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Las elecciones de los imputados

Villar acumula otra denuncia por mal uso dinero público. Su rival en la Federación, Jorge Pérez, también es investigado por el caso Recre

Ángel María Villar.
Ángel María Villar. EFE

El mismo día que el Consejo Superior de Deportes (CSD) pudo aprobar por fin un reglamento electoral propuesto por la Federación Española de Fútbol (FEF), Ángel María Villar y Jorge Pérez, dos de los tres candidatos a la presidencia federativa, tuvieron noticias de su implicación en procesos judicializados. Las elecciones serán a finales de abril o principios de mayo, pero no hay certeza de que ambos puedan llegar a presentarse ante las acciones judiciales emprendidas contra ellos.

La denuncia contra Villar y la Federación por el mal uso del dinero público en el caso Haití ha sido admitida por un juez de Majadahonda. Los 229.000 euros procedentes de las arcas del Estado que le fueron concedidos a la FEF para la creación de unas escuelas de fútbol para niños forman parte de la subvención de 1,2 millones, que Villar devolvió recientemente al CSD por no haber podido justificar debidamente su empleo. Por este caso, Villar se enfrenta a los posibles delitos de malversación de fondos públicos, administración desleal y prevaricación,

La declaración de Villar el pasado 23 enero en los juzgados de Majadahonda por los presuntos tratos de favor al Recreativo y al Marino han tenido una derivada buscada por el presidente del fútbol español. El juez Gregorio María Callejo ha incluido en el procedimiento como imputados (investigados) a Jorge Pérez y a Marcelino Maté, presidente de la Comisión de Segunda B y de la territorial de Castilla y León. Jorge Pérez tenía que declarar el martes por la mañana como testigo, pero al llegar a los juzgados se encontró con la notificación de que pasaba a ser investigado, al igual que Maté. Ambos tendrán que declarar en su nueva condición el próximo 15 de febrero en un proceso en el que también ha entrado a formar parte la Fiscalía Anticorrupción.

En su declaración ante el juez, Villar aseguró que los préstamos al Recreativo así como no pedirle al club onubense los avales necesarios para competir fueron acciones legales y que, de no serlo, la responsabilidad recaía en Marcelino Maté, uno de sus hombres de confianza, y en Pérez, que era el encargado de autorizar o suspender la inscripción de las licencias de jugadores y entrenadores de los clubes. Pérez siempre ha sostenido que solo concedía las autorizaciones o la prohibición de otorgar las licencias de inscripción de jugadores o entrenadores cuando la asesoría jurídica de la Federación le daba el visto bueno.

Sin los préstamos concedidos por la Federación, uno de ellos para pagar al exentrenador del Recreativo José Luis Oltra, el club decano del fútbol español no hubiera podido competir en Segunda División B en las temporadas 14-15 y 15-16. El pago a Oltra se hizo a través del Comité Nacional de Entrenadores y con ello se eludió el embargo que la Agencia Tributaria había ordenado sobre el Recreativo. Fuentes federativas aseguraron en su día a este periódico que Villar y su vicepresidente económico Juan Padrón dieron la orden de ayudar al club decano del fútbol español.

 

Renovación del TAD

Padrón también está imputado en la causa, aunque no se presentó a declarar el pasado 23 de enero y no dio argumentos de peso para ello. Ya tenía pensado no ir a declarar en un asunto en el que también está implicado por el caso Marino de Tenerife, club de la ciudad de nacimiento de Padrón y que también habría contado con la ayuda de la Federación para saldar una deuda que le permitió competir en la temporada 2012-13 en Segunda B.

El CSD también informó que tres miembros del Tribunal Administrativo del Deporte han sido renovados y que fueron elegidos por sorteo. Eloisa Carbonell fue uno de los miembros del TAD que decidió votar a favor de no expedientar ni abrir una investigación a Villar por los casos Recreativo y Marino, algo que la justicia sí ha hecho. Tomás Fernández Cueto, según desveló EL PAÍS, trabajaba en el despacho con el que colaboraba uno de los abogados contratados por Villar, por lo que tuvo que abstenerse en la votación. El tercer miembro saliente del TAD es Fernando Corral partidario de expedientar a Villar.

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