¿Para qué sirven las asambleas?

El FC Barcelona y el Real Madrid celebraron el mismo fin de semana sus respectivas asambleas de socios compromisarios. Elecciones presidenciales al margen, no hay acto ordinario más democrático que la reunión de este órgano soberano y, sin embargo, de forma paradójica, no hay otra convocatoria que muestre de manera más eficaz la debilidad democrática de uno y otro club. En ambos casos, apenas 1.000 socios decidieron por voz de 170.000 y 90.000, respectivamente, cuestiones de tanto calado como la remodelación urbanística del Santiago Bernabéu, en el caso del Madrid, y el acuerdo de patrocinio con Qatar Foundation, en el del Barcelona. No es solo de poca representatividad social de las asambleas de compromisarios de lo que adolece la democracia de estos clubes; más grave aún resulta la poca autoridad institucional que transmiten y que se deriva de su ineluctable obsolescencia.

Dejo al margen la capacidad de control que pueden ejercer y que, de hecho, ejercen, las juntas directivas de turno a través del derecho a elegir un número determinado de compromisarios (25 en el caso del Barcelona) o por el hecho de ser los directivos los únicos que conocen, con meses de antelación, quiénes serán los socios compromisarios. Ni la junta directiva del Barcelona ni la del Madrid tuvieron dificultades para conseguir la aprobación de sus propuestas. No es ninguna novedad, ni motivo de sorpresa, puesto que nunca ?o casi? la han tenido. Todas sus propuestas fueron aprobadas por amplias mayorías, y eso a pesar de que alguna de ellas provoca agitación y división social. No parece, a juzgar por el debate que se da en ambas masas sociales, que las mayorías obtenidas en la asamblea reflejen exactamente el estado de opinión de barcelonistas y madridistas. Pienso en el patrocinio de Qatar Foundation y en la imagen que del Madrid transmite el técnico José Mourinho, por ejemplo.

Sin embargo, si hay un hecho que muestre exactamente lo que quiero decir es la demanda de responsabilidades contra la junta directiva de Joan Laporta por las pérdidas ocasionadas durante su mandato. Esta es una acción con dos frentes judiciales abiertos: por un lado, la demanda presentada por el socio Vicenç Pla en el año 2007 y la acción de responsabilidad aprobada por la asamblea del año 2010, a propuesta del consejo directivo de Sandro Rosell. Son dos acciones distintas, aunque con el nexo de los 60 millones de pérdidas imputadas en una semana de junio de 2003 al mandato del presidente Joan Gaspart, y, según los afectados, con el actual presidente como inductor común y necesario. Pues bien, ha bastado con que el entrenador Josep Guardiola levantara su voz en defensa de Laporta, sus directivos y sus familias, para que el socio Pla retirara la demanda de ejecución provisional del aval de 23,2 millones contra ocho directivos. Una sola voz, potente y autoritaria, ha podido más que la de los 1.000 socios compromisarios de turno. Y esto ha sido así porque, sin duda, Guardiola representa mucho más acertadamente el sentimiento mayoritario de la masa culé.

En este punto hay que introducir la división que resulta clave para comprender el embrollo, la que existe entre socios y aficionados y que históricamente ha enfrentado dos maneras distintas de entender el Barcelona en cuanto institución. Cabría señalar una segunda línea de fractura que se dibuja en el horizonte, la que puede dividir a los socios entre los que disponen de un abono anual en el Camp Nou y los que no lo poseen, pero ello nos llevaría demasiado lejos. Hay quien habla de división entre barcelonismo ilustrado y barcelonismo de pelota.

La cuestión verdaderamente trascendente es la fragilidad democrática que se desprende; por tres motivos, al menos.

En primer lugar, porque la división entre socios y aficionados con intereses y sensibilidades distintas, sino opuestas, crecerá de manera exponencial en los próximos años. La globalización del fútbol ha convertido al Barcelona y al Madrid en entidades globales con millones de seguidores que consumen sus productos a diario, con lo cual parece lógico que algún derecho a opinión deberán tener y querrán ejercer.

En segundo lugar, porque esta nueva dimensión planetaria pone en duda la propiedad real de estos clubes. Con presupuestos que muy pronto superarán los 500 millones de euros, la contribución de los socios y abonados a través de sus cuotas anuales se va convirtiendo en irrelevante. El poder de decisión se desplaza indefectiblemente a favor de quienes sufragan el grueso del presupuesto, apenas tres operadores mayoritarios. Así, el voto se convierte en un mero ritual de certificación democrática, en un simple aval (sea dicho sin intención de molestar).

Y, en tercer lugar, porque en la era de las tecnologías de la información y la comunicación, la democracia se ha convertido en un ejercicio cotidiano. No basta con ganar unas elecciones cada cuatro o seis años, como en la actualidad es el caso del FC Barcelona. Hoy la legitimidad obtenida en las urnas, hay que refrendarla a diario, puesto que la capacidad de respuesta de los gobernados, sean ciudadanos, o bien socios y aficionados de un club de fútbol, y los canales de expresión, agitación y presión que existen a su disposición son numerosos e incontrolables. Y los usan.

Ante este cambio de paradigma, resulta claro que las asambleas de socios compromisarios han quedado obsoletas. Es un debate recurrente en la entidad azulgrana, aunque ninguna junta haya sabido afrontarlo todavía, ni nadie haya dado con una fórmula alternativa viable. Urge repensar el gobierno de estos clubes antes de que sus socios, sus verdaderos propietarios, se dice, porque pueden votar de vez en cuando, queden convertidos en simples clientes de unas corporaciones con juntas directivas ejerciendo de consejo de administración.

Jordi Badia es exdirector de comunicación del FC Barcelona.