Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

Telemadrid afronta un cambio de piel

La cadena autonómica contará con una nueva ley

Su programación se regirá por una ‘Carta básica’ que recogerá los objetivos de servicio público

Imagen de 'Madrileños por el mundo', uno de los programas más destacados de Telemadrid.
Imagen de 'Madrileños por el mundo', uno de los programas más destacados de Telemadrid.

La Asamblea de Madrid da hoy el primer paso para el rediseño de la televisión autonómica Telemadrid, una cadena que desde hace dos años se encuentra bajo mínimos y cuya misma existencia ha sido cuestionada por el Gobierno regional. El fantasma del cierre ha desaparecido —de momento—, pero los políticos tienen todavía mucho camino que recorrer para convertir Telemadrid en una verdadera televisión pública.

En los últimos años, los espectadores le han ido dando la espalda. Tras el expediente de regulación de empleo que afectó a 861 trabajadores (dos tercios de la plantilla), la oferta de contenidos propios ha sido mínima: apenas los informativos, un par de magacines y el que ha sido uno de sus formatos estrellas, Madrileños por el mundo, llevan el sello de Telemadrid. El resto de la parrilla se ha cubierto con series, muchas de ellas ya descatalogadas, películas añejas y una abundante dosis de repeticiones.

Así es como la audiencia del año pasado se quedó en el 4,2%, lejos de la obtenida por las cadenas autonómicas agrupadas en la Forta, que registraron en conjunto un 8%. Y especialmente distanciada de canales regionales públicos más jóvenes, como Aragón TV, que se dispone a cerrar diciembre con una media acumulada del 11,3%.

10,6 euros por madrileño

En 2016, la Comunidad de Madrid inyectará al canal 67,9 millones de euros (un 1,2% menos que este año) y calcula que ingresará 10 millones por publicidad. Según las estimaciones de la empresa, Telemadrid le costará a cada ciudadano madrileño 10,6 euros, dinero que, a través de los impuestos, pagan todos, aunque pocos la vean.

La nueva ley que regirá Telemadrid, cuyo proyecto se votará hoy en la Asamblea regional, fijará los criterios de programación en una Carta básica que detallará los objetivos de servicio público y tendrá un alcance de nueve años. El PP y Ciudadanos han pactado un texto sin haber conseguido cerrar consenso con los otros dos grupos, el PSOE y Podemos.

La oposición se queja de que la reforma no garantiza que se ponga fin a los grandes lastres de la cadena: falta de pluralidad informativa, subordinación al Gobierno y debilidad financiera. Como en el caso de TVE, la ley prohibirá que los programas informativos sean externalizados, aunque plantea un modo de subcontratación de contenidos, según la oposición.

Bajo la sombra de la manipulación

Las denuncias sobre manipulación informativa y falta de pluralismo han sido constantes durante los últimos años en Telemadrid. La nueva ley prevé la creación de un consejo de Redacción, una figura reclamada insistentemente por los periodistas.

Sin embargo, la norma propone que sus cinco miembros sean nombrados por el consejo de administración de manera aleatoria, algo insólito en cualquier sistema democrático. Los trabajadores exigen que sea elegido por sufragio universal, una votación en la que deberían participar todos los profesionales que intervienen en la elaboración de los informativos.

Tampoco se blinda su carácter público, si bien el PP insiste en que no existe ningún plan para privatizar Telemadrid. Pero el hecho de que el actual ente público se convierta en una sociedad anónima mercantil ha desatado la inquietud entre sus trabajadores.

Cambiará, eso sí, la forma de elección del director general y del consejo de administración. La reforma exige el nombramiento del primero por dos tercios de los diputados de la Asamblea, lo que obligará, al menos, al consenso de tres grupos parlamentarios. Desde finales de los años ochenta, cuando nació el ente público RTV-Madrid, su responsable ha sido elegido directamente por el Gobierno autónomo, aunque rinde cuentas ante el Parlamento regional. A partir de ahora, será seleccionado a través de una convocatoria pública para un mandato de seis años, con objeto de sortear los vaivenes de las legislaturas.

Respecto a la elección del consejo de administración, cuatro de sus nueve miembros serán designados por la Asamblea, y otros cinco, por consejos profesionales. Permanecerán en el cargo seis años y deberán ser profesionales con experiencia en la gestión de empresas o medios de comunicación.