Divisiones en torno al Tratado de Madrid
El comité de Relaciones Exteriores del senado norteamericano ha hecho público el texto final del Informe sobre las audiencias relacionadas con la ratificación del tratado de amistad y cooperación entre España y los Estados Unidos. En el primer capítulo de este documento, el senador Sparkman subraya la importancia de dicho instrumento, para el establecimiento de relaciones más estrechas entre los dos países y para la integración de España en las instituciones de Europa occidental. Los senadores estiman que la creación del consejo hispano-norteamericano, presidido, por los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países, podría facilitar la cooperación entre los dos ejércitos y abrir la vía a los intercambios comerciales, tecnológicos y culturales entre Madrid y Washington.
También se dice en el informe que los Estados Unidos intentan promover (ya desde 1970) los intereses españoles en las instituciones europeas y atlánticas, basándose en las conclusiones de un estudio realizado por el National Security Council, cuyos expertos estiman que la presencia militar norteamericana en España es indispensable. Si bien, el tratado no prevé garantías para la defensa del territorio español en caso de conflicto internacional, sienta las bases para el ingreso de nuestro país en la OTAN y reconoce implícitamente su importancia estratégica para el mundo occidental.Detrás de las palabras cuidadosamente escogidas, detrás del informe equilibrado, el observador tropieza con una lucha abierta entre partidarios y detractores del tratado, con algunas consideraciones de tipo político. Oficialmente, los senadores afirman que el mayor obstáculo para la ratificación del tratado radica en el sistema de financiación a largo plazo negociado en Madrid y Washington. Se trata de un antecedente que el senado prefiere eludir, ya que dentro de unos meses tendrá que pronunciarse a favor o en contra de los acuerdos militares con Grecia y con Turquía, que necesitan, la aprobación del Congreso, puesto que se inscriben en el marco de las apropiaciones anuales incluidas en la ley de ayuda exterior. Pero no es menos cierto, que el verdadero obstáculo tiene carácter político. En realidad, tanto los liberales como los conservadores convergen en un punto: la evolución democrática de España es, según ellos, demasiado lenta, la reforma parece estancada. Nadie quiere apoyar el status quo. Los senadores insisten: no se trata de una ingerencia en los asuntos internos de otro país, sino pura y simplemente de una constatación objetiva de un estado de cosas.
Los liberales, es decir, el grupo Eagleton, Clark y Pell, son partidarios de la ratificación inmediata del tratado. Según un portavoz de este grupo, se trata de un voto de confianza para don Juan Carlos y sus ministros reformistas.
Sin embargo, el grupo conservador, capitaneado por Mike Mansfield, intenta retrasar la ratificación. En el grupo de Mansfield hay varias tendencias que se enfrentan: algunos estiman que se trata de un compromiso demasiado costoso, como lo dijo el senador Symington durante la última audiencia del comité, mientras que otros quisieran escuchar las palabras de don Juan Carlos ante las cámaras.
