El Supremo dice que anular canales no vulnera la libertad de expresión

El Supremo ha desestimando los recursos interpuestos por los operadores privados de cobertura nacional contra el cierre de nueve canales de TDT (televisión digital terrestre) ordenado por el mismo tribunal hace ya más de un año. La resolución comunicada este jueves no atiende las alegaciones de las cadenas, que consideraban que la supresión de tales canales atentaba contra la libertad de expresión. El cese, expone el Supremo, es una cuestión de legalidad ordinaria. Supone aplicar la normativa vigente en materia de televisión y “no conculca las libertades constitucionales”.

En el auto, el Supremo argumenta que no solo no se vulnera la libertad de expresión, información y comunicación sino que la sentencia implica justamente todo lo contrario: tal y como propugna la ley audiovisual española y la normativa comunitaria, “supone abrir el espacio radioeléctrico al concurso entre sujetos interesados” en el ejercicio de esas libertades, en vez de conceder licencias a operadores que ya tienen adjudicaciones.

El Gobierno no ha explicado aún cómo ejecutará la resolución

Con esta resolución, el Supremo rechaza las pretensiones de Atresmedia, Mediaset, Veo TV y Net TV para conservar la totalidad de sus canales, algunos de los cuales —nueve, según el alto tribunal— les fueron otorgados por el anterior Gobierno socialista sin mediar concurso público como exigía la ley.

Lo que no aclara el Supremo es cómo resolver una situación que echa por tierra una resolución del Consejo de Ministros del 16 de julio de 2010. Fuentes del sector aseguran que el Gobierno podría convocar un nuevo concurso en el que se licitarían tres frecuencias. Incluso aventuran que una de ellas podría ir a parar a 13TV, el canal del que es accionista mayoritario la Conferencia Episcopal, que actualmente emite bajo una frecuencia de Veo TV. De los nueve canales anulados, tres son de Atresmedia y Mediaset perdería dos, al igual que Veo TV y Net TV.

Infraestructuras y Gestión 2002, entidad que interpuso el recurso contra las adjudicaciones, sostiene que los nueve canales en entredicho deben sacarse a concurso (como ha ocurrido en Italia, que subasta tres licencias de TDT) y hacerlo respetando los criterios de transparencia y no discriminación. Además, entiende que las televisiones que están ya establecidas no podrían participar en la nueva licitación. Hasta ese momento, reclama que las frecuencias declaradas ilegales se clausuren “de forma inmediata”. El Gobierno ha expresado su voluntad de cumplir la sentencia, pero no ha dicho cómo lo hará. Lo que los dos grandes operadores, Mediaset y Atresmedia, no parece que estén dispuestos a aceptar es a romper el statu quo, que pasa por tener cada uno de los grupos el mismo número de canales.