El Reino Unido recupera su compromiso contra el cambio climático

Keir Starmer despertó serios recelos entre las organizaciones que combaten el cambio climático cuando antes de las elecciones dio un severo tijeretazo a su compromiso de poner en marcha una “economía verde”. Había anunciado una inversión de más de 33.000 millones de euros. La prudencia fiscal, ante una inflación galopante, le llevó a reducir a la mitad (unos 17.000 millones de euros) esa futura financiación. En los primeros días de Gobierno, las medidas anunciadas buscan disipar cualquier duda respecto a la firmeza del Partido Laborista en la batalla contra el calentamiento global.

Al frente del equipo responsable de alcanzar el objetivo de generar electricidad libre de carbón en 2030 está el nuevo ministro de Seguridad Energética, Ed Milliband. Su trayectoria personal tiene cierta semejanza con la de aquel vicepresidente de Estados Unidos y candidato fallido a la Presidencia, Al Gore. Milliband, que siempre ha pertenecido al ala izquierda del partido, fue un fracaso como líder laborista (2010-2015), pero tiene una reputación consolidada en la lucha climática. Ya fue ministro de Energía y Cambio Climático bajo el mandato del entonces primer ministro, Gordon Brown, en 2008. Su Agenda 2008 para el Cambio Climático, que elevó de un 60% a un 80% los objetivos de reducción de emisiones del Reino Unido para 2050, supuso ya entonces una pequeña revolución.

Todo programa electoral es, por definición, ambicioso. Otra cosa es que sea realista. El laborismo de Starmer, que persigue una “renovación nacional” del país con una serie de reformas que potencien el crecimiento económico, hace especial hincapié en la energía renovable. Pretende duplicar el número de parques eólicos en superficie terrestre, triplicar las plantas de energía solar y multiplicar por cuatro las instalaciones eólicas marinas flotantes. 650.000 nuevos empleos contemplados en el Plan de Prosperidad Verde, que pretende convertir al Reino Unido en una “superpotencia de energía verde”.

La gran promesa del Partido Laborista, en la que lleva trabajando los últimos dos años, será la creación de una nueva compañía energética pública, Great British Energy, que haga posible una reducción real de las facturas del gas y la electricidad. Starmer y su ministra de Economía, Rachel Reeves, aseguran que pueden convencer a la industria privada y a los sindicatos para que se unan en un proyecto que facilitará la inversión en nuevas tecnologías y permitirá la producción local de energía. El nuevo Gobierno se ha comprometido a inyectar a la nueva empresa un capital de casi 10.000 millones de euros.

Las primeras medidas

El gran obstáculo de gobiernos anteriores para desarrollar nuevas instalaciones de energía renovable —parques eólicos o solares— han sido los llamados nimbys. La palabra viene del acrónimo NIMBY (Not In My Backyard, No En Mi Patio Trasero), y hace referencia a todos esos ciudadanos que respaldan la energía verde, siempre que no afecte al paisaje que les rodea.

Starmer y su equipo están dispuestos a modificar drásticamente las leyes que regulan la planificación urbanística y de infraestructuras en el Reino Unido, que otorgan una voz e influencia exageradas a los propietarios ante futuros proyectos públicos, ya sea la instalación de molinos o la construcción de vivienda social.

El anterior ministro, Michael Gove, impuso a los promotores de nuevos parques eólicos la obligación de demostrar que contaban con el apoyo de la comunidad afectada, para el caso de que las instalaciones no estuvieran ya contempladas en los planes locales de desarrollo urbano. Aunque la medida buscaba, paradójicamente, debilitar la prohibición de facto que impuso el anterior Gobierno conservador de David Cameron a la construcción de nuevas centrales, para cortejar el voto tory del sur de Inglaterra, el efecto fue el contrario. Cualquier voz contraria a un nuevo proyecto lograba paralizarlo.

El equipo de Milliband eliminó esa medida en sus primeros días al mando del departamento. “Todas las familias han pagado el precio de esa capacidad de veto, con facturas energéticas mucho más costosas (...) y ha frenado nuestra lucha contra el cambio climático”, ha asegurado el nuevo ministro, que cuenta con el respaldo entusiasta de la industria de las renovables y de las organizaciones no gubernamentales.

“El pasado abril, los estudios realizados por Friends of Earth (Amigos de la Tierra) demostraron que, con el uso de menos del 3% del terreno de Inglaterra destinado a energía eólica o solar, se podría producir hasta trece veces más energía limpia de la que se produce en la actualidad. Lo suficiente para cubrir hasta dos veces las necesidades de todos los hogares ingleses”, ha asegurado Mike Childs, el director de Investigación, Ciencia y Políticas Públicas de esa organización.

Milliband ha dado además luz verde a la construcción de tres nuevas plantas solares en la región de las Midlands (Tierras Centrales) de Inglaterra, que ocuparán una extensión de casi 30 kilómetros cuadrados y pueden llegar a abastecer las necesidades de 400.000 viviendas. La decisión de permitir que se realizaran estos proyectos llevaba meses aparcada en un cajón del ministerio.

El nuevo Gobierno laborista revelará con detalle gran parte de sus planes contra el cambio climático previstos a lo largo de la legislatura este miércoles, en el llamado Discurso del Rey. Carlos III leerá ante el Parlamento, en la ceremonia de apertura del nuevo periodo de sesiones, el programa legislativo de Starmer.

Gran parte del ímpetu climático de la nueva era política que abre el Reino Unido tiene que ver, no tanto con todos los planes y proyectos anunciados, como con la demolición de la estrategia energética del anterior Gobierno conservador de Rishi Sunak, que impulsó un retroceso de muchos de los compromisos previos en la lucha contra el calentamiento global.

En diciembre de 2022, Downing Street concedió a la empresa West Cumbria Mining el permiso para abrir una mina de carbón en la región de Cumbria, la primera que se iba a desarrollar en el país en los últimos 30 años. Aferrándose al precedente establecido por el Tribunal Supremo del Reino Unido hace un mes, que frenó una prospección petrolífera en Surrey porque “no se había considerado el impacto climático generado por el uso de más combustible fósil”, el Gobierno de Starmer ha renunciado a combatir en los tribunales dos recursos contra la nueva mina de sendas organizaciones no gubernamentales. El modo más evidente de dejar claro que Downing Street ya no respalda ese proyecto, que acabará siendo abandonado.

Puedes seguir a Clima y Medio Ambiente en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal