La difícil defensa de Villar

En su intento por eludir la inhabilitación por las acusaciones de malversación de fondos y administración desleal derivados de los supuestos tratos de favor al Recreativo de Huelva y al Marino de Tenerife, para que estos clubes pudieran competir pese a sus deudas, Ángel María Villar explora la vía Escañuela (en referencia al presidente de la Federación Española de Tenis) recientemente inhabilitado. Tomás González Cueto, instructor del Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAD) recomendó la semana pasada el archivo del expediente abierto a Escañuela por la denuncia interpuesta por el Consejo Superior de Deportes (CSD), que le acusa de uso indebido de fondos de la Federación.

En su argumentación, González Cueto apela a la incertidumbre sobre si el dinero supuestamente malversado por Escañuela era de carácter público, correspondiente a subvenciones gubernamentales, o procedía de los recursos propios de la Federación de Tenis (RFET). “Se desconoce si los fondos presuntamente entregados por la RFET procedían de subvenciones públicas o eran ingresos privados de la propia Federación de Tenis”, sostiene el informe de Cueto.

Infracción muy grave

Esa defensa que urde Villar es complicada. Fuentes de la Federación Española de Fútbol (FEF), que él preside, señalan que este puede intentar agarrarse a esa vía, aunque la Ley del Deporte es clara al respecto. En su artículo 76.2 D no diferencia entre dinero público o privado en el caso de uso indebido de fondos: “Se considerarán específicamente infracciones muy graves de los presidentes y demás miembros directivos de los órganos de las Federaciones deportivas españolas y Ligas Profesionales: la incorrecta utilización de los fondos privados o de las subvenciones, créditos, avales, y demás ayudas del Estado, de sus organismos autónomos o de otro modo concedidos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado”.

Empleados federativos no descartan que Villar se niegue nuevamente a entregar la documentación al CSD

Empleados federativos no descartan que Villar se niegue hoy a entregarle la documentación que le exige el Consejo Superior de Deportes alegando que el préstamo de 200.000 euros concedido al Recreativo en julio de 2015, para que el club saldara la deuda con su por entonces entrenador José Luis Oltra y poder tramitar las licencias de sus jugadores y competir, procede de los ingresos propios de la FEF. Lo mismo argumentaría en el caso del Marino por un pago irregular, a través de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), a una parte de los jugadores que conformaban el plantel del club canario en la temporada 1992-93. Sin este abono, el Marino no hubiera podido iniciar la competición en Segunda B en la temporada 2012-13.

El defensor en el TAD de esa vía Escañuela, Tomás González Cueto, fue el presidente de la Junta de Garantías Electorales en las últimas elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol en 2012. Estos comicios, anunciados el 2 de enero del citado año, fueron calificados por la oposición a Villar como clandestinos al no registrarse debidamente la petición de adelanto de elecciones en el CSD. No tenía los sellos ni de entrada ni de salida.

Con el socialista Albert Soler, anterior secretario de Estado para el Deporte de salida por el cambio de Gobierno, fue la por entonces directora general de Deportes, Matilde García Duarte, la que hizo los trámites. El sorpresivo adelanto electoral fue denunciado por Manos Limpias y por Ignacio del Río, que pretendía enfrentarse a Villar en las elecciones. García Duarte, que entró en la junta directiva de la Federación dos años más tarde aunque no cobra sueldo alguno por ello, firmó y presentó el escrito con una explicación y una justificación un tanto vagas para lo que suele ser habitual.

La solicitud fue dada por buena por la Junta de Garantías Electorales presidida por González Cueto, que fue más severo y denegó los adelantos electorales propuestos por otras federaciones: “La Real Federación Española de Fútbol alega razones competitivas, logísticas, de naturaleza deportiva y organizativa tanto a nivel nacional como internacional, de cuya concurrencia no tenemos por qué dudar. Las peculiaridades competitivas del fútbol y los éxitos deportivos de la Federación son suficientemente bien conocidas por todos".

En el pleito contencioso administrativo abierto por ese adelanto electoral, a Matilde García Duarte, que terminó ganándolo en la Audiencia Nacional, la defendió, según fuentes cercanas al caso, el bufete de abogados Jiménez de Parga, para el que trabaja Tomás González Cueto.