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Ningún medio de comunicación podría sobrevivir sin publicidad salvo, naturalmente, las cadenas subvencionadas que, también naturalmente, dejan de ser independientes y sirven a quienes les subvencionan. TVE y las Autonómicas son la demostración de ese servilismo. El que una de las primeras decisiones del Gobierno del PP con mayoría absoluta fuera la de cambiar las condiciones para nombrar al responsable de la televisión pública evidencia el ansia de controlarla, y sorprende la tranquilidad de la oposición, en la nueva composición del Parlamento, por no modificarla.

Las cadenas privadas tienen otros tipos de controles que, como se verá, son gestos a la galería. La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha sancionado a Atresmedia con 18.175 euros y a Mediaset con 63.705 euros por superar los límites de tiempo de emisión dedicados a los mensajes publicitarios, regulados en la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA), una ley que limita el tiempo de emisión de mensajes publicitarios y de televenta en 12 minutos por hora natural y que incumplen diariamente. El orden establecido les permite recurrir las sanciones ante la Audiencia Nacional. Bien.

Veamos ahora la eficacia de las mencionadas multas. Los 18.175 euros impuestos a Atresmedia por vulnerar la ley no llegan ni al valor de un anuncio en su horario más importante, que puede llegar a ser de 21.000 euros. Los 63.705 euros con los que la CNMC castigó a Mediaset por infracciones detectadas entre los meses de enero y mayo en sus canales Telecinco, Cuatro, Divinity y Energy, de ahí el que la sanción fuera superior, le suponen al grupo algo menos de tres anuncios en su horario estelar, que pueden alcanzar los 26.000 euros por anuncio. Si, como consideran las autoridades, ambos grupos han superado durante meses la cuota permitida y son sancionados con el equivalente a uno o tres anuncios, apaga y vámonos.