Tutela

Ahora que se acercan unas trascendentes elecciones europeas, donde por primera vez elegiremos al presidente de la Comisión con nuestros votos, conviene detenerse a reparar en la tutela que ejerce la Unión sobre los países miembros. Aún recibimos los varapalos de los tribunales europeos como una afrenta nacional, cuando en realidad son una bendita supervisión. La negación de la doctrina Parot demostró que nuestros agentes informativos más eficientes no están preparados para hacer pedagogía judicial, sino que prefieren apretar el sesgo emocional porque da mejores réditos. Con el varapalo al céntimo sanitario cargado en el combustible sucedió lo contrario, casi nos impulsaban a salir a festejarlo a las plazas públicas y bañarnos en gasoil. Nos olvidábamos de que en ese caso particular, incluso se ponía el acento en la mala fe con la que habían actuado nuestros legisladores.

La reparación parece improbable. Amparados en la política recaudatoria de hechos consumados, nadie confía en que los ciudadanos recuperen sus céntimos. Como ya nadie confía en que nuestro famoso rescate bancario sea saldado por las entidades socorridas cuando vuelvan a ser empresas privadas bien pujantes. Es obvio que las autoridades europeas se pueden equivocar, pero el recurso a ellas ha logrado, por ejemplo, que la doctrina sobre los desahucios, que en España resultaba intocable, saliera maltrecha y con posibilidades de enmienda hacia un trato más humano a las personas con dificultades. Es posible que las preferentes, que han servido para engañar incluso a las asociaciones de víctimas del 11-M, también encuentren en Europa más amparo que en casa.

Por eso resulta alarmante que se siga insistiendo en el vaciado de funciones de la Comisión Nacional de la Competencia. La última de ellas sobre el mercado de telecomunicaciones, donde Industria quiere tener la última palabra. El organismo español está avisado desde hace meses de los peligros que corre tras su reforma, donde la injerencia política se ha hecho fuerte. De esa debilidad para legislar desde dentro acorde a criterios razonables y limpios nacerán los varapalos futuros desde fuera, esas sentencias que muchos querrán que veamos como humillaciones patrióticas y que no son más que evidencias de la mala gestión, la falta de transparencia y el empeño enfermizo y españolísimo de que la autoridad política decida sobre todas las instituciones.