lógico que en nuestro país las leyes que priven, ante cualquier otra, sean las españolas. Pues bien, en el caso que me afecta no ocurre así. La sentencia que se me está aplicando no es la española del Tribunal Supremo de 8 de abril de 1975, sino una sentencia noruega que data de 1972, producto de un juicio en el que no me permitieron declarar y que me niega la patria potestad y custodia de mi hijo, ciudadano español, basándose en que el padre español es un desequilibrado mental, como lo prueba el hecho de que pretenda educar a su hijo en España. En ejecución de esta sentencia se me está embargando mensualmente mi sueldo en RTVE.

La sentencia española del Tribunal Supremo, tercera de las dictadas en nuestro país otorgándome la patria potestad -por imperativo legal- y la custodia de mi hijo, sigue sin ser cumplida. Mi hijo Alejandro, secuestrado y sacado ilegalmente de España el 23 de julio de 1975, continúa retenido en Noruega sin que pueda verle o saber nada de él. Los autores del secuestro, del repetido fraude de nuestras leyes y burla de nuestras sentencias, siguen impunes.

Yo quisiera, como padre y como español, pedir al Gobierno, a la oposición y a la opinión pública, que como españoles contribuyan a que se solucione este caso que va en contra de toda promesa de independencia y soberanía. Creo que una de las inmediatas, medidas a tomar, además de una investigación a fondo sobre quiénes y por qué propiciaron el secuestro, es que el Gobierno, apoyando la sentencia del Supremo de 8 de abril de 1975, reclame enérgica y oficialmente al Gobierno noruego la devolución del pequeño ciudadano español allí retenido.