Las Asociaciones de Funcionarios, un grave error político

El análisis y valoración del decreto del 16 de julio por el que se regula el «derecho de asociación profesional de los funcionarios civiles del Estado», debe hacerse desde una óptica política, estudiando su oportunidad en el tiempo, la filosofía política que lo inspira, y las finalidades que pretende cumplir. Como dato previo debe quedar claro que el mencionado decreto, aprobado en el primer Consejo de Ministros presidido por Adolfo Suárez, y retocado antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a la vista de las reacciones del sindicalismo funcionarial ilegal, fue elaborado por el Gobierno de Carlos Arias (etapa de Antonio Carro), congelado por el Gobierno Arias (etapa de Alfonso Osorio), y aprobado, con improvisación y falta de visión política, por el Gobierno Suárez, a instancias del vicepresidente señor Osorio.La oportunidad política de una norma legal viene dada por el momento en que nace y por la medida en que la misma satisface las aspiraciones del colectivo al que afecta, que en este caso son los Trabajadores de la Administración Pública (TAP), expresión del sindicalismo del sector público español que engloba a todas las personas, que cualquiera que sea su vínculo (funcionarios de carrera, funcionarios de empleo, contratados laborales y contratados administrativos) trabajan para la Administración Estatal, Local e Institucional.

Se niega la sindicación

De acuerdo con ello debo señalar en primer lugar que lo que el decreto concede no es la libertad sindical para los funcionarios y contratados de toda la Administración Pública, sino un raquítico derecho de asociación para parte (no para todos) de los funcionarios de la Administración Estatal e Institucional, con exclusión además de la totalidad de los funcionarios de Ayuntamientos y Diputaciones, De ahí que España, con Turquía, Jordania, Etiopía, Liberia, Ecuador, Nicaragua y Perú, forme la lista de Gobiernos que siguen negando a sus TAP la elemental libertad de sindicación reconocida por la Declaración Universal de Derechos del Hombre, por la OIT, por...

Lo hasta aquí señalado habla bien claro de que no existe la más mínima semejanza entre las aspiraciones sindicales de los TAP y la respuesta gubernamental. Resulta sorprendente que la exposición de motivos del decreto que comento, al hablar de la realidad actual de la función pública, desconozca que la realidad del verano de 1976 no está reflejada, ni aún con los eufemismos propios del lenguaje oficial, en el texto legal, y que esa realidad es el resultado de un largo proceso de concienciación y lucha sindical y política de los TAP. Intentar recordar al Gobierno Suárez la historia de la movilización sindical de los TAP, para que con ello pueda hacerse cargo del grave error político que acaba de cometer, excede con mucho de las posibilidades de espacio que un artículo de opinión comporta. Dejo su análisis para un libro que preparo sobre el tema, limitándome a recordar aquí que en el escrito de los quinientos del 5 de febrero de 1975, en el documento de sindicación en la función pública aprobado el 11 de noviembre del mismo año por la Asociación Española de Administración Pública, y en el escrito en que 3.000 funcionarios solicitaban amnistía en enero de 1976, se pedía una y otra vez la libertad sindical para los TAP.

Una herencia inaceptable

También ha olvidado el Gobierno Suárez que durante los últimos años el sindicalismo ilegal se ha organizado en la Administración Pública, a la que la UGT y USO primero, y CCOO recientemente, han llegado con formas organizativas gestionadas por los propios TAP. En el mismo olvido ha tenido el actual Gobierno los trabajos que desde 1974 han llevado adelante la base y la Junta de de la Asociación de Administración Pública, que con un planteamiento progresista en sus acciones ha culminado en la reciente apertura de dicha Asociación a todos los TAP del Estado, constituyéndose así en el presindicato unitario del sector público.

Pero a quien más ha ignorado el Gobierno al precipitarse aprobando el decreto sobre asociaciones funcionariales, ha sido a los 750.000 TAP que prestan sus servicios en el Estado, los Avuntamientos y Diputaciones , los Organismos Autónomos y la Seguridad Social. Sería inexacto por mi parte afirmar que todos los servidores públicos sueñan con la libertad sindical pues, como es sabido, hay sectores privilegiados de la función pública, que dada su capacidad de presión, su vinculación con el poder político como cantera de extracción de ministros y demás autoridades, y las remuneraciones de que gozan, nada necesitan, y, si algo les parece bien son las asociaciones por cuerpos de funcionarios que les vienen de perillas como medio para institucionalizar los instrumentos de presión de que gozan, en un momento en que el desarrollo de los partidos políticos podría cuestionar la subsistencia de sus privilegios.

Conciencia de clase

La mayoría de los servidores públicos, los que se consideran TAP, tienen conciencia de su proletarización, del progresivo deterioro de sus remuneraciones, de sus escasas posibilidades de promoción, y (y esto es realmente importante) de la necesidad de transformar la autoritaria Administración Pública que hoy tenemos en una Administración al servicio de la comunidad. El instrumento adecuado para lograr esas y otras metas no es otro que el sindicalismo de los TAP, que se sigue negando a estos por un Gobierno que ni ha contado con los pronunciamientos de los funcionarios en los últimos años, ni les ha solicitado su opinión, que se habría podido lograr por medio del reclamado Congreso de Trabajadores de la Administración Pública (CONTAP). Se me podrá objetar que mal podía pedir la opinión un Gobierno con escasos días en el poder. Efectivamente, eso es cierto. Tan lo es, que revela el error del Gobierno al hacer suyo, como herencia, un texto antidemocrático elaborado por los Gobiernos de Carlos Arias.

Dirigentes antidémocráticos

El panorama real de la función pública no está por las asociaciones. Estas pudieron haber servido en los años sesenta. La fórmula asociativa llega tarde porque los TAP, no han permanecido quietos, y llega muy tarde (casi con cincuenta años de retraso) respecto de las fórmulas vigentes en la Europa Occidental con la que el actual Gobierno quiere homologarse. El Gobierno ha incurrido en el error de creer que con las asociaciones por cuerpos o por Ministerios satisface las aspiraciones de los TAP.

Por supuesto que incluso las asociaciones que el decreto autoriza son el resultado de los años de presión y lucha de los servidores públicos, de las que el Gobierno ha tomado nota de oído (dando las asociaciones corporativistas), pero a las que no se ha sensibilizado (negando la libertad sindical). Ello habla bien claramente del alejamiento existente entre los TAP y los órganos responsables de la función pública, que con notorio simplismo político han creído que era oportuno que el Gobierno Suárez abriera su singladura con un decreto sobre asociaciones funcionariales, sin preocuparse de la opinión de los destinatarios.