La Fiscalía de Medio Ambiente critica la “confusión” creada con los perros peligrosos en la ley de bienestar animal

La tormentosa tramitación de la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales tuvo un último giro de guion con los llamados hasta ahora perros potencialmente peligrosos, ocho razas que la normativa vigente considera que por sus características físicas pueden “causar la muerte o lesiones”. Los borradores de la ley de bienestar animal, que entró en vigor el 29 de septiembre, contemplaban la eliminación de ese listado de razas, que sería sustituido por test de sociabilidad que permitieran analizar y clasificar a cada animal de forma individual y no de forma indiscriminada. Pero en el último momento de la tramitación ese cambio se eliminó.

Estos vaivenes han generado desconcierto, y no solo entre los dueños de estos perros, que deberán seguir llevándolos siempre con bozal —incluso en parques caninos— y con correa corta, además de contar con un seguro obligatorio y una licencia. Hasta el área de medio ambiente de la Fiscalía General del Estado han llegado consultas verbales y por escrito de las policías locales de algunos municipios y de fiscales especializados en estos temas sobre la forma en la que deben actuar tras la entrada en vigor de la ley hace algo más de dos semanas.

Para intentar aclarar la situación actual, Antonio Vercher, el fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, acaba de mandar un escrito al resto de fiscales y las fuerzas de seguridad en el que desliza una crítica por “la situación de inestabilidad” creada con la norma. Porque, mientras se aprobaba la ley en marzo, el Ministerio de Derechos Sociales aseguró que en el futuro reglamento de desarrollo de la norma sí se eliminará el listado de razas potencialmente peligrosas para sustituirlo por esas pruebas de sociabilidad. Ante la “cierta confusión” generada, el área que dirige Vercher ha elaborado un escrito para “clarificar” las dudas que le han llegado.

El fiscal coordinador de medio ambiente, tras repasar la normativa vigente sobre perros potencialmente peligrosos, pide a los representantes del ministerio público que procedan “tal y como se ha venido haciendo” desde enero de 2015, cuando Vercher difundió unas instrucciones que supusieron un cambio en la forma de afrontar los ataques de este tipo de canes a otros animales y a seres humanos.

Hasta ese momento, los fiscales solían considerar como una falta los ataques cuando los perros potencialmente peligrosos no fueran debidamente atados. Pero, a partir de 2015, se empezó a considerar como un delito por el ministerio público, lo que podría acarrear penas de entre uno y dos meses de cárcel para los dueños. En su momento, Vercher justificó ese cambio en el aumento de este tipo de ataques en España.

Ese futuro reglamento que desarrollará la ley y que eliminará la clasificación de las razas potencialmente peligrosas está parado a la espera de que se forme el nuevo Gobierno. Y todo dependerá del equipo que finalmente se encuentre al frente de la Dirección General de Derechos de los Animales, que hasta ahora ha estado en el Ministerio de Derechos Sociales, es decir, en manos de Unidas Podemos.

El director general actual, Sergio García Torres, sostiene que el listado de razas peligrosas se modificará cuando se dé el visto bueno al reglamento, porque la actual legislación supone una estigmatización de determinados canes, a pesar de que no existe una base científica para asociar ciertas razas caninas con agresividad. Lo que sí aparecen son individuos violentos que pueden pertenecer a cualquier tipo de raza, aunque esta no se encuentre dentro de las consideradas peligrosas.

Test de sociabilidad

Los veterinarios y profesionales del sector están de acuerdo con estas consideraciones por ser justas para los perros. Pero, el problema, apuntan, es que una vez que se elimine la clasificación, es necesario determinar qué individuos son los conflictivos, y en qué va a consistir el test de sociabilidad que se proponía en el anteproyecto. Todo ello, en medio del miedo que generan estos animales. Hay muchas personas que se cruzan de acera cuando los ven acercarse, a pesar de que porten el bozal y la correa reglamentaria.

En su escrito, Vercher considera “planteamientos muy loables, harto positivos” y provistos de “lógica y sentido común” los argumentos en favor de desestigmatizar determinadas razas independientemente de su comportamiento. Sin embargo, añade el fiscal, “el problema reside en los duros resultados prácticos que finalmente se pueden producir” cuando se produce un ataque a otro perro o a un ser humano.

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