Los árbitros niegan a la Guardia Civil que los pagos del Barcelona a Negreira influyeran en la competición

Ninguno de los 21 árbitros y exárbitros que han declarado como testigos ante la Guardia Civil en el caso Negreira ha podido despejar la gran incógnita: ¿por qué el FC Barcelona pagó 7,3 millones al ex número dos de los colegiados españoles, José María Enríquez Negreira, durante casi dos décadas? Aunque difícilmente pueden saberlo, todos tienen su propia opinión, y muchos creen que tal vez los directivos del Barça pensaron que así podrían influir en el desarrollo de las competiciones. Esa es la principal hipótesis de los investigadores pero, fuese cual fuese la intención del club azulgrana, los testigos coinciden al afirmar que los pagos no influyeron en ningún caso en su trabajo ni alteraron los resultados de la Liga o la Copa del Rey. “La influencia es cero”, aseguran.

La pregunta sobre el amaño de partidos la han repetido los interrogadores de la Guardia Civil en comandancias de toda España, donde el pasado verano tomaron declaración a los árbitros por orden del juez de Barcelona que instruye el caso. “Por cómo entiendo el mundo del fútbol, es imposible que los pagos pudieran influir”, afirmó contundente, desde Valencia, Mateu Lahoz, que no fue renovado en 2021 y se encuentra en situación de desempleo, según su declaración. Lahoz puso un ejemplo: el suyo. “Me he enfrentado a situaciones difíciles de arbitrar, que en ocasiones han beneficiado a unos clubes u otros”. El excolegiado recordó una decisión especialmente polémica, en la última jornada de la Liga 2013-14, cuando Atlético y Barça se jugaban el título. “Decidí anular un gol a Messi al entender que el balón golpeó en su compañero Cesc”.

El pasado septiembre, el juez Joaquín Aguirre ordenó el registro de las dependencias del Comité Técnico de Árbitros (CTA) en Las Rozas (Madrid) y decretó el secreto de sumario (que ahora ha levantado) para practicar una serie de diligencias. En sus declaraciones, a las que ha accedido EL PAÍS, los árbitros coinciden en que conocieron la relación entre el Barça y el exvicepresidente del CTA por la prensa, y lamentan el “daño al prestigio” del colectivo “y al fútbol español”, como Jesús Iturralde González, otro de los interrogados. Colegiado de Primera División hasta 2012, Iturralde cree que los pagos millonarios del Barça “han sido utilizados para enriquecer a directivos” del club y ve absurdo que ese dinero pudiera servir realmente para amañar partidos. “No es para comprar árbitros porque lo que pagó el Barcelona no es suficiente para pagar a 20 árbitros”, agregó.

Negreira fue vicepresidente del CTA, el órgano de gobierno de los jueces, entre 1994 y 2018. Algunos de los árbitros que han declarado le consideraban uno de “sus jefes”, un personaje oscuro, con el que se relacionaban más bien poco, que les informaba a final de temporada sobre los ascensos y descensos de categoría. Los testigos han negado que Negreira tuviera capacidad para influir en la designación de los árbitros y han afirmado que quien tomaba las decisiones realmente importantes era el presidente, Victoriano Sánchez Arminio. El excolegiado Sergi Albert, uno de los más veteranos de entre los 21 interrogados, es de los pocos que discrepa. Cree que Negreira tenía “control sobre el nombramiento de informadores [quienes evalúan a los árbitros durante los partidos], puntuaciones, ascensos y descensos arbitrales”. Albert recordó una llamada que recibió de Negreira cuando, a mediados de los años 90, se retiró para hacerse comentarista en televisión: “Oye pollo, tú quién te has creído que eres, ve con cuidado con los comentarios que haces que te puede pasar algo”.

