Inquietud por los amaños

Cada año por estas fechas, según se acerca el final de la Liga, vuelven las sospechas, los resultados extraños, las acusaciones más o menos veladas a un equipo de dejarse ganar a cambio de una suculenta cantidad de dinero. Esta temporada es diferente. Este año, la Liga de Fútbol Profesional (LFP), que agrupa a todos los clubes de Primera y Segunda División, ha trasladado su inquietud sobre el amaño de partidos a la Fiscalía General del Estado, institución con la que pretende abrir vías de coordinación, tanto en la prevención como en la investigación de un comportamiento que es delito en España desde diciembre de 2010.

La LFP se apresuró este lunes a desmentir a través de un comunicado que haya acudido a la Fiscalía Anticorrupción para denunciar el amaño de algún partido de la competición española, tal y como había anunciado El Larguero de la Cadena Ser el domingo. Pero sí admitió, como reconocieron todos los protagonistas, una reunión entre el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal; el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y el presidente de la patronal del fútbol, José Luis Astiazarán, a petición de este último, “hace unas semanas”.

A la misma asistió también Javier Tebas, expresidente de la LFP y representante de los derechos audiovisuales de los clubes, que anoche, en El Larguero, de la cadena SER, matizó que una cosa es “la verdad real”, los indicios fundados sobre un amaño, y otra “la verdad jurídica”, la que hay que demostrar. En ese sentido, dijo, vinieron a alertar al fiscal para que, llegado el caso y ahora que sería un delito, se investiguen, por ejemplo, “cuentas bancarias o conversaciones telefónicas”, algo a lo que no pueden llegar ni la propia LFP ni la federación en sus indagaciones.

En la reunión no se denunció ningún caso concreto", explicó ayer Miguel Cardenal

“No se trató ningún caso concreto ni se denunció nada”, confirmó asimismo Cardenal. El objetivo era “abrir cauces” para colaborar en un asunto que “preocupa” a los clubes, añadió. Pese a esta confesada falta de sospechas concretas, Astiazarán acudió al encuentro con un dossier de artículos de prensa sobre supuestos amaños.

“En esa reunión no se trató ningún caso concreto, ni se denunció nada”, explicó ayer Miguel Cardenal. El objetivo era “abrir cauces” para colaborar en un asunto que “preocupa” a los clubes, añadió. Pese a esta confesada falta de sospechas concretas, el presidente de la LFP acudió al encuentro con un dossier de artículos de prensa sobre supuestos amaños que han sacudido el fútbol español de los últimos años.

No es una inquietud que se limite a España. “El mundo del fútbol está preocupado por que el amaño de partidos afecta a su credibilidad y porque el negocio sigue dependiendo de la limpieza del fútbol”, concluye Cardenal, quien asegura que este fraude deportivo, y las apuestas ilegales, fueron el tema estrella de la reciente reunión que celebraron los ministros de Deportes de la Unión Europea en Belgrado.

A pesar del revuelo creado, Cardenal asegura que ni el amaño de partidos ni las apuestas ilegales son problemas graves en España. “Si se producen son muy pocos casos y aislados”, aseguró el secretario de Estado, al que no le consta que el sistema de alerta de la UEFA sobre movimientos sospechosos en las apuestas deportivas -que sirve para detectar posibles amaños- haya saltado en España.

Pero la preocupación existe. Y un movimiento preventivo, en el seno de los clubes, antes de que salten las alarmas, para que la Fiscalía tome cartas en el asunto, si tiene que hacerlo. “Hay un movimiento regenerador. Queremos una competición limpia y que se utilicen todos los mecanismos posibles para conseguirlo”, resume un dirigente de un club modesto.

La LFP utiliza un lenguaje más oficial, pero que viene a decir lo mismo: “[La Liga] está decidida y fuertemente comprometida con la lucha contra el fraude en la competición y utilizará todos los mecanismos a su alcance para evitarla”.

Entre esos mecanismos está el Código Penal. En España, comprar un partido, o simplemente hacer una oferta para ello, es un delito de corrupción entre particulares penado con entre seis meses y cuatro años de cárcel, inhabilitación de uno a seis años y multas, desde la reforma del Código Penal que entró en vigor en diciembre de 2010.

Por eso y, gracias a la gestión que hizo Cardenal, un hombre que viene del mundo del fútbol, y al que la mayoría de los dirigentes conocen y respetan, se sentaron con el Fiscal General para convencerle de lo peligroso de los amaños.