Piden investigación judicial sobre empresas dependientes de la entidad

El Consejo Provincial de Trabajadores de Las Palmas acordó en sesión plenaria pedir la apertura de una investigación judicial en torno a la empresa «PROTUCASA» (Promotora Turística de Canarias, SA.) dependiente de la Caja Insular de Ahorros. Asimismo, «para que el Consejo de Trabajadores nunca pueda ser acusado de complicidad, se decide de modo provisional la retirada de su representante del consejo de administración de la Caja, hasta que esta situación sea aclarada», reza el segundo de los acuerdos adoptados, que termina con un llamamiento para potenciar la Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria dirigido a todos los trabajadores, al tiempo, que ahoga por estatutos democráticos para la entidad y por un control de toda la sociedad canaria de su gestión.En el informe presentado al pleno del Consejo de Trabajadores se explica cómo la Caja Insular creó hace unos años una serie de empresas filiales, entre las que se encuentran «PROTUCMA» Y «COMTECA» en los tiempos. en que tres destacados políticos, Juan Pulido, Juan Marrero Portugués y Federico Diaz-Bertrana, compartían todos los puestos claves del Cabildo, Caja de Ahorros y PROTUCASA,

En el informe se dan una serie de datos y detalles de la gestión de estas, empresas, afirmando luego que «el problema no era el de crear empresas turísticas rentables, sino la puesta en práctica de un conjunto de operaciones que fue medio para la compra de terrenos por un gran valor, construcciones, aprovisionamiento de hoteles, etc.»

Sigue, diciendo el informe que «PROTUCASA» estaba a finales de 1975 en situación de quiebra como consecuencia de todo ello, pero que ésta se evitó cargando a la Caja Insular de Ahorros todo el pasivo de la sociedad, que era del orden de dos mil millones de pesetas, por crédito de la Caja, y mil doscientos millones en avales. Con esta operación -continúa informándose en el informe- se quiso evitar no sólo la quiebra de «PROTUCASA» sino también que estallara un escándalo político de gran envergadura, que hubiera arrastrado con un conjunto de personas muy influyentes en la misma política local.

Más adelante se denuncia que la ayuda prestada por la Caja de Ahorros a esta empresa turística ha supuesto la congelación de la línea de cfédito de la entidad ahorradora, con graves consecuencias para la economía de la provincia al no haber podido atender las demandas de crédito de los pequeños y medianos empresarios, inmersos en la crisis económica a nivel general que se padece. También se afirma en el documento presentado en el pleno del Consejo de Trabajadores de Las Palmas, que no se arregla la situación modificando como se ha hecho el consejo de administración de la Caja, ya que según los estatutos, todos los miembros del consejo son nombrados desde el Cabildo, «con lo que vuelve a suceder el fenómeno de control de la Caja a cargo de un solo grupo».

Por último, el informe señala que al consejo no le interesaprovocar una alarma a nivel de impositores, sino que demanda una Caja de Ahorros al servicio de la provincia y no de unos cuantos grupos de presión.