El presidente y el consejero delegado de Sofico, en la cárcel

Eugenio Peydró Salmerón y su hijo, Eugenio Peydró Brillas, dos de los responsables del affaire Sofico, han sido procesados por el juez Daniel Ferrer, titular del Juzgado de Instrucción decano de Madrid y juez especial encargado de los asuntos penales en relación con el citado asunto. El juez ha decretado la prisión provisional incondicional, comunicada, sin fianza por ahora, de los procesados. El señor Peydró Salmerón era presidente y director general de Sofico, mientras que su hijo ostentaba el cargo de consejero delegado.El delito por el que han sido procesados es el de estafa, previsto en el artículo 529, número 1, del Código Penal. La fianza conjunta que se les exige para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse asciende a la cantidad de 6.000 millones de pesetas.

Los dos procesados han ingresado en la tarde de ayer en la cárcel de Carabanchel.

Los letrados José María Stampa y Felipe Ruiz de Velasco se han hecho cargo de la defensa de los procesados.

El caso Sofico salió a la luz pública a finales del año 1974. Las personas afectadas por el mismo en España y en el extranjero son varios miles. Las empresas del grupo solicitaron el estado de suspensión de pagos en esas fechas, llegándose a declarar la insolvencia de una de ellas, concretamente de Sofico Renta a finales de marzo de este año. Dada la magnitud e implicaciones del caso, fueron nombrados dos jueces especiales, uno para el ámbito penal y otro para el civil, en las personas, respectivamente, de Daniel Ferrer, juez decano de Madrid, y José Ignacio Fernández, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid. Este ha tramitado todo el procedimiento de suspensión de pagos de las sociedades del grupo Sofico. El juez penal, por su parte, ha tramitado las numerosas querellas formuladas por los perjudicados por el caso. A lo largo de las diligencias practicadas también tomó declaración en varias ocasiones a los hoy procesados y a los consejeros de administración del grupo, Luis Nieto Antúnez, ya fallecido, y el teniente general -en la reserva- Rafael Cabanillas Prosper.

La historia empezó en 1962

En 1962, con un capital de 15 millones de pesetas, se constituía en Madrid la Sociedad Financiera Internacional. Paralelamente, lo hacían varias constructoras, Cid, Victoria, Condestable, que más adelante se nominarán Sofico Ventas, Sofico Arrendamientos. Inicialmente se trataba de «comprar, construir, vender o arrendar toda clase de viviendas, edificios comerciales o industriales, terrenos ... ». Más adelante se planteó la venta de «inversiones». Una red de agentes de venta, con dotes de persuasión, y una buena campaña de publicidad que garantizaba el 12 por 100 (entonces la inflación no llegaba a los dos dígitos) de rentabilidad neta anual, cimentaron el éxito de los negocios del grupo Sofico.En octubre de 1973, el Ministerio de Hacienda dictamina orden limitando la publicidad financiera con promesas de rentabilidad, que deberá someterse a la aprobación administrativa. Sofico no volvió a prometer el 12, aunque salvó la imagen en base a que se cumplía la docena de años de actividad.

En 1974, comienzan las dificultades para la sociedad. Sus directivos insisten, a través de los medios de información, en la salud de la empresa del caballito del mar -símbolo de la compañía-. Pero apartir de julio, Sofico deja de pagar la rentabilidad comprometida con sus cuentapartícipes.

El 28 de noviembre de ese año, un acreedor solicita la quiebra de la sociedad. El 30 del mismo mes presenta suspensión de pagos en el juzgado Sofico Renta. Días antes, la revista Doblón titulaba en su primera plana «Sofico, deshauciado». Los días 5, 9 y 11 de diciembre presentaban la solicitud de suspensión de pagos Sofico Inversiones, Sofico Servicios Turísticos y Sofico Vacaciones.

Se abre un paréntesis para los acreedores

Informes de la empresa presentan un activo global de las cuatro empresas de 8.664 millones de pesetas, y un pasivo de 7.496 millones. Informes reservados señalaban que las cifras reales eran más bien, un activo de 783 millones y un pasivo de 11.893 millones de pesetas.El proceso Sofico comenzó inmediatamente. El abogado señor Redrol, experto en temas mercantiles, se encargó de la suspensión de pagos por cuenta de Sofico. Se nombraron dos jueces especiales, en lo civil y en lo penal, y comenzó el proceso de declaración, valoración y pago de acreedores. Hace unos días, los empleados de Sofico en Málaga cobraron los salarios que se les adeudaban.

Inesperadamente, el juez especial penal ha decretado el encarcelamiento del presidente y del consejero delegado de la empresa. Si se quisiera procesar a los demás consejeros vivos de la sociedad, el asunto tendría que pasar a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por estar implicado en el caso un magistrado.

La actuación penal paraliza ahora la civil, lo que supondrá para los acreedores pendientes un paréntesis para conseguir la liquidación de lo que se les adeuda. En estos momentos, más de mil acreedores reclaman una cifra global de unos 5.000 millones de pesetas.