i3 Ventures afirma que la junta de Bartomeu solicitó cargar en las redes contra sus oponentes

Todo comenzó en febrero del año anterior, cuando la Cadena Ser explicó que desde finales de 2017 el FC Barcelona contaba con los servicios de I3 Ventures, empresa del argentino Carlos Ibáñez, que se dedicaba a crear estados de opinión a través de las redes sociales al tiempo que desprestigiaba y difamaba a personas y entidades no afines a la junta, también a jugadores como Leo Messi y Gerard Piqué. Algo que negó el expresidente Josep Maria Bartomeu y que ahora el propio Ibáñez se ha encargado de aclarar, dado que el empresario, afincado en Uruguay, declaró este martes por videoconferencia en el juzgado número 13 de Barcelona. Y admitió que la campaña difamatoria fue encargada por la junta, al tiempo que señaló a Jaume Masferrer como interlocutor entre la empresa y el club, también la mano derecha del expresidente.

“Fue un servicio extra ajeno al contrato”, apuntó Ibáñez a la vez que reveló que no hubo un sobrecargo por esta operación, que, admitió, se hizo a través de cinco perfiles. Aunque negó que fuera una campaña difamatoria. “El objetivo era proteger la reputación. Buscábamos cómo parar el daño. Si atacaban a Valverde, yo decía que Guardiola no ganaba títulos”, expuso Ibáñez al tiempo que aseguró que era para contrarrestar las campañas de desprestigio que hicieron Jaume Roures -administrador único de Mediapro- y Víctor Font -candidato a la presidencia que perdió el pulso con Laporta-, que según él sí orquestaban estos perfiles. Una artimaña que los Mossos estimaron en un perjuicio económico de hasta 1,2 millones para el Barça y que, además, le costó el cargo a Bartomeu.

La primera reacción de la cúpula directiva fue lavarse las manos y negar tal tropelía, al tiempo que admitían que I3 Ventures era una empresa proveedora del club y, si se demostraban las vinculaciones con las cuentas en las redes sociales, rescindiría el contrato. No solo se demostró eso, sino que el club pagó un millón de euros anuales a la empresa de Ibáñez y las facturas se trocearon entre diferentes departamentos para que cada una fuese inferior a 200.000 euros y así evitar que los contratos pasaran por la aprobación de la junta. Jugarreta que hace unos días los Mossos revelaron como habitual en la anterior directiva, pues destaca un expediente similar al de Nicetream (conglomerado de Ibáñez) que superó los dos millones de euros y no pasó por el comité de adjudicaciones. Aunque no se sabe aún el nombre de la empresa. “El fraccionamiento de las facturas fue un encargo del director general Óscar Grau (CEO del Barça) en nombre del club”, reconoció Ibáñez ante la jueza. Aunque señaló que le pareció normal porque le explicaron que se hacía así porque el trabajo se hacía en diferentes áreas.

Tras destaparse el caso, unos cuantos directivos reclamaron explicaciones y, aunque tardó, Bartomeu dejó suspendido de empleo y sueldo a Masferrer hasta que se concluyera la auditoría encargada a PricewaterhouseCoopers… La auditoría costó 600.000 euros y resulta que también se fraccionó para que no pasara por el comité de adjudicaciones para saltarse el control interno. Pero el caso -denunciado por el grupo de socios Dignitat Blaugrana- llegó a la jueza Alejandra Gil, titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona y responsable de los registros que llevaron a cabo los Mossos d’Esquadra en el Camp Nou y en los domicilios privados de los investigados. Lo que conllevó a llevar a los tribunales al presidente Bartomeu, además de Òscar Grau, el jefe de los servicios jurídicos Román Gómez Pontí y Masferrer, acusados de administración desleal (pagar posible sobreprecio a I3 Ventures) y corrupción entre particulares (embolsarse supuestamente parte del dinero).

Sobre la investigación de los Mossos, que situó a una de las empresas de Ibáñez en una caravana en un descampado del departamento de Canelones de Uruguay, el acusado rebatió: “Puede ser un error o una manipulación. Una compañía con 40 trabajadores es fácilmente comprobable dónde está”. Y, al respecto del que Jaime Malet, propietario de la empresa Telam Partners -recibía 300.000 euros por intermediación-, aseguró que le pidió a Malet que lo introdujera en el mercado español y que por ello cobraba una comisión por cada nueva contratación.

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