Esperando la amnistía

LAS MANIFESTACIONES, autorizadas o prohibidas, realizadas en el curso de la última semana en pro de la amnistía, ponen una vez más de relieve el eco popular que despierta esa reivindicación, con la que se han mostrado solidarias voces muy cualificadas de la Iglesia y de la vida cultural española.Cobran, además, fuerza los rumores de que el Gobierno prepara para el 25 de julio una amnistía, como remate de la reforma del Código Penal y como prueba de su proclamada voluntad democratizadora.

Según las informaciones disponibles, esa inminente amnistía, no será sino complemento conveniente pero no imprescindible de la reforma de la legislación penal, la cual producirla en cualquier caso la liberación de los procesados y sentenciados incluidos dentro de sus supuestos. Se trata de puro sentido común: si la militancia en un partido y la impresión y distribución de su propaganda son ahora legales, constituiría un absurdo que fueran a la cárcel o permanecieran en ella quienes realizaron idénticas actividades en las vísperas de la modificación del Código.

Así pues, es el principio de retroactividad favorable al reo (expresado con carácter general en el articulo 24 del Código Penal) la causa de que la derogación de determinados tipos de delito extinga la pena con la que fueron castigados sus antiguos infractores, lo que la amnistía añade esta desaparición de la responsabilidad penal y la posibilidad de que sean reparados los perjuicios conexos a la condena, tales como la separación de un cuerpo de la Administración o el despido del lugar de trabajo.

Pero este planteamiento deja sin resolver algunas cuestiones que han estado presentes en la movilización popular, en favor de la amnistía. Del acierto en la respuesta que reciban, depende que las esperanzas despertadas se transformen o no en amarga desilusión.

Primeramente, a nuestro juicio, sería un grave error político excluir de esa medida a los militantes comunistas, con el argumento de que esas organizaciones pueden ser calificadas como ilegales, incluso después de reformado el Código Penal.

Más delicada es la segunda cuestión. Como señalaba nuestro colega «Informaciones» el pasado sábado, casi la mitad de los procesados y condenados por delitos contra la seguridad del Estado están acusados o son reos de actos terroristas o conexos. Evidentemente, es imposible aplicar en este caso el principio de retroactividad; en cualquier sociedad constituye un delito matar a un agente de la autoridad o secuestrar y asesinar a un ciudadano. Pero, aun dejando a un lado la difusa responsabilidad social que, si bien no justifica, al menos ayuda a explicar históricamente esa locura colectiva que lleva a la violencia política; parece evidente que el problema del terrorismo no es jurídico sino político y que poco ayuda a su solución la concepción retributiva y expiatoria del derecho penal. .

La pacificación del País Vasco no se conseguirá mediante las armas. La espiral de la violencia no hace sino alimentarse a sí misma y alguien tiene que dar el primer paso para acabar con esa pesadilla.

No basta con que las reivindicaciones de los vascos sean oídas; también hay que encontrar una salida para que la manifestación de una solidaridad elemental que nace en el combate y se sostiene con el recuerdo de los muertos y de los presos, no sea la venganza. Por eso, la propuesta del procurador señor Escudero de que junto con la amnistía para los delitos de opinión exista la posibilidad de revisión, los procesos por terrorismo sería quizás el primer paso efectivo en esa dirección.

Por lo demás, creemos que la amnistía es condición básica de la reconciliación nacional y de la construcción de la democracia. Y el Gobierno no debe acordarla sólo como instrumento de credibilidad política, sino como expresión de un convencimiento democrático y de fe en los valores de la libertad, inalienable en aquellos países donde se respetan los derechos humanos.