La sindicacion de funcionarios públicos parece posible

La gestación del decreto regulador de las organizaciones de funcionarios, así como su complementario, sobre participación de los. funcionarios en los órganos encargados de la regulación y gestión de, la función pública, ha sufrido diversos avatares desde que, con la llegada de Antonio Carro al Ministerio de la Presidencia, las reiteradas peticiones de los trabajadores de la Administración Pública para poder organizarse en el plano asociativo fueran abordadas, por primera vez, con seriedad y rigor.Con la entrada en Presidencia de Antonio Carro, formando parte del primer Gobierno Arias, en diciembre de 1973, y el apoyo recibido por parte de Fernado Suárez, entonces secretario general técnico de aquélla, se aborda por primera vez la redacción de un decreto que regula las asociaciones de funcionarios. Este anteproyecto, no obstante, no prosperó.

En abril del pasado año, España asiste por primera vez a la Conferencia Técnica para el Servicio Público, en Ginebra, dentro del marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y las aspiraciones de los funcionarios españoles vuelven a ser consideradas.

En aquella conferencia, en la que España tiene un destacado papel, pues su representación (que encabeza Pedro Porras, ya por entonces director general de la Función Pública, y al que acompaña el señor Chozas Bermúdez, secretario general técnico del Ministerio de Trabajo en aquellos días), forma parte de la ponencia que redacta el acuerdo de recomendar a los gobiernos el establecimiento de la sindicación de los funcionarios, de acuerdo con los principios de la OIT.

De esta manera, la Administración española quedó comprometida consigo misma -pues la recomendación fue prácticamente elaborada por la representación española en la comisión encargada de su redacción-, dar satisfacción a las demandas asociacíonistas de sus funcionarios.

Por otra parte, en el Ministerio de la Presidencia se encuentra ya Alfonso Osorio, hombre que sería decisivo para sacar adelante el proyecto de decreto, cuya redacción encarga, precisamente, a Pedro Porras, y al subdirector de la Función Pública, Juan Junquera.

La redacción del proyecto de decreto cuida de manera especial de no emplear los términos de asociación o sindicato, cuando se refiere a la organización funcionarial. En el primero de los cuales -según la versión que en medios bien informados se -ha ofrecido a EL PAIS- por el desprestigio que el propio término comporta en sí mismo. La exclusión de sindicato, a la hora de calificar la organización de los funcionarios públicos, es consecuencia inmediata de la misma exclusión de que son objeto los funcionarios por parte de la Organización Sindical. También se considera posible que en la intención de los inspiradores del proyecto de decreto influyera el cierto desprestigio que padece la os.

El texto resultante de este segundo intento facultaba la organización de los funcionarios, sin establecer ninguna limitación, las cuales fueron introducidas una vez que el proyecto es entregado al entonces secretario general técnico de la Presidencia, Jaime Basanta, quien inicia su distribución (de forma muy restringida, según nuestros informantes) a los distintos ministerios, a partir del 10 de marzo pasado. El proyecto de decreto está ya ultimado, en los términos en que fue presentado al Consejo de Ministros del pasado viernes. También quedó ultimado entonces el segundo decreto sobre el que la reunión ministerial no se pronunció- relativo a la participación de los funcionarios en los órganos encargados de la regulación y gestión en la función pública.

Los textos definítivos habrían de sufrir, no obstante, ciertas dificultades desde que fueron entregados a los ministerios, hasta su discusión por el Gobierno. Estas dificultades estuvieron. motivadas por la oposición mostrada por Hacienda, de forma particular, sobre todo al hecho de que se diera luz verde a la posibilidad que, el entonces proyecto, contenía de que los funcionarios, al existir los órganos paritarios, estuvieran presentes en órganos de gestión, tales como la Comisión Permanente de Personal, la Junta Central de Retribuciones y la Comisión gestora de la Mutualidad de Funcionarios, todos ellos a nivel interministerial.

La oposición de Fiacienda estaba.fundamentada -según la versión recogida por EL PAIS-, en la trascendencia púUica que podrán tener aspectos como los retributivos, si es que el segundo de los proyectos de decreto es aprobado por el Gobierno, pues los órganos paritarios posibilitan a los funcionarios el acceso a una información de la que ahora sólo tienen conocimiento a nivel de rumor.

Estas dificultades, sin duda, supusieron un considerable retraso en los planes del señor Osorio, quien con su ascenso a vicepresidente, a raíz de la crisis del Gobierno Arias, y con el apoyo de Martín Villa (no interesado en poseer el control de las organizaciones de funcionarios, a diferencia de su antecesor en Gobernación), ha hecho posible ahora que las organizaciones de funcionarios puedan ser realidad.