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Los veterinarios paran por el exceso de burocracia en la administración de antibióticos

Temen que los controles impuestos retrasen los tratamientos de los animales y afecten a su bienestar

Varios veterinarios en una consulta tratando a un gato.
Varios veterinarios en una consulta tratando a un gato.ABRAHAM GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Getty Images)
Esther Sánchez

Desde el dos de enero de este año los veterinarios están obligados a introducir los datos de los antibióticos que prescriben e información de la receta en una herramienta informática llamada Presvet. Este sistema centraliza todos los datos con el fin de controlar el uso de antibióticos en los animales en general y luchar contra las resistencias que se están desarrollando en la actualidad por el abuso de estas sustancias. El gremio está de acuerdo con que es necesario la reducción de su uso, pero no con esta herramienta que “dificulta la labor diaria y limita nuestra capacidad para prescribir tratamientos y, en muchos casos, compromete el bienestar de nuestros pacientes, llegando incluso a poner en peligro sus vidas”, indican desde la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía en un comunicado. Motivo por el que han decidido llevar a cabo un paro este martes 11 de febrero de 11.00 a 12.00.

Estos especialistas piden un cambio legislativo que les autorice a dispensar los medicamentos con los que tratan a las mascotas en sus clínicas, no pretenden convertirse “en ningún caso en farmacias veterinarias”, explica Manuel Lázaro, veterinario clínico y miembro de la Junta del Colegio de Veterinarios de Madrid. En la actualidad, solo pueden expedir recetas para los antibióticos que luego el dueño de la mascota consigue en las boticas. “Te controlan todo, imagínate que un perro tiene diarrea y es infecciosa y yo suelo prescribir un antibiótico que está registrado solo para problemas respiratorios, no digestivos, aunque la evidencia científica ha dicho que es útil para ello a lo largo de los años, pues ahora no puedes recetarlo, porque al meter los datos en Presvet te salta una alarma. Nos encontramos esposados”, explica Lázaro.

La nueva norma emana de una directiva europea y de obligado cumplimiento antes de 2030. “No entendemos por qué se plantea con tanta urgencia en España, teniendo en cuenta que todavía existe ese plazo”, comenta Felipe Vilas, presidente del Colegio Veterinarios de Madrid.

En esta situación, la Organización Colegial Veterinaria (OCV) ha convocado una asamblea general extraordinaria de presidentes el próximo 14 de febrero para analizar el problema. Ante las dudas que están surgiendo, la OCV advierte de que esta nueva legislación no afectará a los casos urgentes porque en ellos “es imprescindible aplicar tanto las pruebas como los tratamientos y la medicación antes de realizar cualquier trámite burocrático”. En el caso específico de los antibióticos, continúan, las terapias con productos “de amplio espectro disponibles en el mercado veterinario deberían ser suficientes para enfrentarse a cualquier urgencia”.

“El Presvet ha sacado a la luz el problema que tenemos y que se solucionaría si pudiéramos no solo recetar, sino dispensar el tratamiento completo de la mascota para que no haya discontinuidad”, indica Lázaro. Explica, además, que en las farmacias no es sencillo encontrar los medicamentos específicos para animales y que los dueños de las mascotas se ven obligados a esperar por la falta de existencias. “Algo que no pasaría si fuéramos nosotros los que entregáramos el medicamento y las dosis necesarias, no un envase con muchas más píldoras que luego sobran y que no se pueden llevar a las farmacias para deshacerte de ellas”, comenta. Además, que sobren medicinas conlleva el riesgo de automedicación y se incrementa la resistencia a los antibióticos por un mal uso. “Esto es lo que ha pasado en el caso de los humanos”, concreta.

Las multas a las que se enfrentan en el caso de comunicar datos erróneos a Presvet o no hacerlo son otro de los puntos conflictivos. “Son absolutamente desproporcionadas”, dice Lázaro. En los casos muy graves la sanción oscila entre 60.001 y 1.200.000 euros, en las graves van de 3.001 a 60.000 y las leves de 600 a 3.000 o apercibimientos.



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Sobre la firma

Esther Sánchez
Forma parte del equipo de Clima y Medio Ambiente y con anterioridad del suplemento Tierra. Está especializada en biodiversidad con especial preocupación por los conflictos que afectan a la naturaleza y al desarrollo sostenible. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense y ha ejercido gran parte de su carrera profesional en EL PAÍS.
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