Los avales condicionan la toma de posesión de Laporta

Joan Laporta aspira a ser proclamado en las próximas horas presidente del Barcelona, después de que LaLiga valide el aval de 124,6 millones, el 15% del presupuesto del club, que debe presentar este miércoles como fecha límite, tal como requiere la Ley del Deporte de 1990. Aunque se espera cerrar a tiempo, la formalización del aval se complicó mucho, hasta el punto de que Laporta ha negociado con fondos de inversión y diferentes empresarios, después de que Jaume Giró, exdirector general de la Fundació La Caixa, renunciara el sábado a formar parte de la junta pese a ser el portavoz de la política económica de la candidatura Estimem el Barça, ganadora de las elecciones del día 7.

La sorprendente salida de Giró provocará novedades en la directiva de Laporta. La más significativa podría ser la de Eduard Romeu, vicepresidente de Audax Renovables, la compañía de producción y comercialización energética dirigida por José Elías y entre cuyos accionistas figura Goldman Sachs, el fondo de inversión que pretende financiar el Espai Barça. No sería la única en el consejo que anunciaría Laporta en la toma de posesión, sino que se esperan más incorporaciones como la de Joan Soler, presidente del Vilafranca y miembro de la precandidatura de Jordi Farré, líder del voto de censura que a la larga provocó la dimisión en octubre pasado del presidente Josep Maria Bartomeu.

La alta cuantía del aval y la crítica situación económica de la entidad han puesto en un apuro mayúsculo a Laporta, quien confiaba en Giró para solucionar ambos asuntos sobre los que no se incidió como se esperaba durante una campaña electoral en la que también participaron las candidaturas de Víctor Font y Toni Freixa. Los 124,6 millones exigidos no pueden ser cubiertos individuamente a través del patrimonio de los candidatos y por tanto se impone la tramitación de un aval de una entidad financiera que esté dispuesta a asumir el riesgo en un momento en que la deuda del Barcelona asciende a 820 millones, un 50% más que hace un año, y sobre todo porque la mitad de las obligaciones a pagar son exigibles en el corto plazo.

Los distintos miembros de la junta de Laporta que participaron en las elecciones cubren entre todos poco más de 50 millones entre todos –algunos avalan por otros— y por tanto se impone reunir 70 millones más, una cantidad que exige complejas negociaciones y equilibrios de poder que de alguna manera provocaron la retirada de Giró, que desde entonces ha apostado por el silencio. No hay más alternativa que el avalador o los avaladores entren en la directiva con condiciones o, por el contrario, recurrir a empresarios ajenos o a un fondo de inversión externo y extranjero, en cuyo caso se podía denunciar incluso “fraude electoral”, en palabras de exdirectivos del Barcelona.

El pasado sábado, antes de la salida el exdirector de la Fundació la Caixa, el Sabadell y JB Capital ya habían acordado una estructura de avales que estaba aprobada y lista para firmar. Todo se truncó con la salida de Giró. La solución ha sido negociar con Audax y tratar de ampliar la junta con Romeu, puesto que Elías no tiene la antigüedad suficiente como socio para poder ser miembro del consejo del Barça. Aunque no se conocen las contraprestaciones, la política económica del club puede cambiar con respecto a la declaración de intenciones expuesta en la campaña por Giró — partidario de la emisión de bonos— y Laporta. La sensación de improvisación, en cualquier caso, se mezcla con el bochorno institucional después de que fracasara el intento de consensuar una candidatura única para reflotar al Barcelona.

Las previsiones son alarmantes porque si el pasado ejercicio se cerró con unas pérdidas de 97 millones, se estima que las del actual pueden llegar hasta los 250 millones, cantidades que ya tuvieron su importancia para que algunos precandidatos acabaran desistiendo de presentarse a los comicios, como fue el caso de los empresarios Jordi Roche y Juan Rosell. El riesgo de ejecución de los avales es muy superior al de ejercicios anteriores. Por ejemplo, como cuando Laporta fue presidente de 2003 hasta 2010 el aval ascendía a 25,6 millones. En el Barcelona, a diferencia del Madrid, solo tiene que presentar el aval el ganador de las elecciones y no todos los candidatos.

La junta debe contar con un mínimo de 14 directivos y un máximo de 21. Ya son conocidos los nombres de Elena Fort, Rafael Yuste, Josep Cubells, Alfonso Castro e Josep-Ignasi Macià –vinculados a su anterior mandato— así como los de Xavier Puig, Antonio Escudero, Aureli Mas, Josep Maria Albert, Juli Guiu, Jordi Llauradó, Xavier Barbany y Miquel Camps. A Laporta le queda por tanto margen para incorporar a nuevos miembros para la junta dispuestos a avalar, opción que puede provocar tensiones internas por el control, o negociar con un fondo de inversión extranjero que como contrapartida pueda exigir comisiones del orden del 5 al 7%, anuales, cifra difícil de asumir por el consejo del Barcelona.

El control de la caja puede alterar también el plan de fichajes previstos por Laporta, que aspira a contratar a Haaland y no descarta pujar por Alaba, al tiempo que intentará retener a Messi. Asesorado por el economista Xavier Sala i Martín, el futuro presidente ya ha ideado incluso un organigrama que incluye como figuras a Ferran Reverter, exconsejero delegado de MediaMarkt y Mateu Alemany, director de fútbol. El secretario técnico sería Jordi Cruyff. Antes, en cualquier caso, necesita cerrar el aval y solo tiene de plazo hasta hoy, 10 días después de la elección del 7-M.

Los estatutos prevén que en caso contrario se nombrará una nueva gestora como la que hoy preside Carles Tusquets. La situación, por tanto, es muy delicada mientras el Banco de Sabadell no emita el aval previsto y sea validado por LaLiga. La fórmula final elegida sería que los avaladores fueran unos 14 directivos, alguna empresa externa y Audax.

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