Tres ultras a prisión por homicidio

Una nueva oleada de detenciones despertó este jueves a la ciudad de A Coruña. Un total de 18 arrestos. Todos ultras de Riazor Blues, la facción radical del Deportivo. Era la segunda fase de la llamada Operación Neptuno, que el pasado martes condujo hasta los calabozos de la comisaría de Moratalaz a 41 hinchas del Frente Atlético. Son ya 59 los arrestados de ambos bandos implicados en la tumultuosa y brutal reyerta del Manzanares el pasado día 30 de noviembre, en la que murió apaleado el ultra deportivista Francisco Javier Romero Taboada, de 43 años. Por la tarde de este jueves el juez dejaba en libertad con cargos y medidas cautelares “por participación en riña tumultuaria y desórdenes públicos” a todos —el militar detenido quedó en libertad sin cargos— menos a tres, a los que mandaba a prisión acusados de homicidio.

Se trata de tres viejos amigos que trabaron sus lazos compartiendo la grada del Fondo Sur del Vicente Calderón. Se negaron a declarar este jueves. Presuntamente, su grado de implicación en la muerte de Jimmy, como se conocía popularmente al hincha gallego asesinado, sería distinto. Dos de ellos, un taxista de Parla llamado Ismael y padre de dos hijos, y un joven de Alcobendas de 21 años llamado Sergio que trabaja en una compañía de seguros, supuestamente tiraron al río a Romero Taboada, después de que fuese bestialmente apaleado. El tercero en discordia es un estudiante de 27 años llamado Francisco Javier. También vive en Parla y, presuntamente, según fuentes cercanas a la investigación, sería uno de los que apalearon al fallecido. Según reveló la autopsia, el hincha deportivista no murió ahogado, sino por un traumatismo craneoencefálico y el estallido del bazo.

En la investigación, iniciada el mismo domingo de autos por la Brigada de Información de Madrid, han sido clave las grabaciones de las cámaras de la zona aledaña al estadio rojiblanco y las de los viandantes y vecinos que fueron testigos de la multitudinaria pelea —protagonizada por más de 200 personas—, en la que ambos bandos utilizaron palos, armas blancas y puños americanos. Los móviles de los presuntos implicados también han servido para seguirles la pista. La Operación Neptuno sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

Desde la descomunal refriega, que ha dejado ver cómo los grupos de ultras viven —o vivían— al amparo de los clubes a cambio de ambientar los estadios con sus cánticos y consignas, se han sucedido las comparecencias de responsables de seguridad y deportivos, tratando de justificar la imprevisión del multitudinario enfrentamiento entre radicales de dos hinchadas enemistadas históricamente por ser de ideologías opuestas, de extrema derecha los atléticos y de extrema izquierda los deportivistas. El partido, que se jugó ese día a las 12 de la mañana, no fue calificado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia del Consejo Superior de Deportes, pese a que hubo algún informe “poco consistente” —en palabras de los máximos responsables de Seguridad— que anunciaba la posible llegada de 50 miembros de Riazor Blues. El caso se llevó por delante a los coordinadores de seguridad de ambos equipos, que fueron destituidos.

A la espera de que el lunes próximo se apruebe una batería de medidas antiviolencia para el fútbol, la citada Comisión anunció hoy que había recibido la información completa en relación con la investigación de la trazabilidad de las entradas del partido Atlético-Deportivo de ese 30 de noviembre, para su estudio y, en su caso, realizar las propuestas de sanción que correspondan. Se trata de una de las claves de la falta de previsión de los hechos acontecidos, ya que los ocupantes de los dos autobuses de ultras de Riazor Blues que llegaron a Madrid aquella mañana de domingo burlaron los controles habituales adquiriendo las entradas a través de las peñas. La Comisión advertía este jueves de que “se aportan datos relevantes sobre la venta y envío de las mismas”.

La Liga de Fútbol Profesional (LFP), por su parte, entregó la información para acreditar las denuncias por los cánticos ofensivos e insultantes escuchados en cinco encuentros de la 14ª jornada de Primera División. La Comisión anunció también que va a solicitar a todos los clubes de Primera y Segunda División que, en el plazo máximo diez días, remitan sus respectivos libros de registro de aficionados. Además, declaró de “alto riesgo” los partidos Rayo Vallecano-Espanyol y Mirandés-Zaragoza (de Segunda) de la próxima jornada y se reservó la calificación sobre otros “hasta recibir información adicional de movimiento de aficiones”.