La agonía de las autonómicas

Los recortes en las subvenciones públicas y el desplome de la publicidad han devastado el modelo de televisiones autonómicas, pero ninguna corporación ha llegado a adoptar una medida tan drástica como la valenciana. Al borde del cierre han estado las cadenas de Murcia y del Principado de Asturias, aunque han logrado sobrevivir a duras penas gracias al balón de oxígeno de sus respectivos Gobiernos regionales. Otras corporaciones, como la catalana, la vasca, la balear o la castellano-manchega, han optado por duros ajustes para ahorrar costes. Han cerrado segundos canales, externalizado la producción o abaratado la parrilla hasta el límite.

La radiotelevisión autonómica valenciana y la madrileña, sin embargo, han llevado vidas paralelas. Ambos entes públicos nacieron en 1989 y crecieron desmesuradamente al amparo del poder político de turno hasta acumular deudas colosales. Las dos compañías se han visto envueltas en traumáticos procesos de reajuste laboral, que han derivado en conflictivos expedientes de regulación de empleo.

Radiotelevisión de Madrid comenzó a ejecutar a primeros de año un plan para despedir a 925 trabajadores, el 80% de la plantilla. La Comunidad había llegado a la conclusión de que la televisión regional se había convertido en un monstruo inviable económicamente, con una deuda que rondaba los 280 millones de euros y sin posibilidad de que las entidades financieras prorrogaran los abultados créditos.

Pero este deterioro no se produjo de un día para otro. El Gobierno de Esperanza Aguirre conocía desde 2004 la desastrosa gestión que se estaba llevando a cabo en Telemadrid. No tomó medidas para enderezar su rumbo. Al contrario, engordó la plantilla de forma desmedida. “En la época de Aguirre se montó una Redacción paralela porque el Gobierno no se fiaba de los periodistas que estábamos trabajando desde la etapa de Ruiz-Gallardón”, dice un exempleado de Telemadrid. Sobre la cadena pesaba también la losa de la manipulación, hasta el punto de que su falta de pluralismo fue denunciada ante la Unión Europea.

En enero de este año, y después de tres semanas con la pantalla en negro por los efectos de una huelga, 829 trabajadores de Telemadrid comenzaron a recibir el burofax con su despido. Cuatro meses más tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declaró improcedente el ERE. Lo consideró no ajustado a derecho. El fallo explicaba que la causa económica argumentada por la empresa para la extinción de los contratos no era adecuada, toda vez que “una reducción del presupuesto, que es insuficiente y congénito a un servicio público”, no justifica por sí solo el despido colectivo.

Para el ejercicio de 2013, el Gobierno de la Comunidad propuso un recorte del 10% (respecto al año anterior) en la subvención destinada a la radio y la televisión regional. Una reducción que, según la sentencia, no justificaba “la situación de desequilibrio financiero” del ente. Para el actual ejercicio, la subvención a través del llamado contrato programa es de 70,9 millones de euros. En apenas un año el presupuesto ha pasado de 125 millones a 84, una rebaja que “ha supuesto un duro sacrificio para la programación”, según Telemadrid. La audiencia ha dado buena cuenta: ha caído a la mitad.

También la entidad pública catalana se planteó la salida de 500 de las 2.285 personas de plantilla. Pero las presiones de Esquerra Republicana redujeron a la mitad las salidas. Algunos de los afectados por el ERE —ajustado a criterios de edad y voluntariedad— han dejado ya la compañía.

A raíz del fallo del TSJM, el ente madrileño tendría que readmitir a los empleados o aumentar sustancialmente sus indemnizaciones. La sentencia fue recurrida y el presidente regional, Ignacio González, declaró que si el fallo se ratifica cerrará Telemadrid. La misma salida que Valencia.