La maldición de la mujer deportista en España

Las mujeres en el deporte viven en España en la prehistoria de las relaciones laborales. Lo comprueban a diario todas las asalariadas, profesionales de una actividad que no es considerada profesional por la legislación y lo denuncian seis exjugadoras del Club de Voleibol Aguere, de La Laguna (Tenerife), el club decano de la Superliga, competición organizada por la federación española. El club sigue compitiendo en la máxima categoría.

Tatiana Bécares, Bely Nsunguimina, Diana Sánchez, Bianca Moreira, Renata Benedito y Marina Scherer han requerido el club el pago de una deuda de unos 40.000 euros en total por salarios no abonados la temporada pasada. Le han advertido de que si no lo hacen lo denunciarán en un juzgado. Ningún representante del club, último clasificado de la Superliga, ha respondido a la carta. Las jugadoras disponen desde abril pasado de un documento de reconocimiento de deuda por el que el club se comprometía a pagarles en un plazo de tres meses con el dinero de “la subvención del Gobierno de Canarias”.

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Ni la federación española de voleibol, que se declara incompetente para el caso (“no somos patronal”, dice su presidente, Agustín Martín, “no podemos intervenir en las relaciones entre clubes y jugadoras, ni castigar a los que incumplan sus compromisos”), ni el Consejo Superior de Deportes (CSD), que alega similares argumentos, ni el Gobierno Canario, ni Iberdrola, que patrocina las principales ligas femeninas abonando a Teledeporte los costes de la retransmisión de las competiciones, han intervenido para obligar al club. A todos ellos les pedirán las jugadoras que asuman sus responsabilidades.

“Como la Ley del Deporte de 1990 no considera que el deporte femenino pueda ser profesional, el conjunto de deportistas femeninas en España no tiene amparo legal. Viven en una situación de profesionalismo falso. Su única salida es pleitear y denunciar”, explica María José López González, la abogada de las jugadoras, que comenzó a trabajar en defensa de la mujer cuando vio que cuando se intervino judicialmente al Rayo Vallecano solo dispusieron dinero para pagar las deudas de los jugadores y no reconocían a las jugadoras del equipo.

“La verdadera discriminación es esta, no la falta de visibilidad, que también se da, ni la tremenda disparidad salarial, que también se produce, ni la ausencia de la mujer de los órganos directivos, que también se da. Una deportista que viva de practicar su deporte no tiene, por ejemplo, derecho a la baja maternal, un derecho del que sí que gozarían sus parejas masculinas si también fueran deportistas. Si deciden tener un hijo pierden el trabajo”.

Algunas jugadoras denunciantes son brasileñas que llegan a España para jugar al voleibol por salarios de carácter mileurista basados en contratos de trabajo temporal por obra. “Finalización de los trabajos de jugar los partidos de voleibol en la campaña de Liga Voleibol 2016/2017”, se lee en el apartado de los objetivos de los contratos cuya duración se fija desde el 12/9/2016 hasta el 30/4/2017, fecha prevista para el final de la Liga. “El reconocimiento de deuda estaba ligado a firmar un nuevo contrato para el año siguiente”, dice López González, abogada que lleva años combatiendo por los derechos de las mujeres y que acaba de publicar un libro, Mujer, discriminación y deporte, en el que expone sus experiencias demoledoras y sus reflexiones y los testimonios de algunas de las grandes deportistas españolas, como Mireia Belmonte, Marina Ferragut o Elisa Aguilar. “Las jugadoras brasileñas lo firmaron, pero no se han podido incorporar a la Liga porque el club no les envía los billetes de avión. Y tampoco pueden jugar en otros equipos porque el club tiene sus licencias. Es un sistema de esclavitud porque les impiden ejercer su derecho laboral”.

El presidente del voleibol reconoce el problema y cuenta que como no son profesionales, algunas jugadoras extranjeras de otros clubes residen en España con visado de turista, lo que les impide reclamar si su club no les paga, pues en realidad están en situación irregular. “Esto no es la primera vez que nos ocurre”, dice Agustín Martín. “Estoy deseando que nos dejen intervenir. La Administración debería hacer algo para que las deportistas, aunque no sean profesionales, puedan disponer de un estatuto propio que les garantice unos derechos que ya tienen los hombres”.

Si las jugadoras fueran jugadores y formaran parte de una liga profesional, dispondrían de sindicato, de convenio colectivo, de patronal enfrente con la que negociar y de mecanismos legales para cobrar. Las ligas masculinas de fútbol, baloncesto y balonmano, por ejemplo, disponen de mecanismos para forzar a los clubes a pagar sus deudas, como el descenso por impagos, y de mecanismos de control y negociación, como comisiones mixtas.