Andalucía ordena el cierre de todos los vasos de residuos no peligrosos del vertedero de Nerva

La Junta de Andalucía ha ordenado el cierre temporal de los dos vasos de residuos no peligrosos activos del vertedero de Nerva (Huelva), tras constatar que la cantidad de desechos depositada tanto en ellos como en el que ya se clausuró en 2022 superan en más de 2,86 millones de toneladas el máximo de capacidad permitida. La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul ha acordado también multar con 1.686.824 euros a la empresa Diseño de Soluciones Medioambientales (DSM), que gestiona el vertedero, a la que acusa de haber “falseado los datos exigidos por la normativa aplicable” de manera “intencionada”, generando “un riesgo para la salud e integridad de los trabajadores del vertedero” por la “posible falta de seguridad” ante la “insuficiencia de garantías de estabilidad del dique de contención” del sumidero onubense teniendo en cuenta el volumen total acumulado, de acuerdo con el procedimiento sancionador al que ha tenido acceso este diario.

Esta decisión, que DSM ha anunciado que recurrirá, obliga al cese de la actividad de los vasos II y III, solo quedarían en activo los vasos IV y V en el que se depositan residuos peligrosos, después de en 2022 se ejecutara el cierre del vaso I, ordenado en 2005. Los tres reductos que se clausuran suponen el 71% de la superficie de la sima. El futuro de este vertedero, que sigue recibiendo unas 100.000 toneladas de residuos del extranjero y de España, es incierto, toda vez que la presión de los vecinos de Nerva y de los grupos ecologistas ha crecido en los últimos años, reclamando su clausura definitiva.

Precisamente, fue el cierre del vaso I el detonante que ha permitido constatar que la empresa gestora, presuntamente, ha estado ocultando la cantidad de residuos almacenada en el vertedero. DSM solicitó en 2019 una modificación de la autorización ambiental integrada, el permiso necesario para la explotación de la sima y que establece una serie de condiciones, entre ellas su capacidad total. El proyecto presentado ocupaba la totalidad de ese vaso y la administración, en julio de 2021, le pidió que lo subsanara. En octubre de ese año se remitió la propuesta alternativa que contemplaba el uso de los vasos II y III. En mayo de 2022, el Departamento de Residuos y de Calidad del Suelo de la Consejería de Sostenibilidad requirió un estudio para descartar que se hubiera superado la capacidad autorizada y constatar si, en realidad, lo que se pretendía era una ampliación del vertedero.

Como la información ofrecida por DSN no parecía suficiente, la administración realizó su propia inspección a través de una empresa especializada que mediante la aplicación del método gravimétrico, una técnica geofísica para determinar las variaciones en la densidad del subsuelo, concluyó que la suma total de los residuos contenidos en los vasos I, II y III era de 10.253.665 toneladas, 2.869.554 toneladas más que las 7.384.111 toneladas establecidas en la autorización ambiental integrada y que contempla la suma de las masas de los tres vasos y el recrecido total. Esos casi tres millones de toneladas suponen, según el informe, un exceso del 39% respecto de la capacidad prevista.

Las mediciones de Geognosia, la empresa que realizó el estudio, son muy claras. El vaso I, que ya estaba clausurado cuando se realizó la toma de datos en septiembre de 2022, tenía una masa de 1.643.516 toneladas, cuando su capacidad máxima prevista era de 771.810; la capacidad máxima para los II y III, junto con el recrecido final, estaba fijada en 3,87 millones de toneladas, según la autorización ambiental integrada, pero el informe gravimétrico constató que ascendía a 8,6 millones.

Es a este sistema de medición al que se aferra la empresa que gestiona el vertedero para justificar su recurso, según ha confirmado a través de un comunicado. “El procedimiento sancionador se basa en un informe técnico externo realizado con un método inapropiado e impreciso y que arroja resultados imposibles de alcanzar para un depósito de este tipo”, alega DSM. En la nota, la explotadora advierte de que adoptará las medidas necesarias para acreditar que ha gestionado la instalación “cumpliendo con todos los condicionantes exigidos” y que exigirá la depuración de responsabilidades por el daño reputacional que se le está causando.

