Valdeacederas: los vecinos piden que se clarifique el problema del agua

Más de cien vecinos de la zona de Valdeacederas, en su mayoría mujeres, apoyaron anteayer una petición hecha por la asociación de vecinos al alcalde, para solicitar de éste una explicación clara sobre la postura del Ayuntamiento en la instalación del suministro de agua a la zona. La obra, que según los vecinos había sido calificada como social por el Ayuntamiento y así comunicada al Canal de Isabel II, deberá ser pagada ahora en su totalidad por los vecinos, según les fue comunicado hace unos días.

Según la presidenta de la asociación, Lola Valcárcel, el Ayuntamiento mantuvo una reunión con el Canal de Isabel II, tras la cual fueron llamadas al Ayuntamiento las asociaciones de Orcasitas y Valdeacederas. Al no poder ser localizada esta última, la reunión sólo trató de los problemas existentes en Orcasitas, aunque, al parecer, la instalación del agua en las viviendas de Valdeacederas «no tenía ningún problema».«Esta instalación consistiría en darnos agua casi gratis, ya que no deberíamos pagar las tomas principales del Canal a las casas, sino sólo una cantidad de unas mil o dos mil pesetas como fianza por los enganches.» Sin embargo y tras una reunión que los vecinos tuvieron con un ingeniero del Canal que les dio los precios -1.170 pesetas por una toma de 13 milímetros y 2.500 por una toma de 20-, los vecinos dejaron el asunto. Poco después, tanto la asociación como el Canal comenzaban a recibir del Ayuntamiento unas relaciones de calles en las que se instalaría el suministro de agua.

Dado que dos de las calles afectadas no se encontraban en las relaciones, la asociación se puso en contacto con el Canal, donde les comunicaron que «el Ayuntamiento sólo pagaba la instalación de agua en el barrio de Orcasitas, pero no en Tetuán». Ante la negativa de que el Ayuntamiento hubiera mandado la instalación a su cargo, los vecinos recibieron los nuevos precios, de 10.000 a 30.000 pesetas, por la instalación del agua. «Nos prometieron una cosa, nos dieron los precios y nos dijeron que nos iban a instalar el agua en 15 días.» «Queremos una entrevista en la que Arespacochaga diga si es verdad que no envió una carta al Canal comunicando que las obras corrieran a cargo del Ayuntamiento.»

Familias desahuciadas

El segundo de los problemas tratados fue la expulsión de catorce familias que viven actualmente en la calle Alfalfa, 5, y que, según una notificación judicial, serán desahuciadas el próximo día 8 de septiembre. Según comunicaron los mismos vecinos, «nosotros pagábamos a una señora que incluso a muchos nos hizo un contrato. A su muerte, empezamos a girar el dinero a Ildefonso Martínez, al camino de Leganés, pero nos los devolvían. Después nos enteramos de que cinco herederos, a los que nadie ha visto en la finca y que no se han preocupado nunca de cómo vivíamos, ganaron un juicio y nos echaban a la calle ».La asociación. se entrevistó, al conocer la noticia, con el director de Asistencia Social, a quien los vecinos propusieron que las familias desalojadas pasaran a pisos del Ministerio de la Vivienda o, en su defecto, a las diecinueve viviendas libres del Ministerio de Gobernación existentes en la zona.

En una entrevista de la asociación con el gerente municipal de Urbanismo, señor Barriga, en donde se planteó el plan de vivienda de La Veguilla, el Cubillo y el Chorrillo, los vecinos abordaron el tema de las viviendas vacías del Ministerio de Gobernación. El gerente les comunicó que estas viviendas estaban afectadas por una Junta de Compensación, por lo que, al ser casas del Ministerio, era éste el único que podía disponer de ellas. Puestos otra vez en comunicación con el director de Asistencia Social, les dijo que las viviendas habían sido cedidas al subsecretario de la Vivienda y al alcalde, señor Arespacochaga.

Una vez determinado el propietario, los vecinos manifestaron que pedirán en la entrevista con el alcalde la cesión de estas viviendas a las familias afectadas, en caso de que la reunión solicitada con el gobernador Civil no consiga un aplazamiento en la decisión judicial, así como la posibilidad de que estas familias reciban un piso del Ministerio de la Vivienda.

«Si todas las reuniones que queremos mantener con los organismos no dieran resultados positivos, tendríamos que llamar a todas las asociaciones de la zona para defender a estos vecinos.» El tema, según comunicaron, «no es un tema aislado, ya que hoy son estas catorce familias, pero la próxima podemos ser cualquiera de nosotros».