El Barça pide a Ruz confidencialidad sobre el contrato de Neymar

El Fútbol Club Barcelona no quiere que la investigación de la Audiencia Nacional sobre el contrato de Neymar derive en una apertura en canal de sus cuentas. El club envió al juez Pablo Ruz un escrito en el que sostenía que el fichaje del jugador no revestía delito de apropiación indebida, como denunciaba el socio Jordi Cases en su querella contra el presidente blaugrana, Sandro Rosell. Además, el club pedía personarse en la causa que está pendiente de abrirse en el Juzgado Central de Instrucción número 5 y solicita al magistrado que conserve la confidencialidad de la documentación aportada hasta ahora a la investigación, entre otra los contratos del delantero y las memorias económicas del club. El Barça ha solicitado al magistrado que aparte del futuro sumario –y por lo tanto no deje en manos de las acusaciones- todos aquellos datos que no sean necesarios para la investigación.

El magistrado ha contestado esta misma mañana en una providencia y ha pedido al club que aclare “en el plazo de una audiencia” –fórmula jurídica que significa 24 horas- en calidad de qué pretende personarse. Respecto a la confidencialidad de la documentación solicitada por los representantes del club, el magistrado recuerda que la ley obliga a dar traslado a las partes de todo lo que se incorpore al sumario. No obstante, el secretario del juzgado que preside Ruz ya amonestó a la parte querellante sobre el deber de dar un uso correcto de la documentación.

El pasado viernes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió al juez Ruz que admita a trámite la querella interpuesta contra el presidente del Barça, Sandro Rosell, por el fichaje del delantero brasileño en el verano pasado. El ministerio público considera que existen indicios de que los contratos firmados entre el club y el astro brasileño “no responden a lo indicado en los mismos”, tratándose en algún caso de “contratos simulados o alterando la finalidad del concepto”.

El ministerio público, una vez examinada la querella y los contratos que le remitió el Barcelona, considera que existe “verosimilitud en los hechos relatados”, que podrían ser constitutivos de un delito de apropiación indebida. Entre los hechos que señala la fiscalía está que los 40 millones de euros abonados por la adquisición de los derechos económicos y federativos del jugador se hicieron constar en el documento como una cláusula de penalización. La fiscalía pide a Ruz que reclame a la FIFA la documentación relativa al fichaje del jugador, incluyendo las transferencias económicas que consten en los archivos de la Federación Internacional.