La IAAF llevará a Marta ante el TAS
España no se decide a sancionar a la senadora por el pasaporte biológico
Seis meses después de haber enviado el expediente de Marta Domínguez a la Federación Española de Atletismo, y colmada su paciencia al parecer por la falta de resolución española, los servicios jurídicos de la federación internacional de atletismo (IAAF) tienen preparado el caso para enviárselo directamente al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), en una decisión sin apenas precedentes, según fuentes cercanas al máximo organismo mundial de atletismo.
Según los reglamentos de la IAAF, las federaciones nacionales disponen de un plazo de tres meses para resolver los expedientes de dopaje que tienen asignados. A España le duplicaron el plazo, quizás, entre otras cosas, por las idas y venidas entre las diferentes administraciones deportivas de los documentos que recogen las anomalías en el pasaporte biológico de la campeona mundial de 3.000 metros obstáculos en 2009 y por los que la IAAF solicita una sanción de cuatro años.
Similar al caso de Marta Domínguez, otro caso ha causado consternación también en los servicios jurídicos de la IAAF, el de la campeona olímpica de 1.500 metros en Londres, la turca Asli Çakir Alptekin, a quien su federación ha declarado inocente también en un caso de pasaporte biológico. Tanto la ciudad turca de Estambul como Madrid fueron candidatas derrotadas para organizar los Juegos Olímpicos de 2020. Durante la campaña electoral, ambos países dejaron en suspenso las decisiones antidopaje que afectaban a sus principales figuras. El caso de Alptekin también acabará en el TAS.
Turquía también acaba de ‘absolver’ a su campeona olímpica de 1.500
Pocos meses después de recibir a finales de junio pasado el expediente (largamente esperado: la propia IAAF lo tenía preparado desde marzo al menos) con el pasaporte biológico de la actual senadora del Partido Popular, la federación española se declaró incapaz para resolverlo en uno u otro sentido y se lo remitió a la Comisión Nacional Antidopaje del Consejo Superior de Deportes (CSD), un organismo que claramente carecía de potestad para hincarle el diente. A pesar de ello, y a pesar de encargar inmediatamente un informe a la abogacía del Estado para sustentar lo obvio, la respuesta del CSD (la correspondiente devolución del caso a la federación en una especie de oca en oca) se ha tomado otros tres meses. Lo que se temían desde el principio en los cuarteles generales de la IAAF en Mónaco, la falta de valor de las autoridades deportivas españolas para sancionar a su atleta más emblemática (y problemática: el nombre de Marta Domínguez, y el de su perro, Urco, salió también a la luz por sus relaciones con el médico Eufemiano Fuentes y su presunta implicación en el sistema de transfusiones de sangre de la Operación Puerto), se hizo finalmente realidad.
A lo largo de las últimas semanas, la IAAF, que ha extremado la prudencia para no dar ningún paso jurídico en falso, ha ido almacenando indicios en ese sentido. Por un lado, causaron estupor en la federación internacional las declaraciones del presidente de la española, José María Odriozola, miembro de su ejecutiva, poniendo en duda el valor científico del pasaporte biológico (un instrumento también recogido en la ley española antidopaje) para sancionar a Marta Domínguez. Por otro lado, la IAAF ha tenido conocimiento de los intentos de presión que se han intentado ejercer ante el CSD tanto desde el PP (para el partido en el Gobierno, para algunos de sus dirigentes, el caso de Marta Domínguez es un caso político, una persecución mediática a una atleta que es senadora) como desde el propio presidente del Gobierno (según algunas fuentes, Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, se interesó personalmente ante el CSD por la situación del expediente), como de la propia atleta, quien siempre que coincidía en actos políticos con dirigentes deportivos les quería hacer ver que era víctima de una persecución.
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