El viaje de la basura: de los municipios que aún no tienen ni contenedor de orgánico a los campeones del reciclaje

España tiene un gran problema con la basura. En los últimos años se suceden los avisos desde Bruselas por el retraso del país para cumplir la legislación comunitaria sobre los residuos urbanos, cuya gestión depende de los municipios. No se trata solo de las botellas de plástico, el incumplimiento es mucho mayor. Este año 2025, el país debería recuperar para reciclar el 55% de los desechos municipales. Sin embargo, la realidad es que la Comisión Europea tiene ya abierto un expediente sancionador contra España por estar lejos de cumplir el objetivo previo de 2020 (que era del 50%), y casi la mitad de los residuos domésticos acaba aún hoy enterrada en vertederos (más del doble de la media europea).

Ahora bien, la situación no es igual de mala en todas partes. Existe un abismo entre los municipios que ni siquiera han implantado todavía el cubo marrón de orgánico, como Cádiz, Murcia y San Sebastián de los Reyes, y otros que van muchos años por delante, como Barcelona y Pamplona, que hoy utilizan ya contenedores inteligentes que se abren con tarjetas identificativas, o localidades mucho más pequeñas, como el pueblo vasco de Zaldibia y el catalán Argentona, con sistemas para que paguen menos los ciudadanos que mejor separan (o más los que generan más basura).

Mientras unos incumplen la ley que fijaba julio de 2022 como fecha límite para recoger los biorresiduos de forma separada en las poblaciones de más de 5.000 habitantes (para todas las demás el plazo terminó en 2024), en el caso de la ciudad de Barcelona se comenzaron a seleccionar los desechos orgánicos en 2002, hace más de dos décadas. Paradójicamente, son los gestores barceloneses, con datos mucho mejores, los que se muestran más autocríticos: “Intentamos ser serios con los números, ser honestos y no engañarnos a nosotros mismos; la realidad es que todavía estamos lejos [de los objetivos europeos], por lo tanto tenemos que hacer otras cosas diferentes”, asegura Carlos Vázquez, director del servicio de limpieza y recogida de residuos del Ayuntamiento de Barcelona. “La clave es la corresponsabilización, que significa exigir más al ciudadano, a través de bonificaciones y otros sistemas”.

Según las últimas estadísticas del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), en 2022 España recuperó apenas el 43% de los residuos municipales para su reciclaje. De las 17 comunidades autónomas, solo se salvan cinco. No obstante, esto es sumando también materia orgánica sacada de la basura mezclada, que al estar más contaminada debe tratarse para usarse en suelos agrícolas, el bioestabilizado, una excepción que no podrá contabilizarse a partir de 2027. Si se quita esa parte, el porcentaje estatal baja a 26% y ya no cumpliría nadie. Sin estas excepciones, los territorios con peores cifras de recogida separada son Ceuta (10%), Melilla (12%), Andalucía (15%), Castilla-La Mancha (15%), Extremadura (15,5%) y Murcia (17%). Y los más avanzados, Navarra (44%), Cataluña (43%) y País Vasco (42%).

No hay comparativas oficiales por municipios, pero los datos obtenidos por EL PAÍS de ayuntamientos y mancomunidades, ayudan a entender mejor las diferencias entre unos y otros. El nivel de retraso depende mucho de la materia orgánica, pues supone buena parte de la basura en peso y si se mezcla con otros desechos luego cuesta descontaminar. Sin embargo, el desafío va mucho más allá que poner contenedores marrones. Badajoz sí los tiene, pero recoge de forma separada apenas un 11% de sus residuos, sumando todos los cubos para reciclar. Por su parte, Córdoba recoge mucho biorresiduo, pero según cifras de 2023, más de una cuarta parte de lo que saca de sus contenedores de orgánico, un 27,5%, no es materia orgánica (cuando la ley no permite más de un 20% de impropios). El Ayuntamiento de Madrid, ni da sus cifras.

Aunque el mayor retraso está en los biorresiduos, la Comisión Europea también ha avisado de bajas tasas de recogida separada de papel y cartón, metales o plásticos. Además de lo que dejan los ciudadanos en los contenedores amarillo (envases), verde (vidrio) y azul (papel y cartón), hay una parte de estos materiales que son rescatados de la basura mezclada (la fracción resto), con ayuda de máquinas. Es la última oportunidad antes del vertedero o la incineradora. “Si la gente no lo pone en el contenedor que corresponde, tenemos que intentar recuperarlo en planta”, explica Elisa Monzón, directora de medio ambiente de Gran Canaria, que insiste en que siempre resulta mucho mejor evitar que los residuos se mezclen al principio de la cadena que tenerlos que separar luego. No solo por eficiencia. “Algunos de estos materiales pierden o reducen su valor si se recuperan de la basura mezclada, las empresas ya no los quieren”, destaca la canaria.

En Baleares, la ciudad de Palma de Mallorca recoge de forma separada un 30% de sus desechos urbanos y su caso es llamativo porque ha reducido a cero su vertido en vertedero: todo lo demás que no recicla, el otro 70%, lo valoriza, es decir, lo incinera. En cambio, Gijón consigue un 36% de recogida separada y tira lo que está mezclado directamente en el vertedero de Serín, pero en este caso, sin cribar antes con máquinas. El Principado construyó una planta en 2024 para evitar esto, pero al poco de inaugurarse se incendió y está en reparación. Según los datos de Transición Ecológica, hoy España incinera un 10% de los residuos municipales (un 87% en Melilla y un 56% en Baleares) y entierra en vertedero un 47% (82% en Ceuta, 75% en Asturias y 70% en Murcia).

