Es restrictiva, pero puede dar pie a la revisión de procesos

La circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre la aplicación de la amnistía, ya es de dominio público. En estimación de expertos consultados por EL PAIS, el texto pudiera ser considerado como restrictivo, aunque al tiempo deja un portillo abierto para la revisión de procesos por causas de terrorismo. La definitiva calificación de la circular está pendiente de que tal revisión se lleve o no a cabo.

Excmos. e llmos. señores:Por Real Decreto-Ley número 10/ 1976, de 30 de julio (Boletín Oficial del Estado de 4 de agosto), se ha concedido amnistía para todas las infracciones de intencionalidad política y de opinión, comprendidas en el Código Penal y Leyes Especiales, así como para determinados delitos definidos en las Leyes Penales Militares y para las infracciones administrativas de la misma intencionalidad, medida de notoria trascendencia y que responde al noble y generoso afán de la Corona de promover la pacífica convivencia entre los españoles.

Para la aplicación del Real Decreto-Ley por los Juzgados y Tribunales de la jurisdicción ordinaria, es decir, en lo que se refiere a los delitos y faltas comprendidas en el Código Penal y Leyes Penales Especiales, se confiere a los organismos judiciales, en gran parte, la responsabilidad de determinar el alcance de su aplicación.

Dirigida la medida de gracia hacia los llamados «delitos políticos», con la natural excepción de aquellos que por su carácter atroz no pueden ni deben ser dados al olvido, no ha querido el legislador precisar con objetiva exactitud las infracciones amnistíadas y las que son excluidas, sustituyéndolo por la referencia general a la existencia o no de «intencionalidad política», por lo que los Tribunales habrán de determinar si concurre ese elemento subjetivo en la motivación y finalidad de la infracción, a efectos de la amnistía.

Plausiblemente el legislador ha rehusado establecer una formulación general del «delito político» e incluso ha rehusado el empleo de esa locución, pues sabida es la dificultad de definición de tal forma de delincuencia por obstáculos de toda índole -filosóficos, sociológicos y técnicos- que la doctrina considera insalvables o que, por lo menos hasta hoy, no ha conseguido salvarla técnica jurídico-penal.

Sin embargo, en las operaciones interpretativas y de aplicación del Real Decreto-Ley, los fiscales habrán de auxiliarse con criterios técnicos para discernir, en razón de la relevancia del dato subjetivo de la intencionalidad del sujeto, lo que es delito común y lo que es delincuencia política.

Los criterios objetivos, reflejados en las leyes de 15 de febrero de 1873 y 2 de diciembre de 1963, aunque aparentemente signifiquen el mejor y más seguro asidero conceptual, conducen a soluciones insatisfactorias por exceso y por defecto. No obstante, son válidos si se conjugan con el sistema subjetivista establecido por el Real Decreto-Ley, para eludir de esta forma la inseguridad de base que aquél significa.

En resumen, la ausencia de un criterio normativo y el ancho margen a la interpretación judicial hace que la aplicación del Real Decreto-Ley requiera el análisis singular, caso por caso, de las infracciones individuales y de todas sus circunstancias a fin de establecer la aplicabilidad o inaplicabilidad de la amnistía.

Por todo esto, así como por la variedad de cuestiones de índole procesal que se plantean, conviene dictar esta instrucción general, en uso de las facultades establecidas en el artículo tercero del Estatuto del Ministerio Fiscal y 87 de su Reglamento, a fin de mantener la unidad de criterio y de interpretación por los Fiscales en relación con las disposiciones de tan importante

A Decreto-Ley, sin perjuicio de instrucciones especiales que sepuedan suscitar, por vía de consulta cuando la dificultad del caso o otra circunstancia lo requiera.

I Ambito de aplicación de la amnistía

Su alcance temporal no ofrece duda, puesto que viene claramente establecido en el artículo 1.6, comprendiendo las infracciones cometidas hasta el día 29 de julio de 1976 inclusive, cualquiera que sea la antigüedad del hecho y el estado procesal de las actuaciones o de la ejecutoria.

El alcance objetivo se extiende, en principio, a las infracciones de opinión y a aquéllas otras de intencionalidad política, cualesquiera que sea su naturaleza (artículo 1. l.).

A) Infracciones de opinión

Por «opinión», según su significado usual, habrá de entenderse la mera expresión de juicios, doctrinas, ideas o pareceres y, en tal sentido, son infracciones de opinión las que vulneran las restricciones impuestas a las libertades de manifestación del pensamiento y de expresión de las ideas que, en sentido amplio, abarcarán no sólo las transgresiones materiales, sino también las de carácter formal (p. e.: los impresos clandestinos, del artículo 165 del Código Penal); las exteriorizaciones directas y también indirectas (uso de lemas, banderas, símbolos o emblemas, etc..); las expresiones fríamente críticas y las de carácter peyorativo o violento (tales como gritos, denuestos, ultrajes, injurias y calumnias); las que se reducen a la esfera del pensamiento y las de propio contenido delictual trascendente (como la provocación o apología del delito).

El espíritu amplio del Real Decreto-Ley justifica la interpretación extensiva de modo que la amnistía comprenda entre estas infracciones de opinión no sólo los delitos y faltas de prensa e imprenta, reuniones y manifestaciones ilícitas y propagandas ilegales, etc., sino también todos aquellos de exteriorización de un proceso intelectual o de un estado anímico, con excepción hecha de los delitos de injuria o calumnia perseguidos a instancia del ofendido, los cuales también están comprendidos en la amnistía si mediare perdón del mismo (artículo 1.5.).

