Cuatro ediles del PP de Nerva abandonan el partido en protesta por el vertedero que la Junta se niega a cerrar

Después de 25 años de residuos tóxicos, los vecinos de Nerva (5.300 habitantes, Huelva) se han manifestado infinidad de veces para intentar cerrar su vertedero, un caso excepcional en España por la extrema cercanía de la instalación a la población, menos de 700 metros. Entre los residentes más indignados destacan desde el pasado jueves los cuatro concejales del Partido Popular, que hartos de las promesas de la Junta para cerrar el basurero de residuos peligrosos, han dicho basta y abandonarán en breve sus actas en protesta por la inacción de sus compañeros de partido en el Gobierno regional.

“La política medioambiental de la Junta es nefasta. Llevan cuatro años de reuniones mareando la perdiz para tenernos entretenidos. Son los poderes económicos que lo controlan todo y no seremos los títeres, nosotros entramos en política por el futuro de Nerva”. José Antonio Lozano, líder del grupo popular en la localidad onubense, está furioso y decepcionado con su partido y la sucesión de promesas falsas que ha recibido desde 2019, cuando el PP tomó las riendas de la Junta andaluza con supuestos aires de cambio.

Los cuatro concejales que ahora tiran la toalla se han reunido para lograr el ansiado cierre con la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, el PP de Huelva y la empresa DSM. La compañía busca prolongar la vida del vertedero varios años, motivo de conflicto con la población de Nerva, cansada tras un cuarto de siglo de los malos olores y el peligro potencial de derrames y contaminación medioambiental.

El vertedero de Nerva fue centro de la polémica hace un año cuando saltó a la luz el traslado a granel de 18.800 toneladas de granalla desde Montenegro hasta Sevilla en barcos tras bordear Doñana por el Guadalquivir y luego en camiones hasta Nerva. Estos viajes pusieron de relieve el tráfico internacional de residuos, que es legal, y cómo España recibe mucho más basura industrial peligrosa de la que exporta (923.299 toneladas importadas por 101.077 exportadas), con Nerva como una de sus principales cloacas.

“Montaron la instalación engañando al pueblo y Nerva solo ha tenido promesas incumplidas desde 1995, cuando la instalación iba a ser la salvación del pueblo y solo ha dado 30 empleos. Engañaron a los mineros para sacarlos de las primeras manifestaciones en contra del vertedero”. ¿Qué pasará ahora con el PP? “Pues la papeleta no es fácil, pero cuando nos llamaron la última vez les dejé claro que nos íbamos”, explica Lozano sobre su decisión compartida con Jerónimo Delgado, Remedios Cid y José Manuel Flores. El PSOE gobierna el Ayuntamiento con siete concejales, cuatro tiene el PP y dos IU, pero Lozano habla de las “decenas de votos” que le faltaron en las últimas elecciones para hacer una pinza y desbancar a los socialistas de la mano de IU.

La Junta local del PP de Nerva pidió a la dirección provincial del partido una fecha de cierre y propuso el límite de 2026, pero fue rechazado: “No hay ninguna intención de cerrar el vertedero a corto o medio plazo, a pesar del informe topográfico de 2014 que evidenciaba el próximo llenado de las instalaciones, incluido el recrecido”, informó la formación en un comunicado. El presidente del PP en Huelva, Manuel Andrés González, critica la salida de sus concejales: “Están completamente equivocados, el Gobierno de Juan Manuel Moreno trabaja por el cierre del vertedero. Es normal el relevo, en todos los pueblos pasa”, comenta tras añadir que conoce la decisión desde hace más de un año.

El futuro del vertedero es incierto, pero de momento sigue recibiendo residuos desde el extranjero y territorio nacional, unas 100.000 toneladas de basura tóxica al año, según cálculos del PP local. La intención de DSM es ampliar su capacidad, para lo que ha pedido al Ayuntamiento de Nerva (PSOE) una licencia urbanística. El Consistorio estudia ahora la manera de denegarla porque su objetivo es el cierre, pero la última vez que se opuso, el Tribunal Superior de Justicia andaluz (TSJA) le obligó a concedérsela.

“Intentamos rechazar la licencia, pero la Junta está de perfil y nos deja a los pies de los caballos. Ahora vendría la fase dos y tres, que serían otros 25 años sin contraprestación a cambio”, critica el alcalde socialista de Nerva, José Antonio Ayala.

En paralelo a la ampliación solicitada al Ayuntamiento, DSM ha pedido a la Junta una segunda autorización para “mejorar su actividad interior”, según fuentes de la Consejería de Sostenibilidad, que asegura que esta transformación no implica un recrecimiento del vertedero. “Trabajamos en un cierre ordenado siempre respetando la seguridad jurídica y las normas vigentes”, alegó el pasado viernes Ramón Fernández-Pacheco, consejero de Sostenibilidad. Sin embargo, el Ejecutivo sigue sin dar una fecha de cierre.

Para la Comisión por el cierre del vertedero ya, formada por asociaciones locales y todos los partidos excepto el PP, el cierre ordenado esgrimido por la Junta es “una cortina de humo, no siendo un término técnico ni jurídico”.

El pasado verano el Ministerio de Transición Ecológica anuló el envío desde Montenegro a Nerva y multó a la empresa francesa responsable tras una inspección de la Guardia Civil a sus barcos. Hace un mes el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se reunió con el alcalde y la plataforma anti vertedero para mostrarles su apoyo al cierre y prometió visitar Nerva antes de finales de abril.

Para los ecologistas, la instalación representa un peligro creciente con el accidente de Zaldibar (Bizkaia) en el retrovisor. “El vertedero hay que cerrarlo porque en algunos sitios sobrepasa el nivel del muro de escollera y la montaña en sistema de bancales no tiene sujeción, está a la intemperie. Con lluvias torrenciales, la filtración de los residuos será por arrastre, como pasó en Zaldibar”, lamenta Juan Romero, portavoz de Ecologistas en Acción en Huelva. Romero critica que este vertedero ejecute el enterramiento “puro y duro”, cuando la directiva europea prima la inertización y obliga a las mejores técnicas disponibles para evitar “el mero enterramiento de sustancias peligrosas”.

Ante el nivel de colmatación del vertedero, varios alcaldes de pueblos del sur de Badajoz han mantenido reuniones con DSM y otras empresas para instalar un basurero tóxico en su término municipal, pero de momento las negociaciones no han cuajado por la oposición vecinal, entre otros motivos.