El juez del caso Osasuna rechaza imputar al club por los amaños

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona, Fermín Otamendi, se acerca al final de la investigación sobre la gestión de Osasuna durante el mandato de Miguel Archanco y los posibles amaños de partidos en el final de la temporada 2013-2014, en la que el club descendió a Segunda. Otamendi comunicó ayer su rechazo a que el Club Atlético Osasuna pase de acusación particular a imputado en el caso de los amaños, frente al criterio del fiscal y la Liga de Fútbol Profesional, que habían solicitado ese cambio de posición procesal por ver indicios de responsabilidad penal en la entidad, por un presunto delito de corrupción deportiva.

Para el juez, Osasuna “no puede ser considerado autor de ningún delito de corrupción deportiva sino víctima de los ilícitos comportamientos que, indiciariamente, han protagonizado algunos de sus directivos y empleados”.

El magistrado explica en un auto que no existe jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad penal de personas jurídicas, tras la reforma de 2010 del Código Penal. Existe una nueva reforma en 2015 que clarifica estos aspectos, pero no es aplicable a los hechos investigados, que llegan hasta 2014.

Según el instructor, la entidad deportiva tenía mecanismos estatutarios suficientes para vigilar los posibles delitos, pero estos “no funcionaron”. Cita Otamendi a la Comisión Económica, inoperante por la falta de colaboración de la directiva, y es especialmente duro con el entonces gerente, Ángel Vizcay, que “no es que no cumpliera con sus obligaciones de advertir de la ilegalidad de comprar partidos, sino que colaboró activamente en la comisión de delitos de corrupción deportiva”. El juez añade como otra de las causas para rechazar la imputación su percepción de que el club no haya obtenido un provecho “objetiva e hipotéticamente razonable”, con los supuestos amaños. Considera que en situación deportiva del club al final de la temporada 2013-14 hacía que “la posibilidad de que Osasuna mantuviera la categoría era tan remota” que hace descartar que los directivos actuaran en provecho del club. “No parece una actuación objetivamente provechosa para un club arruinado el dedicar 900.000 euros a pactar fraudulentamente unos resultados que no garantizaban de ninguna manera el objetivo presuntamente perseguido; la permanencia en Primera División”, concluye el instructor.

Las partes pueden recurrir esta decisión ante la Audiencia Provincial. Por su parte, el actual presidente de Osasuna, Luis Sabalza, mostraba su satisfacción por una decisión “favorable para la tranquilidad y el futuro” ya que si el club no es imputado “no habrá sanción por cuestiones administrativas”. En el sumario continúan siendo investigados directivos, empleados y jugadores del club navarro, así como futbolistas de la plantilla del Betis y el Espanyol en la temporada 2013-14.