Ultimátum al Guadalajara

A falta de que el juzgado se pronuncie sobre la querella interpuesta por la Liga de Fútbol Profesional (LFP) contra el Guadalajara, el trabajo en los despachos continúa. El Consejo Superior de Deportes (CSD) dio ayer 72 horas al club para presentar toda la información relativa a la ampliación de capital supuestamente fraudulenta. La entidad, por medido de un comunicado, ha negado todas las acusaciones y ha anunciado que "efectuará cuantas acciones y medidas sean oportunas" para su defensa.

El Guadalajara amplió capital el verano pasado para cumplir con las obligaciones de capital que se exige a los clubes para jugar en Segunda División. Emitieron acciones por valor de casi tres millones de euros. Las dudas sobre la operación surgieron en la comisión paritaria creada por la LFP,el CSD y los clubes que revisa la información económica de los 42 equipos de Primera y Segunda. La sospecha es que esta fuera ficticia y que el dinero nunca llegara al club.

Los dirigentes del Guadalajara, con el presidente, Germán Retuerta a la cabeza aseguran que todo está en orden. “Hoy por hoy no pensamos que hayamos cometido ninguna irregularidad”, dijo Retuerta a la agencia Efe. Fuentes del club han confirmado que este lunes ya ha habido contactos con la LFP. La directiva se reunió la tarde del lunes para tratar el asunto y el martes emitió un comunicado a través de su página web en el que dice que "los supuestos delitos que se imputan en la querella son absolutamente inciertos". Además el club se queja de que se han enterado de la querella "por medios extraoficiales, desconociéndose el contenido íntegroy completo de los hechos denunciados".

El club tiene abiertos varios frentes. El primero es el judicial, con esa querella por estafa, apropiación indebida y administración desleal, presentada el pasado 8 de febrero en un juzgado de Guadalajara. El otro es el administrativo, que podría acabar con el descenso obligatorio de categoría si se confirman las sospechas. En este terreno, el club tiene que lidiar con el Consejo Superior de Deportes, que le ha reclamado los documentos que demuestren que la ampliación de capital fue real, pero también con la LFP, que le ha abierto un expediente por las supuestas irregularidades.