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CSD

Los expedientes de Cardenal a las ‘federaciones cortijo’

Durante su mandato, el exsecretario de Estado para el Deporte abrió informes sancionadores a una docena de dirigentes por mala administración

Miguel Cardenal, junto al expresidente de la FEB, José Luis Sáez, en el CSD en 2015.
Miguel Cardenal, junto al expresidente de la FEB, José Luis Sáez, en el CSD en 2015. EFE

La Federación Española de Fútbol debe justificar aún ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) el destino de unos ocho millones de euros de dinero público: cuatro millones proceden del 1% que perciben de la quiniela y otros cuatro fueron concedidos para diferentes proyectos que no se han realizado.

El organismo presidido por Ángel María Villar es uno de los ejemplos más utilizados para hablar de la cultura federativa española de derroche y mala administración con indicios a veces de delito, pero no es el único. Al modelo se le conoce como federaciones cortijo, porque en ellas el presidente actúa como si estuviera en su casa sin dar explicaciones a nadie y han sido uno de los objetivos de Miguel Cardenal, el presidente del CSD entre 2012 y 2016 que anunció el martes que no seguiría en el cargo. 

Junto a la de fútbol, el CSD ha intervenido en 11 federaciones más, incoando expedientes sancionadores administrativos o enviándolos a juzgados de lo penal. Por orden alfabético:

Baloncesto

El Juzgado número 36 de Madrid ha abierto diligencias contra José Luis Sáez, expresidente de la federación de baloncesto, y contra otro directivo por presunta malversación y administración desleal. A Sáez se le acusa de usar en provecho propio y el de su familia, y a través de cuatro tarjetas de crédito, de fondos federativos sin control.

Bolos

El fiscal presentó una denuncia en el Juzgado número 11 de Madrid contra el expresidente de la federación de bolos, José Luis Boto, acusado de querer justificar en 2009 una subvención del CSD de 150.000 euros con una factura falsa.

Boxeo

Hace un par de meses, Andrés Martín Gaitán, presidente de la federación de boxeo, solicitó al CSD permiso para solicitar un préstamo bancario de 200.000 euros. Cardenal le respondió que cómo se atrevía teniendo en cuenta que la federación estaba en quiebra y que no había sido capaz de reducir deuda y recordándole que solo en viajes de la directiva, principalmente suyos, la federación se había gastado en dos años 148.000 euros, cuando tenía presupuestados 66.000. La carta podría ser el preámbulo a una apertura de expediente por mal control de gasto y mala gestión.

Caza

Andrés Gutiérrez Lara, presidente de la federación de caza, fue inhabilitado un año a comienzos de 2015 por “desobediencia grave” tras negarse a convocar las elecciones en 2012.

Fútbol

Un juzgado de Majadahonda abrió un procedimiento abreviado contra el presidente Villar, que, según el CSD, ha retrasado sin justificación el proceso electoral de la federación de fútbol. Villar se enfrenta, además, a una querella de Miguel Ángel Galán por prevaricación, malversación de fondos públicos, administración desleal y corrupción deportiva por alteración de la competición, en relación a los conocidos como casos Recreativo y Marino.

Kickboxing

El expresidente de la federación de kickboxing, Pedro Horcajo, tiene abiertas diligencias previas en dos juzgados de Alcorcón (Madrid). En uno se le investiga por supuesta administración desleal y apropiación indebida por uso de fondos federativos para viajes presuntamente personales; en el otro, acusado de apropiación indebida de bienes de la federación española, como un móvil y una furgoneta, y por transferencias de la española a la madrileña, federación que actualmente preside.

Pentatlón Moderno

La junta directiva de la federación de pentatlón moderno ha exigido a su presidente dimisionario Alejandro Soler Cabot responsabilidades por un gasto no justificado de unos 100.000 euros. Soler-Cabot admite haber gastado 60.000 y ha prometido devolverlo. El CSD estudia abrirle expediente por presunto uso indebido de fondos federativos. El 78,4% de los ingresos de su federación provienen de subvenciones públicas.

Rugby

El juzgado número 3 de Madrid ha admitido una querella penal de la federación de rugby contra su expresidente Javier González Cancho, quien dimitió en 2014 cuando la deuda acumulada de su administración superaba el millón de euros. La inspección del CSD detectó gestión incorrecta y falta de control del gasto.

Taekwondo

Un federativo denunció a la fiscalía anticorrupción la gestión de Jesús Castellanos Pueblas, presidente de la federación de taekwondo desde 2005 y a quien en junio pasado detuvo la policía en Alicante por presuntos delitos de blanqueo, malversación, apropiación indebida y administración desleal. El informe de anticorrupción detalla su proceder en diferentes epígrafes: sueldos encubiertos a directivos, alteración sistemática de las cuentas anuales, uso de facturas y justificantes de viajes falsos, dietas fraudulentas…

Tenis

El verano de 2015, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAD) inhabilitó por dos años y ocho meses al entonces presidente de la Federación Española de Tenis, José Luis Escañuela. Dos años fueron por negarse a colaborar en la auditoría; siete meses por no dar las actas de la junta federativa que designó a Gala León capitana de la Copa Davis y un mes por el desvío sospechoso de 600.000 euros.

Tiro con arco

Tras 14 años en el puesto, Lorenzo Miret dejó en 2014 de ser presidente de la federación de tiro con arco después de que el TAD lo inhabilitara seis meses por irregularidades en su gestión e incorrecta utilización de subvenciones y fon dos privados: vínculos familiares directos como la contratación de todos los viajes a la agencia de una de sus primas, la adquisición de un vehículo de alta gama en el concesionario de otra de ellas, así como la asignación de un teléfono para el control de la página web a otro de sus hijos, dietas y gastos presentados en supuestas reuniones internacionales, que no se corresponden con su agenda y cargo a la federación del piso en el que vivía con su hija.

Vela

La presidenta de la federación de vela, Julia Casanueva, estudia presentar, a instancias del CSD, una denuncia en los juzgados penales contra el anterior presidente, José Ángel Rodríguez. A este, obligado a dimitir en junio pasado tras una moción de censura, se le imputa, entre otras irregularidades, una mala gestión, así como su elevado sueldo, unos 113.000, dentro de los que unos 50.000 son en concepto de gastos de representación.