El juez deja en libertad con cargos a los dos activistas que se pegaron a ‘Las majas’ de Goya y a las otras dos acusadas de ayudarlos
PP y Ciudadanos piden endurecer el castigo contra las protestas que tengan como objetivo obras de arte aunque estas no resulten dañadas
El juez de instrucción número 29 de Madrid, en funciones de guardia, ha dejado en libertad a las cuatro personas detenidas el sábado después de que dos activistas pegasen sus manos a los marcos de los cuadros La maja desnuda y La maja vestida de Goya e hicieran una pintada en la pared del Museo del Prado como protesta para denunciar la ausencia de medidas suficientes para frenar el calentamiento global. A los cuatro se les imputa un supuesto delito contra el patrimonio histórico-artístico. Dos de las detenciones se produjeron el sábado y las otras el domingo, después de que las fuerzas de seguridad hallaran indicios contra dos mujeres tras examinar los vídeos grabados por las cámaras de seguridad del Prado.
El delito por el que se los investiga prevé para sus autores penas de seis meses a tres años de prisión o multas, si bien exige que la obra de arte haya resultado dañada, algo que según el Museo del Prado, que condenó la protesta, no ocurrió en este caso con los cuadros, si bien los marcos sí sufrieron “ligeros desperfectos”.
Los dos jóvenes que se pegaron a los cuadros pertenecen a Futuro Vegetal, mientras las otras dos mujeres detenidas son una periodista y una estudiante que grabaron el suceso y que, según las primeras pesquisas de la policía, habrían participado en la acción climática. “Estoy aquí pegado porque la semana pasada la ONU hacía oficial que ya es imposible contener el calentamiento del planeta en 1,5º, sobrepasando los límites marcados en el Acuerdo de París y comprometiendo nuestra seguridad alimentaria”, afirmó uno de los activistas.
PP y Ciudadanos han pedido este lunes elevar el castigo por actos de protesta en los que se vean involucradas obras de arte. Los populares han anunciado que presentarán una iniciativa en el Congreso para instar a castigar penalmente aquellos actos que, aunque no llegan a dañar obras, impidan al público contemplarlas. “Nos parece interesante que se incorpore la figura de daño patrimonial y deslucimiento”, ha afirmado la diputada Sol Cruz-Guzmán, “el perjuicio social que impide ver esa obra debería estar penado”. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado que su partido presentará una propuesta de reforma de la Ley de Patrimonio Histórico para “sancionar con multas que sean disuasorias” comportamientos como el de los activistas del Prado. “Son acciones contraproducentes para la causa que dicen defender”, ha declarado Arrimadas en una conferencia de prensa. Vox ha criticado, por su parte, el grado de seguridad de los museos nacionales y ha acusado a los activistas y a quienes los defienden de “talibanes de occidente, que destruyen el patrimonio cultural”.
El diputado de Unidas Podemos y coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, ha criticado por su parte que además de los dos activistas detenidos el sábado, acabaran siendo detenidas también una periodista y una estudiante que grabaron lo sucedido. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) han diferenciado, por su parte, el trabajo periodístico de lo que puede haber sido, de demostrarse los cargos, una complicidad con una actuación ilegal.
La entidad Futuro Vegetal ha asegurado que el objetivo de la acción, que se suma a otras que se han producido en las últimas semanas en museos como la National Gallery de Londres o el museo del Palacio Bonaparte en Roma, es denunciar la situación de emergencia a la que se enfrenta la Tierra. Su portavoz, Bilbo Basaterra, se ha mostrado convencido este lunes de que Francisco de Goya “estaría de acuerdo” con una protesta como la que llevaron a cabo los activistas de su organización con el argumento de que utilizó sus obras para “denunciar situaciones de desigualdad”.
Fuentes del museo, que el sábado condenó los hechos, han señalado, por su parte, que esperan ser llamadas a declarar por el juzgado que instruye la causa y que “defenderán activamente” ante él el patrimonio común.
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