Particular meditación ha merecido la exigencia o inexigencia del móvil o finalidad políticos en las infracciones de opinión para que puedan ampararse en la amnistía. La literalidad del texto no incluye tal condicionamiento y su interpretación directa y gramatical habrá de prevalecer, por lo que deberán entenderse comprendidas en la amnistía cualquiera que haya sido su intención, móvil o Finalidad.

b) Infracciones de intencionalidad política

Como queda dicho anteriormente, el Real Decreto-Ley contiene un ancho margen a la decisión judicial y establece la necesidad de que los jueces y tribunales determinen en cada caso, positiva o negativamente, si la infracción respondió a móviles o finalidades políticas y, por consiguiente, si está o no comprendida en la amnistía.

Los fiscales, al dictaminar las causas y sostener u oponerse a la aplicación de la amnistía, habrán de fundarse, si se hubiese dictado sentencia, en los pronunciamientos de éstas sobre móviles o finalidades de la infracción y en los datos que resulten o se deduzcan de sus resultados, considerandos y fallo.

En las causas en tramitación, se atenderá a los pronunciamientos del auto de procesamiento y, además, a lo que resulte o se desprenda de todas las actuaciones del proceso; reclamándose, en caso necesario, la práctica de las diligencias de prueba que estimen necesarias para la caracterización de] delito.

En el espíritu de amplitud que inspira la decisión de la Corona, habrá de entenderse que la "intencionalidad política" no sólo habrá de ser considerada en las infracciones contra la orizanización del Estado. sus instituciones y magistraturas, sino también en las de carácter político-social.

A título de orientación, habrá de presumirse la intencionalidad política, salvo que la excluya la naturaleza específica de la infracción, en los delitos comprendidos en el Título 1 del Libro II del Código Penal -contra la seguridad exterior del Estado- y en el Título II del mismo Libro -contra la seguridad interior del Estado- y las correlativas faltas definidas en el Capítulo II del Título I del Libro III, así como los delitos enumerados en el artículo tercero de la ley de 2 de diciembre de 1963 en los que amplíen aquéllas enumeraciones. Las demás infracciones penales, aunque normalmente no son motivadas por intenciones políticas, ello no excluye que los fiscales indaguen sobre la existencia de tales motivaciones con la minuciosidad necesaria.

c) Infracciones exceptuadas de la amnistía

El Real Decreto-Ley, además de los delitos de injuria y calumnia perseguidos a instancias del ofendido, salvo que medie perdón de éste, excluye todos los que «hayan puesto en peligro o lesionado la vida o la integridad de las personas».

La exclusión comprende, desde luego. los delitos contra las personas del Título VIII del Libro II del Código Penal, así como cuales quiera otras figuras de infracción en las que la muerte. lesiones, atentado, violencia o intimidación contra las personas constituya elemento del tipo penal.

Los delitos de terrorismo, en cuanto hayan causado muerte o lesiones o puesto en peligro directo la vida o integridad de las personas quedan patentemente excluidos de la amnistía.

En este caso se encuentran las figuras comprendidas en los números 1 y 2 del artículo 260 y 261 del Código Penal.

Abona esta interpretación que en el artículo 1.2. del Real Decreto-Ley, al determinar los delitos comprendidos en el Código de Justicia Militar a los que alcanza la amnistía, se incluyen los de rebelión y sedición, pero no los de terrorismo definidos bajo esta rúbrica en el Capítulo I bis del Título II del Tratado II, artículos 294 bis a), b), y c) de dicho Código, que son sustancialmente análogos a los figurados en el Código Penal, artículos 260 y 261.

En cuanto a los del número 3 del 260, por regla general estarán también excluidos en razón de¡ peligro concreto para las personas que significa esa clase de atentado: pero cabe la excepción en favor de los hechos exclusivamente dirigidos a la causación de daños en las cosas que por las circunstancias del lugar, tiempo y ocasión, excluyan abiertamente el riesgo para las personas.

Las del artículo 261 claramente se aprecia su exclusión de la amnistía por cuanto la creación de peligro directo, concreto y actual para las personas forma parte del tipo.

En el 262 y en el 263 es de considerar, lo mismo que en el número 3 del 260, la posibilidad de que la actuación delictiva excluya el riesgo de causación de lesiones a las personas.

La mayor complejidad ofrece la consideración de los delitos de tenencia y depósito de armas o municiones de los artículos 254 a 258 y los de tenencia de explosivos del artículo 264 del Código Penal.

Todos son delitos de peligro; pero mientras éste es de carácter potencial, abstracto o general en unos casos, otros son de riesgo actual, concreto y directo.

El simple delito de tenencia de armas de los artículos 254 a 256 descansa en la ausencia de deterininados requisitos administrativos, es una infracción formal, el propio artículo 256 previene la posibilidad de ausencia de riesgo concreto y cabe por consiguiente, en términos generales, comprenderlo en la amnistía, concurriendo el dato de la intencionalidad política.

No ocurre lo mismo cuando resulten patentes los fines agresivos, más o menos condicionados, como ocurre cuando el arma se utiliza tanto haciéndola funcionar o esgrimiéndola, o también cuando se porte en disposición de su uso contra quien se oponga a los propósitos ilícitos del agente.

En cuanto a las armas cuya tenencia no puede ser autorizada en ningún caso, como ocurre con las escopetas recortadas, armas de guerra y depósito de armas. así corno la tenencia de artificios o materias explosivas o incendiarias, se aplicará el mismo criterio que se ha señalado en relación con el número 3 del artículo 260, esto es, será de aplicación la amnistía cuando las circunstancias de tiempo, lugar y ocasión excluyan abiertamente el riesgo para las personas.

Merece atención el hecho de que la simple tenencia de armas se ofrece generalmente sin motivación política, ya que ese elemento subjetivo o bien no concurre o bien no se consigna en las actuaciones judiciales por su irrelevancia para

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