“Voluntad de confundir o engañar”

A la vista de estos datos, la Junta considera que las diferencias entre lo permitido y lo realmente almacenado “son considerables” y que no pueden achacarse al método empleado por la explotadora para la determinación de la masa que se deposita porque “a la entidad dedicada profesionalmente a la gestión de residuos se le asume capacidad y conocimiento técnico suficiente para llevar ese control”. Esa experiencia en la gestión es lo que lleva a la administración a colegir que DSM “presuntamente falseó los datos exigidos por la normativa aplicable” y que tenía “voluntad de confundir o engañar sobre la masa depositada y sobre el estado de la instalación en relación con lo autorizado”.

La Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación establece que cuando se aumenta en más de 25.000 toneladas las cantidades acumuladas en vasos de residuos no peligrosos se debe solicitar una modificación sustancial de la autorización ambiental integrada, una situación que en el vertedero de Nerva se sobrepasaba con creces. La empresa gestora, sin embargo, nunca requirió una modificación en esos términos, pese a que las más de 2,8 millones de toneladas superan en casi 115 veces el límite de la capacidad prevista, advierte la Junta.

La Consejería de Sostenibilidad también alerta sobre el riesgo de accidente que se puede derivar del sobredimensionamiento del almacenaje de los recursos, teniendo en cuenta la fragilidad actual del dique de contención que separa los vasos de residuos no peligrosos, constatada en la última inspección llevada a cabo por la administración, en la que se observaron cárcavas y filtraciones en el terreno. Junto con esta situación, también llama la atención sobre la falta de un estudio de la estabilidad del elemento de contención adecuado a la masa y densidad realmente detectadas, que hay que sumar al hecho de que los realizados con la referencia de los parámetros recogidos en la autorización ambiental ya estaban “muy ajustados a los mínimos asumibles”. Condicionantes todos que llevan a advertir a la Junta que “las implicaciones sobre la seguridad son desconocidas y evidencian un riesgo derivado para la integridad de los trabajadores y para el medio ambiente”.

DSN, por su parte, considera “infundadas” las insinuaciones sobre la seguridad de la instalación porque, sostiene, “no se han basado en ningún estudio técnico ni en ningún hecho objetivo” y asegura que la estabilidad de las instalaciones “ha sido evaluada por informes técnicos independientes de empresas de reconocido prestigio”. En el comunicado también

Clausura temporal

Por todo ello, la Junta ha ordenado la clausura temporal de los vasos II y III y minimizar los trabajos hasta tener los estudios de estabilidad y valoración de riesgos adecuados a las condiciones reales, que ha encargado a DSN, como paso previo para la clausura definitiva con todas las garantías. Además de ese plan, la empresa también deberá redactar otro de monitorización y seguimiento del comportamiento del dique del vertedero. Ambos deberán ser valorados con la Consejería de Sostenibilidad. La Administración también ha impuesto a DSN, como responsable de una presunta infracción muy grave de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, una multa de 1.67 millones de euros.

La sanción y la revelación de las presuntas irregularidades cometidas por la empresa que gestiona el vertedero complican su intención de prorrogar la vida del vertedero. La autorización ambiental integrada para las instalaciones de tratamiento de residuos de Nerva se otorgó el 30 de abril de 2008 a favor de Befesa Gestión de Recursos Industriales, S. L. Con posterioridad se realizaron varias modificaciones de la autorización inicial y también el cambio de su titularidad, que el 5 de mayo de 2017 pasó a manos de DSM.

El vertedero de Nerva, a menos de un kilómetro del municipio onubense de 5.100 habitantes, lleva 25 años atormentando a sus vecinos por los malos olores y el riesgo de contaminación medioambiental. Hace un año la polémica salió del perímetro de la localidad cuando trascendió el traslado a granel de 18.800 toneladas de granalla desde Montenegro, que finalmente abortó el Gobierno de España. La nueva ley andaluza de economía circular ha blindado al vertedero de ser el contenedor de residuos peligrosos que vengan del extranjero o del resto del territorio español. Solo se admiten los generados en la comunidad.

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