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La Comisión de Justicia podría reunirse la próxima semana

En la mañana de ayer el presidente de la comisión de Justicia de las Cortes, Licinio de la Fuente se entrevistó con el presidente de la Cámara, Torcuato Fernández-Miranda, con el fin de establecer el procedimiento a seguir con el proyecto de modificación de determinados artículos del Código Penal, relativos a los derechos de reunión, expresión de las ideas y libertad de trabajo, cuyas línea fundamentales fueron aprobadas en el, Pleno del pasado miércoles.

La comisión tendrá que limitarse a las líneas generales introducidas por la ponencia y en ningún caso el resultado del debate en la comisión podrá alterar éstas. La deliberación en la comisión tendrá que ajustarse a lo dispuesto en el reglamento de las Cortes, si bien y de acuerdo con el artículo 10 de la ley de Procedimiento de Urgencia -a la que está sometido el proyecto que nos ocupa-, «El presidente de las Cortes podrá determinar el tiempo máximo de duración de los debates», y el presidente de la Comisión «distribuirá ese tiempo entre los distintos artículos, capítulos o partes del proyecto y en consecuencia determinará el tiempo máximo de duración de las intervenciones ».La opinión general recogida ayer en círculos parlamentarios es que el presidente, señor Fernández-Miranda fijará en breve el plazo máximo de duración de los debates en la comisión y se espera, a tenor de los plazos establecidos hasta ahora en las leyes que han sido sometidas al procedimiento de urgencia en el Pleno, que el proyecto se debata en la próxima semana.

Una vez debatido en la comisión, el proyecto pasara al Pleno donde se someterá a votación y ya que el Pleno aprobó el miércoles las líneas generales, se cree que no tendrá mayores dificultades para la aprobación definitiva.

La comisión de Justicia que preside el señor De la Fuente está integrada por cincuenta procuradores, de los cuales siete votaron el miércoles en contra de la ley de Asociaciones Políticas, y tres se abstuvieron. Componen la comisión los señores Fernando Aguilar (votó no), Luis Angulo, Isidro Arcenegui, Gonzalo Botija, Pío Cabanillas, Ignacio Carrau, José Casanova, Antonio Castro, Manuel Cervía (votó no), José Clúa, Juan Antonio Cremades, Fernando Dancausa (se abstuvo y es miembro de la ponencia), Francisco Escrivá de Romaní (miembro de la ponencia), Eduardo Ezquer (votó no), Raimundo Fernández-Cuesta (votó no).

Marcelo Fernández Nieto (votó no), Melitino García, José María Garranchón, José Guerra Campos (ausente), Venancio Hernández, Fernando Hemández (se abstuvo), José Enrique Hernández, Carlos Iglesias Selgas (miembro de la ponencia), Eduardo León, Manuel Liaño, Angel López de Fez, Arturo López Francos, Manuel Madrid del Cacho (miembro de la ponencia).

José Manuel Martínez, Alberto Manzarbeitia, Rafael Mateo (enmendante), Eugenio Mazón,Rafael Mendizábal, Juan de Oña, Manuel Padrón, Tomás Pelayo, José Luis Pérez-Serrabona, Martín Palomino, Blas Piñar (votó no), José Poveda, Cosme Puigmal, Manuel Rivas (votó no).

Julián Rojo,Antonio Rosón, Angel Ruiz, José Manuel Sánchez, Cayetano Utrera, José María Valiente, Joaquín Viola y Gabriel de Zubiaga.

Los ausentes

Por otra parte, y según informa Logos, entre la relación de los 117 procuradores que no estuvieron presentes en el momento de la votación de la ley de Asociaciones Políticas, figuran los señores Borrero (presidente de la Diputación de Sevilla y yerno del almirante Carrero), el teniente general Campano (que se encontraba con el Rey en Burgos), Fernández de la Mora (ex ministro), monseñor Guerra Campos, Jiménez-Millas, Peralta Romero (Emilio), Ruiz-Jarabo (ex ministro), Tarragona, Viola y Zaragoza Orts.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 11 de junio de 1976

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