Entre las ciudades, se produce un gran salto en sitios como Barcelona, San Sebastián o Pamplona, con unos porcentajes de recogida selectiva de 41%, 42% y 45%, respectivamente. Como detalla Vázquez, en la Ciudad Condal han funcionado especialmente bien dos cosas: la recogida especializada para los comercios (que generan muchos residuos) y nuevos sistemas para los ciudadanos en los que se les exigen más a cambio de bonificaciones en su tasa de basura. “Cuando vinculas la acción a la tasa, es cuando el ciudadano empieza a separar, ya sea por la bonificación o porque se siente controlado, pues se tiene que identificar para lograr el descuento”, señala el responsable catalán. En el barrio barcelonés de Sant Andreu, se ha conseguido superar el 70% de recogida selectiva cuando se combina el sistema de puerta a puerta (que limita la recogida a domicilio a determinados días de la semana para cada material) y contenedores inteligentes para la orgánica en la calle que están cerrados. Para abrirlos, hay que usar tarjetas que identifican a los ciudadanos, y a cambio se consiguen descuentos en la tasa de basura, que en la ciudad catalana es de media unos 180-190 euros (está dividida en recogida y tratamiento, y se fija tomando como referencia el consumo de agua del domicilio).

También usan estos contenedores cerrados para la orgánica en San Sebastián, donde 13.000 donostiarras han solicitado la tarjeta para identificarse y conseguir descuentos en su tasa de basuras, que en 2025 ha subido a 266 euros anuales para una casa tipo con cuatro ocupantes. Y en Pamplona ocurre algo curioso. Allí las tarjetas se usan solo como llaves impersonales para abrir los contenedores, pues una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos prohíbe al Ayuntamiento identificar a los ciudadanos. Aún así, con estos contenedores la recogida selectiva sube del 40 al 60%. Como señala David Campión, presidente de la Mancomunidad de Comarca de Pamplona, “hay quien dice que es por una sensación de control, aunque tú sepas que no te están controlando, y hay quien dice que es simplemente porque se incorpora a la separación un sector de la población mayoritario, pues hemos visto que suben todas las fracciones, no solo la orgánica”. Pamplona está ahora modificando la ordenanza para poder identificar a los ciudadanos e introducir también descuentos en la tasa de basura, que es de unos 130 euros anuales (se determina en función del tamaño de la vivienda). “Antes, por mucha campaña de concienciación que hiciéramos, veíamos que no avanzábamos”, comenta Campión.

Hay municipios más pequeños que llegan bastante más lejos, como Zaldibia (Gipuzkoa) y Argentona (Barcelona), puestos como ejemplo por la Comisión Europea. El primero, de 1.740 habitantes, consigue un 78% de recolección por separado. Los trabajadores que recogen la basura con el sistema de puerta a puerta llevan una pulsera que va leyendo de forma automática los datos de los cubos y así se bonifica después a los vecinos que separan más orgánico y generan menos residuos de la fracción resto (que no se pueden reciclar). Los descuentos pueden llegar al 20% (40% para familias vulnerables) en la tasa de basuras, que es de 178 euros anuales. De esta forma, han reducido la basura mezclada a 38 kilos por vecino al año, apenas cien gramos al día. Por su parte, Argentona, de 12.879 habitantes, llega al 85,9% de recogida selectiva. En esta localidad tienen tres tarifas anuales (entre 136 y 160 euros) en función del número de personas del domicilio y cada tramo tiene derecho a una cantidad de bolsas de basura para la fracción resto (entre 10 y 25) repartidas por el Ayuntamiento. Si a los vecinos se le acaban, tienen que comprar (el pack de 10 cuesta 6,5 euros).

“Lo más barato sería hacer una hoguera gigante y quemarlo todo”, ironiza Ioritz Berra Juaristi, alcalde de Zaldibia, que recalca que hacerlo bien para el medio ambiente no tiene que ser más caro, sino al contrario, pues el sistema resulta más eficiente si se reducen los desechos y se recogen de forma separada. En Zaldibia lo han comprobado porque necesitan que el camión de basura pase menos días, lo que disminuye los costes. “El sistema tiene que ser viable tanto ambiental como económicamente”, incide.

Los datos dejan claro que no basta con pedir a los ciudadanos que separen la basura y que resulta clave vincular su colaboración a la tasa de basuras. No obstante, esto genera controversia. La obligación de que las localidades que todavía no tengan tasa de basura aprueben una antes de abril, de acuerdo a la ley de economía circular de 2022, es rechazada por la derecha y parte de la administración local. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) critica que esta sea el primer tributo que se impone a los ayuntamientos y que no se permita que sea deficitario, es decir, que tenga que cubrir la totalidad de los costes de gestión de los residuos municipales. “Esta ley es una clara invasión de la autonomía local”, incide Luis Martínez-Sicluna, secretario general de la FEMP. “Compartimos plenamente los objetivos de la ley de economía circular, pero el que mejor conoce la realidad de cada municipio es su alcalde, por lo tanto, concédale usted la capacidad de decidir”.

Manuel Guerrero, director de la Fundación Economía Circular, lo ve justo al revés. Según defiende, este tributo es un indicador idóneo para evaluar el trabajo de los alcaldes: “Los residuos van a permitir al ciudadano discriminar la buena o mala gestión de sus gestores. Antes no es que no se estuviera pagando por la gestión de los desechos, pero en algunos casos se hacía con el IBI, con impuestos de carácter general, y los particulares no sabían realmente cuánto estaba costando. Con la tasa de basura, si un ciudadano tiene que pagar más porque su ayuntamiento lo está haciendo mal, ahora va a saberlo”.