A seis euros el folio

Casi siete años más tarde, y subiendo, la Operación Puerto, la madre de todas las pesadillas, sigue generando sentimientos poco amables y malos recuerdos en un mundo, el del ciclismo, que no anda falto precisamente de ellos.

“Y a Crespo, mandadle adonde amargan los pepinos”. Así se expresó (en inglés) uno de los miembros del comité directivo de la AIGCP (Asociación Internacional de Equipos Ciclistas Profesionales) en un intercambio de emails en el que él y sus compañeros dirigentes debatían cómo responder a la pretensión de Juan de Dios Crespo, abogado de Valencia, de cobrarles 120.000 euros “como honorarios suplementarios” por sus trabajos en la Operación Puerto.

Esa proposición tan poco amable hacia el letrado, una de las glorias del derecho deportivo español, expresada el 8 de noviembre, resume el estado de ánimo de los socios de la AIGCP, que después de comprobar el estado de sus cuentas llegaron a la conclusión de que no había esa cantidad en la caja, ni, después de repasar su voluntad, ganas de organizar una derrama para abonarla.

“No puedo continuar si no me pagan”, reclama el abogado Juan de Dios Crespo el 7 de noviembre

Ni, incluso, después de revisar lo ofrecido desde el despacho valenciano —“no hemos tenido noticias de sus trabajos desde 2009”, dice en el intercambio otro de los miembros— ven razones ni trabajos que justifiquen esa factura.

“Y no veo de qué nos vale ser acusación particular en la Operación Puerto. Si al menos pudiéramos reclamar una indemnización por daños y perjuicios…”, concluye el mismo furibundo miembro, cuestionando media docena de años más tarde la cordura de la decisión de constituirse en el proceso y olvidando quizás que si la AIGCP, bajo la presidencia entonces del belga Patrick Lefévère, decidió personarse en la causa fue movido por el morbo, por el deseo de tener en sus manos los 5.000 folios del sumario para saber qué había en ellos de cada uno de los equipos y qué más corredores, aparte de los citados por la prensa, podrían estar implicados. Esa información les sirvió a los equipos para elaborar su lista de corredores indeseables, a los que condenó al paro o a la emigración a ciclismos de tercera división.

Satisfecha esa curiosidad, por la que ya le han abonado a Crespo, según le recuerdan en su respuesta, 29.300 euros en varios pagos (a seis euros el folio), la AIGCP se encuentra despistada a menos de dos meses del inicio del juicio oral en los juzgados de lo penal de Madrid (el 29 de enero próximo). Para todos ellos, la trama de dopaje desarticulada es un recuerdo molesto del pasado (y encima, pasado de moda tras los papeles Armstrong) y su presidente actual, el norteamericano Jonathan Vaughters, anda más empeñado estos días colaborando en la demolición de la Unión Ciclista Internacional (UCI) con el movimiento de Greg LeMond, Cambia el Ciclismo Ahora.

Si la AIGCP no quiere que mi firma siga en el caso, mi factura será solo de 60.000 euros para dar por cerrado el asunto” Juan de Dios Crespo

Es precisamente la cercanía del juicio lo que movió a Crespo a recordarles a los de la AIGCP que allí estaba él por si se habían olvidado, como, al parecer, también habían olvidado que Crespo había seguido atentamente el caso también después de 2009.

Así, este mismo 2012, el letrado valenciano presentó su escrito de acusación ante el tribunal que juzgará la Operación Puerto en el que solicita dos años de prisión para los acusados por un delito contra la salud Eufemiano Fuentes, José Luis Merino Batres, Yolanda Fuentes, Manolo Saiz, Vicente Belda e Ignacio Labarta, y presenta una larga lista de testigos y expertos para su acusación.

“No puedo continuar si no me pagan”, reclama Crespo a la AIGCP el 7 de noviembre. “El juicio durará al menos un mes y solo eso sería suficiente para duplicar mis honorarios”. El ultimátum del abogado deportivo ofrece, sin embargo, una oferta de rebaja. “Si no me pagan 120.000 euros, lo dejo”, escribe. “Ahora bien, si la AIGCP no quiere que mi firma siga en el caso, necesito una respuesta en ese sentido para comunicárselo al tribunal. De todas maneras, en este caso, mi factura será solo de 60.000 euros para dar por cerrado el asunto”.

La AIGCP aún no ha respondido, pero el que se mantenga o no su acusación particular no influirá apenas en el devenir del proceso. La de la AIGCP no es sino una entre varias acusaciones (están también la de la federación española, la de la UCI, la de la AMA, la del CONI, la del CSD, la de Jesús Manzano) cuyos escritos de acusación, peticiones y listas de testigos de cargo y peritos son prácticamente idénticas. Suficientes para mantener el pulso de la acusación junto al fiscal en el juicio.