El CSD advierte al Betis por incumplir la Ley del Deporte

El club sevillano lleva cinco años sin informar a la Administración del cambio de titularidad accionarial de 2010. La junta que se celebra hoy puede no ser legítima

Juan Carlos Ollero, presidente del Betis, encabeza la última junta de accionistas.
Juan Carlos Ollero, presidente del Betis, encabeza la última junta de accionistas. TONI RODRIGUEZ (DIARIO AS)

El Real Betis Balompié, objeto del mayor embrollo judicial en la historia del fútbol español, celebra hoy otra junta de accionistas sin que ni el club ni el Consejo Superior de Deportes (CSD) consigan ponerse de acuerdo sobre algo tan esencial como la identidad del accionista mayoritario. El conflicto ha llevado al club sevillano, el quinto de la Liga por número de socios, al borde de un expediente sancionador por vulnerar la Ley del Deporte.

El consejo de administración del Betis es heredero de la intervención judicial más larga que se registra en España. Los miembros de la cúpula bética señalan desde hace meses que tienen en su poder el libro de accionistas original. Según estos dirigentes, en el libro aparece Farusa, la empresa de Manuel Ruiz de Lopera, expresidente del club, como propietaria del 51% de las acciones. Algo que no concuerda con la postura del empresario Luis Oliver, que esgrime documentos que, según asegura, prueban que no solo adquirió las acciones de Lopera en 2010 sino que los administradores judiciales han cometido un delito ocultándolo.

Oliver, cuyas acciones fueron suspendidas hasta este verano por una cautelar de la juez Mercedes Alaya, asegura haber desenterrado del archivo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla el libro original con la relación nominal de accionistas del Betis en el que su empresa, Bitton Sport SL, figura como propietaria del 51%. Avisado la semana pasada de la existencia de este documento, el CSD pidió al Betis que informe sobre la situación y proceda, en su caso, a inscribir a Oliver bajo pena de incumplir el artículo 23.6 de la Ley del Deporte. Este precepto señala que “las sociedades anónimas deportivas deberán permitir el examen del libro de registro de acciones nominativas al CSD a requerimiento de este y estarán obligadas a actualizarlo inmediatamente después de que tengan conocimiento de la sucesión de la titularidad de sus acciones”. Fuentes del CSD aseguran que hasta ayer los responsables del Betis seguían sin responder sobre unas acciones transmitidas hace cinco años.

Oliver dice que su abogado descubrió el libro original después de varios días de revolver el archivo en el que lo depositó Alaya cuando intervino el club en el verano de 2010. La copia que exhibe Oliver porta el sello del secretario de la Audiencia Provincial de Sevilla y la firma que acredita que “concuerda con los originales”. Oliver ha remitido estos papeles al CSD junto con una declaración grabada de Francisco Estepa Domínguez. Estepa, el administrador judicial asignado al Betis hasta 2015, dijo ante la Audiencia Provincial de Sevilla, el 21 de octubre pasado, que “el libro de registro original está en las actuaciones” y que “en el club hay una copia”.

“Que vaya al juzgado”

 Estas pruebas contrastan con la versión oficial del Betis. Según asegura a este periódico un alto cargo del club que prefiere el anonimato, el libro de accionistas que consta en las oficinas “es el original”, y, puesto que Bitton no está inscrito, no pueden acreditar a Oliver para la junta de accionistas. Este responsable de la gestión del club añade que “si esto le parece un atropello, que Luis Oliver lo denuncie en un juzgado”.

Los actuales dirigentes del Betis llevan meses destacando la irrelevancia de que el paquete de acciones esté o no a nombre de Bitton, ya que el contrato de compraventa por el cual las adquirió de Lopera es objeto de uno de los numerosos procesos judiciales que enredan al club. La versión que ha trasladado a este diario la directiva bética apunta que el CSD comunicó al Betis que la venta era inválida. Para demostrarlo, presenta un escrito del CSD con fecha del 22 de septiembre que en ningún caso invalida la compraventa. “El CSD nunca puede declarar la invalidez de un contrato privado”, explica un portavoz del organismo, “porque no tiene competencias para ello”.

El Betis ha permanecido impermeable a las advertencias. No solo de Oliver, que envió una comunicación el día 30 de octubre. El subdirector general de Régimen Jurídico del Deporte remitió un escrito al club el 16 de noviembre solicitando la presentación del libro de acciones. Además, pidió al Betis que “informe sobre las causas que, en función de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, le impiden inscribir las acciones de las que aparentemente es titular Bitton SL”.

Provisto de la evidencia de la copia del original, conocida la semana pasada, el CSD ha vuelto a requerir al Betis. Sin efecto, según un funcionario: “Si siguen sin responder, el CSD tiene cauces legales para tramitar la sanción correspondiente”.

El consejo de administración más vinculado a la judicatura que existe en el fútbol español inspira dudas sobre la legalidad de su proceder. Tantas que el CSD le ha dado un ultimátum.

Luis Oliver: “¡Me han borrado dándole a la tecla!”

“¡Me han borrado!”, exclamaba Luis Oliver la semana pasada, “¡me han borrado dándole a la tecla con el Excel!”.

El empresario navarro denuncia que los administradores del Betis le privaron de sus derechos políticos al impedirle entrar en la asamblea de accionistas que se celebra hoy mediante una falsificación, quitando el nombre de su empresa, Bitton Sport SL, de la copia del libro de accionistas original. "Si han borrado al accionista mayoritario a golpe de click, ¿qué no harán con ese 15-20% de accionistas muertos o desaparecidos?".

Farusa, la empresa de Manuel Ruiz de Lopera, fue la titular del 51% de las acciones del Betis hasta julio de 2010, cuando consta en escritura pública que las vendió a Bitton por 16 millones de euros. La juez Mercedes Alaya, que administró el club hasta este año, investigó la compraventa apuntando que Oliver podía ser testaferro de Ruiz de Lopera. El verano pasado debió levantar las medidas cautelares ante la falta de pruebas.

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