Amnistía para los trabajadores

Ya tenemos nuevo Gobierno. Sin embargo, no parece que los trabajadores y sus organizaciones representativas hayan recibido con especial alborozo la designación de Adolfo Suárez y de sus ministros. Creo que las reacciones más generalizadas han sido, de una parte, la indiferencia y el hastío de los más ante la continuada marginación de los trabajadores como clase, y de otra, el claro rechazo de las vanguardias organizadas.

De ahí que este comentarista entienda que los trabajadores españoles bien poca cosa esperan del Gobierno Suárez, pues no creen que tenga fuerza política para, unilateralmente, dar los pasos necesarios para democratizar la vida sindical y laboral del país, aunque, por supuesto, están dispuestos a creer en el lenguaje de los hechos contundentes. Lo anterior no significa que la clase trabajadora vaya a dar las espaldas al Gobierno recién nombrado. Al contrario, va a intentar controlarlo, va a exigirle, porque tiene clara conciencia de que una cosa es no esperar del Gobierno, y otra, muy distinta, no exigir al Gobierno. En su lucha por conquistar la democracia política no parece que, en esta hora de transición, los trabajadores españoles vayan a incurrir en el error de dirigir en exclusiva sus exigencias a los nuevos ministros de Trabajo y de Relaciones Sindicales, porque saben que ello supondría aceptar que el análisis y la solución de los problemas sindicales y laborales puede hacerse, como si la política laboral y sindical fuera cosa de francotiradores, al margen, y por tanto independientemente, de los planteamientos políticos generales.

Programa para tres meses

Los trabajadores y sus sindicatos ilegales llevan tiempo luchando por cosas tan elementales y simples que su mera enumeración, como recordatorio al Gobierno Suárez., causa sonrojo a este comentarista;

La primera es la amnistía. Amnistía política para; todos los ciudadanos y, por tanto, para todos los trabajadores en prisión por su participación en las luchas obreras de los partidos y los sindicatos. Amnistía sindical para todos los obreros desposeídos de sus cargos sindicales o incapacitados para poder ostentarlos. Amnistía laboral, para los cientos de trabajadores despedidos de sus empresas por haber intentado conquistar, con su ejercicio práctico, unos derechos que, por básicos, son humanos y, por tanto, reconocidos en el mundo libre. ¿Podrá el Gobierno Suárez amnistiar en este verano del 76 a los castigados trabajadores españoles?

Si por algo luchan en primer lugar los trabajadores de este país, es por la libertad sindical para autoorganizarse independientemente del Estado y de los empresarios. También por los derechos de reunión, expresión y manifestación en cuanto herramientas sindicales básicas. A esa lucha se han unido los funcionarios públicos ante cuyas peticiones de sindicación los dos Gobiernos de Carlos Arias permanecieron sordos e insensibles, hasta el punto de que lo que en su día fue petición hoy es exigencia de los funcionarios y de sus sindicatos ilegales. No es casualidad que la primera gran huelga de las muchas que acechan al Gobierno Suárez haya sido una huelga de funcionarios, los carteros urbanos. ¿Está dispuesto el nuevo Gobierno a decretar, .sin más, la libertad sindical de todos los trabajadores?

Pero aún hay más. Los trabajadores saben que tienen capacidad suficiente para reducir a la inoperancia la legislación laboral y sindical que, como el decreto-ley sobre recurso a la huelga, nada tienen que ver con lo que persa en fábricas y tajos. La estrategia del movimiento obrero ha sido bien sencilla: No usar el decreto-ley de 22-5-75 dictado por Fernando Suárez. Cuando esta harina legal lleva poco mías de un año de vigencia se ha convertido en una auténtica pieza de museo. ¿Tendrá decisión y fuerza el Gobierno Suárez para, derogándolo, firmar desde ya, el certificado oficial de defunción del decreto-ley sobre recurso a la huelga? ¿Puede el Gobierno reconocer a todos los trabajadores- sin excepción el inalienable derecho obrero a la huelga?

Los trabajadores oyen decir, y es verdad, que el país padece una de sus más graves crisis económicas. ¿Cómo no van a saberlo si sufren en sus casas con elevaciones sin freno del coste de la vida que erosionan, de forma hasta ahora desconocida, la capacidad adquisitiva de los salarios de los trabajadores actives y las pensiones de los pasivos? Pero no es menos cierto que los trabajadores vienen oyendo hablar de crisis económicas desde hace tantos años que son escasos los que creen que las empresas españolas están preparadas para vivir sin ese seguro de subsistencia que es la congelación salarial por decreto.

Entre tanto el salario mínimo nada tiene que ver con la realidad de los precios y de las necesidades más elementales de una familia obrera, y crece espectacularmente (un 123 por 100 en el primer semestre de 1976 respecto de igual período de 1975) el número de trabajadores afectados por laudos de la Administración Laboral sustitutivos de fallidos convenios colectivos. ¿Podrá el Gobierno Suárez previo con convencimiento y tras echarle imaginación económica al tema, disponer, antes del próximo otoño la derogación del decreto de 17 de noviembre pasado .sobre congelación .salarial; establecer en primero de octubre un salario mínimo justo y suficiente (pero de verdad), y poner en marcha en el plazo de tres meses un programa serio de pensiones suficientes?

Si hay un tema en el que no sólo los trabajadores sino todo el pueblo español, va a juzgar con especial sensibilidad al nuevo Gobierno, es la lucha que tiene que acometer contra el paro. Las cifras de parados son contundentes, a pesar de las matizaciones que padecen. Las prestaciones por desempleo-de quienes cobran-son rigurosamente insuficientes para subsistir. ¿Será capaz el flamante Gabinete Suárez de poner en marcha a cortísimo plazo un sistema eficaz de estímulo de la inversión privada y de programar —para cumplirlo, claro está— un vasto plan de inversiones públicas capaz de reducir drásticamente el desempleo y de crear de paso la infraestructura social que el país necesita?.

Estos son los cinco grandes temas laborales y sindicales que exigen el inmediato análisis del Gobierno y, a cortísimo plazo, tres meses como mucho, soluciones concretas. No hacerlo, por incapacidad, por indecisión, o incluso por miedo a la amnistía que el mundo del trabajo exige, sería un gravísimo error imputable, no exclusiva, pero si, fundamentalmente al Gobierno que desde hace escasos días intenta dirigir la vida del país.