Una sentencia abre la vía al ‘deportista laboral’

El ciclista Rubén Lobato logra una indemnización de ocho días por año trabajado

Rubén Lobato durante una etapa del Tour 2006.
Rubén Lobato durante una etapa del Tour 2006.Javier Soriano (AFP)

El 31 de diciembre de 2008, concluido el contrato que le ligaba al Saunier Duval, Rubén Lobato, ciclista profesional nacido 30 años antes, colgó la bicicleta. Pero no por ello dejó de ser noticia.

Quizás a su pesar volvió a los titulares seis meses más tarde, cuando la Unión Ciclista Internacional (UCI) le convirtió en prueba viviente, la primera, del éxito del pasaporte biológico como arma de la lucha contra el dopaje. Pero ahí no terminó su notoriedad en su vida de ex, pues, como si estuviera destinado, entre otras cosas, a ser un pionero en varios campos, su nombre vuelve a circular por los medios ciclistas al ser el primer beneficiario de una sentencia revolucionaria del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Este ha decidido que, pese a lo que diga desde 1985 el decreto 1006 sobre la condición especial de los deportistas profesionales, estos, como un trabajador más, tienen derecho a una indemnización cuando expira su contrato temporal, tal como determina el Estatuto de los Trabajadores desde 1997. Así, curiosamente, el 1006, que significó en su momento un paso fundamental para el reconocimiento de los derechos de los deportistas profesionales, sobre todo en lo relativo a la libertad de romper un contrato unilateralmente, al no regular específicamente el derecho a la indemnización, les permite también beneficiarse del estatuto general.

Más que los 6.527,20 euros que se embolsará Lobato por tal concepto —la indemnización fijada es de ocho días por año trabajado, aunque en 2012 ya le corresponderían nueve, y 10 en 2013— si encuentra quien le pague, pues su equipo desapareció hace años, la sentencia, que no ha sido recurrida, trasciende y preocupa a los empresarios del deporte español, pues abre la puerta a que todos los deportistas profesionales, incluidos futbolistas y baloncestistas, los mejor pagados, puedan reclamar su correspondiente indemnización.

“Rubén vino a nosotros diciendo que quería reclamar por ese concepto y nuestro abogado, José Rodríguez, se puso a ello”, dice Eleuterio Anguita, del sindicato de ciclistas, la ACP. “Después, claro, hemos comunicado la sentencia a nuestros afiliados y supongo que alguno habrá hecho la reclamación”. Mientras algún ciclista recién retirado tras más de 10 años de permanencia en el mismo equipo se ha negado a exigir la indemnización —“bastante bien me han pagado y bastante he disfrutado como para pedir ahora”, dice uno, “vergüenza me daría”— al menos una decena de corredores, alguno aún en activo, han enviado a sus equipos una carta de reclamación. Lo que les ha puesto de los nervios.

“A mí me han reclamado tres ciclistas”, dice Miguel Madariaga, mánager del Euskaltel-Euskadi. “Y a otros equipos otros tantos. Así que nos reunimos los equipos durante la pasada Vuelta a Mallorca y decidimos una acción conjunta, que fue negarnos a pagar de entrada, contratar a un buen bufete de abogados, el de Sagardoy, y a ver qué pasa”.

Mientras que para algunos especialistas en derecho laboral y deportivo la sentencia del 21 de octubre pasado, de la sala de lo Social de Albacete del alto tribunal manchego, cuya ponente fue la magistrada María del Carmen Piqueras, es un puro “dislate”, para otros el asunto tampoco es para tanto. “Ocho días no es nada”, explica un catedrático que prefiere no dar su nombre. “Para cuatro años de contrato no es más que un mes de salario más. La interpretación de la magistrada es aceptable pero no unívoca y lo suyo, de todas maneras, es que los equipos no paguen y vayan a un tribunal del mismo rango y logren una sentencia a su favor. Correspondería luego al Supremo decidir. Aunque lo suyo sería reformar el 1006 y aclarar la cuestión definitivamente”.

“La sentencia es un anatema jurídico que no tiene en cuenta que la legislación española dice bien claro que la relación laboral de los deportistas es especial, pues su contrato es por definición temporal”, dice Francisco Fernández, abogado y accionista de la sociedad Abarca, que gestiona el equipo Movistar. “Es una barbaridad que nos lleva directamente a la quiebra, y fraudulenta, pues imagina que se te va el patrocinador: te quedas sin ingresos y obligado a pagar algo del pasado”.

Sobre la firma

Carlos Arribas

Periodista de EL PAÍS desde 1990. Cubre regularmente los Juegos Olímpicos, las principales competiciones de ciclismo y atletismo y las noticias de dopaje.

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