La Audiencia ve indicios de delito en la ampliación de capital del Valencia

La Audiencia Provincial de Valencia pide al juzgado de instrucción número 3 de la ciudad que investigue dónde fue a parar el dinero de la última ampliación del Valencia CF, de 92,4 millones, en verano de 2009. La Sala ha reabierto una causa anteriormente archivada contra cuatro imputados: dos exaltos cargos del Valencia CF, el expresidente Manuel Llorente, exdirector general Javier Gómez, y el expresidente de la Fundación del club, Társilo Piles; así como contra el expresidente de Bancaja, actualmente Bankia, José Luis Olivas, a su vez expresidente de la Generalitat. “El dinero fue a reducir deuda del Valencia”, respondió este martes Llorente a este periódico. “Rebajamos 200 millones en cuatro años”, añadió.

El club justificó aquella ampliación como la manera de evitar que la sociedad cayera en manos de Dalport, una empresa uruguaya de fondos de inversión. Los accionistas solo cubrieron unos 20 millones y el resto, un 70% de las acciones, se lo quedó la Fundación de la entidad tras solicitar un préstamo a Bancaja de 75 millones, avalado a su vez por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), cuyo expresidente, Enrique Pérez Boada, también será llamado a declarar como testigo. Ese aval fue anulado por una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Valencia en marzo pasado. Y recurrido por la entidad bancaria, que ya ha cobrado 4,8 millones de la Generalitat como intereses del préstamo.

 “Si se obtuvo un préstamo de 75 millones sin que la Fundación tenga capacidad económica para devolverlo o pagar intereses, y si además se dispuso de una parte de ese dinero para finalidades diferentes (…) es factible pensar en el perjuicio a los socios”, relata el auto de la Audiencia, que también solicita al juzgado la declaración de los cuatro imputados. “Se indica en la querella [de unos accionistas liderados por el abogado Andrés Sanchis] que [el dinero] fue destinado a elevados pagos a dirigentes de la entidad Valencia CF, que no deberían haberse satisfecho si se tiene presente el mal estado económico de dicha entidad”, añade el auto. Y tras el trascurso del plazo de tres años del plan de viabilidad “nada se consiguió”. El tribunal ordena al juez que averigüe “qué se ha hecho con esa cantidad de 75 millones sin que la Fundación tenga capacidad de devolverla”.