Albert pone el acento en la primera etapa: los primeros pagos documentados son de 2011, durante el mandato de Joan Gaspart, aunque podrían ser anteriores. “Hay unas personas en el club, Joan Gaspart, Antón Parera y Josep Contreras, que deciden destinar fondos para un objetivo que desconozco”, dice el colegiado, que ve en el caso Negreira un claro “interés económico”. En su declaración, dijo que sabía que Negreira vendía “objetos promocionales” a la RFEF y a algunas federaciones regionales, aunque ignoraba que recibiera pagos del Barça. El excolegiado reveló algo que corroboraron también otros testigos: tanto él como, sobre todo su hijo, Javier Enríquez, acompañaban a los árbitros que pitaban en estadios de Cataluña (no solo el Camp Nou) y les hacían de chóferes entre el hotel y el estadio. Jon Núñez Fernández, árbitro de Primera desde 2007, dice que ha arbitrado una decena de veces en el Camp Nou y que Javier Enríquez solía acompañarle. “Se ponía en contacto unos días antes con el árbitro. Quedaba con él en el hotel, tomábamos algo, hablábamos de cosas banales o de fútbol, pero comentarios sin importancia, y nos llevaba al campo”, afirma el colegiado, también totalmente convencido de su inocencia y la de sus compañeros: “Es muy difícil que se pueda convencer a un árbitro profesional para corromper la competición”. Algunos, como Santiago Jaime Latre, se veían un poco obligados a dejarse acompañar hasta el túnel de vestuarios del estadio (”no podía declinar esa oferta porque era el hijo del jefe”) otros “ni se plantearon que era algo malo”, y unos pocos se negaron. Tars el estallido del escándalo, la RFEF remitió un escrito a los árbitros para que evitaran esas prácticas.

Negreira cobró del Barça 7,3 millones por supuestos trabajos de asesoramiento que nunca han sido acreditados; su hijo, Javier Enríquez, también cobró del club, pero por informes técnicos sobre comportamiento arbitral. De esos informes sí hay rastro documental. Todos los árbitros que han declarado ante la Guardia Civil conocían la relación de padre e hijo entre ambos. Y creen que por ese motivo Javier Enríquez —también imputado en el caso— logró participar, como coach, en concentraciones organizadas por el CTA para la formación de los árbitros.

Sobre la utilidad de esas charlas hay discrepancias; unos las consideraban bastante malas y prescindibles, pero a otros les gustaron tanto que llegaron a contratar sus servicios como coach personal. Es el caso de David Medié Jiménez, que ascendió a Primera en 2017 y ejerció hasta hace poco como árbitro del VAR. En sesiones de algo más de una hora en su casa de Esplugues, Enríquez le ayudaba en la “preparación psicológica” de los partidos por entre 150 y 200 euros.

A algunos responsables del CTA como Díaz Vega “no les gustaba que Javier participase en las actividades”, como declaró Daniel Ocón Arraíz, árbitro de Primera desde 2016, que tampoco tiene respuesta para los pagos del Barça. “Podía ser una estafa, o vender humo, o una persona utilizada para retirar dinero y que volviese a otros directivos. Pero es una opinión personal”, dijo Ocón, quien añadió que esos pagos “para nada” pueden influir en las competiciones, uno de los grandes interrogantes del caso Negreira. Aunque el delito de corrupción en el deporte no requiere de que se consume el trato de favor (basta con la intención, materializada a través de los pagos), desde el punto de vista deportivo e institucional sí resulta relevante. Sobre todo porque el Barça ha sido incapaz de explicar, más allá de los trabajos de Javier Enríquez, por qué pagó al número dos de los árbitros entre 2001 (durante la etapa de Joan Gaspart) hasta 2018, cuando Josep Maria Bartomeu puso fin a esa práctica y desató la ira (y las amenazas) de Negreira.

Las declaraciones son una suerte de intrahistoria del arbitraje español de los últimos años. La mayoría reconoce la existencia de “la nevera”, un sistema por el cual se apartaba temporalmente a un árbitro cuando había culminado una actuación especialmente mala. David Medié aseguró que la severidad de ese castigo variaba en función de si afectaba a clubes grandes o pequeños pero, sobre todo, “en función del ruido que se generase mediáticamente”.

El expresidente del CTA destruyó papeles

Durante la entrada y registro en la sede del CTA, el 28 de septiembre, los agentes buscaron documentación sobre el funcionamiento del organismo. Los agentes toparon con una situación inesperada, y dejaron constancia en las actas, que también figuran en el sumario. El adjunto a la dirección del CTA, Antonio Rubinos, afirmó de manera “espontánea” ante los agentes que existía la posibilidad de que “alguna documentación no se encuentre”. Y explicó más: en mayo de 2018, el día en que Victoriano Sánchez Arminio (anterior presidente del órgano de gobierno de los árbitros) dejó el cargo “estuvo al menos 2 o 3 horas en el destructor de papel eliminando documentos”. Rubinos aseguró que lo sabe porque lo hizo delante de él. El directivo no aportó sin embargo más indicaciones sobre los motivos que llevaron a Sánchez Arminio a eliminar esos papeles ni tampoco sobre el contenido del material eliminado.

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