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En ciertos medios se ha querido relacionar la dimisión del presidente de RTVE con el fracaso técnico tras conectar seis minutos tarde en la emisión en directo de otra dimisión, la del ministro de Justicia Ruiz-Gallardón tras ver descartada su reforma de la ley del aborto. Dimisión sobre dimisión ha creado una coincidencia insana que conviene aclarar. El error en la conexión puede ser consecuencia directa de algo que supera a las incidencias profesionales, el vaciado de fondos del canal público de televisión, que limita muchas prestaciones de servicio más trascendentes que ese anuncio puntual. Hablamos de reportajes, crónicas, enviados especiales, servicios informativos, limitación del derecho a la difusión de cultura, ciencia, conocimiento, todo aquello que compensa una televisión estatal sobre la oferta de los canales privados concentrados en el negocio y no en el servicio público.

A Leopoldo González-Echenique el Gobierno lo nombró de manera impropia, echando abajo una ley aprobada por Zapatero que dignificaba con su proceso parlamentario el valor institucional. Rajoy pretende ignorar que la política también es estética y no hay regeneración sin moralidad. El resultado de hacer las cosas mal ha llevado a una fuga de espectadores que miran con lupa a sus canales públicos, seguramente con mayor acritud que a las propuestas de empresarios privados. Y tienen razón en hacerlo así, porque los canales públicos pertenecen a los ciudadanos. Ha sido de tal desmesura el recorte monetario añadido por Hacienda a todo lo que se identifica con cultura y conocimiento, que el propio González-Echenique en un gesto que le honra se ha ido del cargo absteniéndose en la votación para la aprobación del presupuesto del año que viene.

Aunque se quiera ver la dimisión como una victoria pírrica del departamento de Montoro, conviene más mirarla como otra derrota del ciudadano español. A la batalla por desprestigiar el servicio público y fundamental que deberían ofrecer los canales televisivos estatales, se une la zancadilla financiera que imposibilita cuadrar las cuentas sin proceder a un desmantelamiento doloroso. Se acumulan las dimisiones en un sector que el Gobierno ha decidido abandonar a su suerte. Es obvio que cobrar un sueldo por hundir la empresa fue el mal más repetido en la crisis financiera y se comprende que algunos, unos pocos, no quieran sumarse a esa moda.