La RFEF reparte cinco millones entre las territoriales de forma equitativa, lo que molesta a las federaciones con más licencias

Ganar un campeonato internacional siempre tiene premio. Más allá del honor, las medallas y el propio trofeo, la Copa viene cargada. La de la Eurocopa que ganó la selección española este verano en Berlín –la Roja se impuso en la final a Inglaterra 2-1, el pasado 14 de julio– llegó a España con 28,5 millones de euros. Un pellizco del que los propios futbolistas cobran el 40%, unos 11,3 millones. El resto se queda en las arcas de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que suele repartir parte entre las federaciones territoriales. Y así lo ha hecho este mes de agosto. La RFEF ha repartido cinco millones de euros entre las 19 autonómicas de forma equitativa y no proporcional, como acostumbra a pasar con las subvenciones que proceden de fondos públicos a través del Consejo Superior de Deportes (CSD). Y eso ha molestado a algunos presidentes territoriales, entre ellos a los de las regionales catalana o madrileña, que han ingresado la mitad de lo que habrían cobrado de haberse aplicado el criterio habitual, que tiene en cuenta el volumen de licencias federativas; o el de la valenciana, que echa en falta unos 100.000 euros que le hubieran tocado de más con un reparto diferente.

La federación y su nuevo secretario general, Álvaro de Miguel Casanueva, que lleva hoy la gestión del día a día en una federación descabezada ya desde la dimisión de Luis Rubiales hace un año, aprobó en asamblea las bases para la concesión de estas ayudas extraordinarias. Dicha convocatoria, señala el documento, que ha consultado este diario, se hace “al amparo de lo previsto en el ‘Manual de procedimientos para el reparto de subvenciones a las federaciones autonómicas y/o territoriales y otros miembros de la RFEF’ debidamente aprobado por la junta directiva de la RFEF”. Ese manual se aprobó efectivamente en el seno de la junta, pero no sin discusión.

Algunos presidentes territoriales defendieron que el reparto fuera lineal, acorde al número de licencias, y otros, la mayoría, al frente de federaciones más menudas, abogaron por que se concediera la misma cantidad a todas las autonómicas. Solo uno de los barones, Marcelino Maté, al frente de una de las territoriales de menos peso, la de Castilla y León, apoyó a los primeros, aun sabiendo que le perjudicaría que así fuera. Pero ganó el reparto igualitario. Y cada una de las territoriales ha ingresado poco más de 263.000 euros procedentes de fondos propios de la RFEF tras recibir esta por parte de la UEFA lo correspondiente a la Eurocopa ganada en Alemania.

El ruido llama especialmente la atención en un momento de transición en que el presidente de la RFEF, Pedro Rocha, se encuentra en tierra de nadie y desaparecido de la vida pública. El extremeño está inhabilitado por dos años al considerar el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) que tomó decisiones que no le correspondían cuando ocupaba el cargo de forma interina tras la salida de Rubiales. Sin embargo, la inhabilitación está pendiente de una cautelar a la espera de resolución. Por lo que Rocha sigue maniobrando con discreción en la sede de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. La concesión y reparto de subvenciones entre las territoriales acostumbra a ser una herramienta muy útil para contentar a las diferentes federaciones, más cuando están por celebrarse unas elecciones a la presidencia en las que todos los barones territoriales tienen voz y voto, independientemente del volumen de licencias que manejen. Estos 263.000 euros cultivan el favor de las federaciones regionales más pequeñas, que son muchas.

Imprescindible justificar a qué se destinan las ayudas

El documento citado para el reparto de las subvenciones fija también una serie de criterios a cumplir por parte de las territoriales, los mismos criterios exigidos para cobrar subvenciones públicas, como disponer de un código de buen gobierno o estar al corriente de los pagos. Asimismo, el manual en cuestión exige que se justifique a qué se destinan las ayudas y se establecen unas bases, para asegurarse de que la inversión es la correcta. “La ayuda deberá destinarse a programas de fomento o promoción del fútbol aficionado”, también a la “promoción y desarrollo del fútbol femenino”, cursos de formación de árbitros, mejora de los servicios y atención sanitaria; también a cubrir los costes de expedición de las licencias federativas. De todo ello se deberá presentar una justificación, una exigencia que parte motu proprio del nuevo secretario general, que solo tiene la obligatoriedad de hacer ese seguimiento cuando se trata de fondos públicos, lo que no sería el caso. “La no presentación de la justificación dentro del plazo fijado implicará el inicio de un expediente de revocación total o parcial de la ayuda otorgada”, remata el documento.

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