La ciencia climática cumple con su deber de desobediencia civil

Julia Steinberger es menuda y valiente. Es una científica de renombre internacional, especializada en economía ambiental, hija del premio Nobel de Física Jack Steinberger y coautora del tercer capítulo del último informe del IPCC, que trata de las soluciones de transformación frente a la crisis climática. La semana pasada, salió a la calle y se puso de pie frente a un camión, arriesgando su integridad física para cortar el tráfico de una autopista en Suiza, con un colectivo de militantes ambientales que reclama un cambio radical y masivo de la acción climática pública. Se expuso voluntariamente en una acción de desobediencia civil no violenta que, poco después, la llevó a ser detenida por la policía suiza.

Esta semana, en Alemania se reúnen decenas de científicos y científicas de toda Europa que, como Julia Steinberger, realizan acciones de desobediencia civil no violenta, dispuestos a sacrificar sus carreras y su libertad. Tras cuatro décadas usando las herramientas de que dispone la ciencia, como la investigación y publicación de artículos científicos, colaboración en informes internacionales, divulgación científica o participación en comisiones parlamentarias, es la última opción que les queda para que la sociedad exija a sus Gobiernos los cambios drásticos que el conjunto de la comunidad científica lleva años reclamando en vano. Los miembros del colectivo Rebelión Científica son científicos, académicos y expertos, muy a menudo de primera importancia en sus disciplinas a nivel mundial, que han asumido el fracaso de sus avisos a los responsables políticos y económicos. El pasado 6 de abril, con motivo de la publicación de la última parte del informe científico del IPCC, lanzaron su mayor acción colectiva en España, al manchar de sangre falsa biodegradable el Congreso de Diputados. Sus demandas, publicadas en EL PAÍS, reciben un apoyo social nacional e internacional cada vez más importante, porque la aplastante mayoría de la ciudadanía en Europa y en España confía en lo que dice la ciencia y considera que los Gobiernos actuales son incapaces de actuar en consecuencia tanto a nivel nacional como internacional.

La tragedia de la ciencia climática

Recordemos que la COP 26 en 2021 en Glasgow acabó en un criminal fracaso. La cumbre internacional “traicionó los fundamentos sobre los que se construyó la ONU: un compromiso de poner a la gente por delante de los países o los estados”, según la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard. Los líderes del mundo habían escuchado a la ciencia, pero sin emprender ninguna acción climática a la altura del extremo peligro anunciado, porque los intereses de los principales grupos económicos y de los grandes estados impiden reducciones rápidas, profundas y sostenidas de emisiones globales de gases de efecto invernadero. La COP27 que se organiza en Egipto en noviembre 2022 promete ser otra vez lo mismo: la terrible exhibición de la imposibilidad de imponer las soluciones de cambio radical que la ciencia recomienda para revertir una trayectoria mortífera de calentamiento global.

Ésta es precisamente la “tragedia de la ciencia climática” que analiza Bruce Glavovic, un eminente científico ambiental. Bruce Glavovic participó durante varios años en los informes del IPCC y llegó a una conclusión demoledora: ya no necesitamos más ciencia para demostrar la magnitud del colapso climático. Ya no hace falta presentar más informes científicos internacionales en la COP27, dado que la evidencia del extremo peligro está definitivamente demostrada y asentada: “La tragedia consiste en seguir investigando cuando el problema es político, desviando la atención de donde realmente radica el problema”.

Esta conciencia profunda de la tragedia en curso la comparte actualmente la gran mayoría de los 234 mejores científicos del mundo que han trabajado en el último informe del IPCC. Un estudio recientemente publicado en la revista Nature reveló que, para gran parte de los científicos encuestados, si se prolonga la inacción política, llegaremos a vivir un aumento de temperatura global de 3 grados. El 88% de ellos considera que significa un verdadero desastre climático, detalladamente previsto, cartografiado y cuantificado por la ciencia. Y las últimas previsiones no paran de empeorar: en Francia, la agencia de meteorología anuncia un aumento de 3,8 grados para 2100 en caso de emisiones moderadas. Ya estamos viviendo en el planeta entero las primeras señales irrefutables: olas de calor sin precedentes, sequías históricas, fenómenos meteorológicos extremos que desencadenan o agudizan una serie de crisis energéticas, alimentarias, sanitarias, políticas y sociales en un contexto geopolítico de regresión de las ambiciones de la acción climática internacional provocado por la guerra de Ucrania.

La desobediencia civil

La desobediencia civil no violenta de la comunidad científica es ahora más legítima que nunca y ni es una postura simbólica ni releva de un “fanatismo climático”. Muchos científicos y científicas están saliendo de sus laboratorios y se atreven a manifestar en las calles como nunca antes porque miden perfectamente su histórica responsabilidad social, política y jurídica. La prestigiosa revista Lancet Planetary Health llamó a toda la comunidad científica a sumarse cuanto antes a estas acciones de desobediencia civil científica, con el lema Walking the talk (predicando con el ejemplo).

Pasar de las palabras a los hechos no significa faltar a la neutralidad científica sino asumir un deber de desobediencia plenamente legal y democrático. A lo largo del siglo XX, desde D. Thoreau a Hannah Arendt, pasando por J. Rawls, se ha teorizado la legitimidad política de la desobediencia civil no violenta, pero sobre todo, desde un punto de vista jurídico se ha formalizado un renovado derecho de resistencia, ius resistendi, habilitando un verdadero deber de desobediencia cuando se trata de circunstancias extremas y de situación de riesgo inminente de la vida, los derechos humanos y la seguridad. El Tribunal de Nuremberg sentó una jurisprudencia internacional fundamental al respecto, ya que precisamente el no ejercer un deber de desobediencia fue el argumento clave para la condenación de criminales de guerra y funcionarios nazis.

Muy recientemente el régimen jurídico de responsabilidad se ha ampliado con las condenas de varios estados europeos como Francia o Países Bajos, por inacción climática e “incumplimientos en la lucha contra el calentamiento global”. Estas sentencias formulan la obligación judicial de reducir las emisiones, basándose en varios artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos. En este contexto inédito de criminalización de la inacción climática de los gobiernos, la desobediencia colectiva de la ciencia cumple con un deber de justa resistencia y de legítima defensa de la vida rigurosamente fundadas en derecho.

El colectivo Scientist Rebellion pide a toda la comunidad científica que asuma este deber de resistencia y tenga la valentía de decir en público lo que la mayoría de los expertos dicen en privado: la supervivencia de nuestra especie está directamente amenazada, porque el objetivo de contener el aumento global de temperatura en un 1,5 grados marcado por los acuerdos de París en 2015 es, tras estos siete años transcurridos de inacción, definitiva y factualmente imposible de concretar. En coalición con los grupos de acción climática Last Generation, Debt for Climate y End Fossil Occupy, bajo el nombre de United-Against-Climate-Failure (Unidos frente al fracaso climático), más de 100 científicos/as y académicos/as de unos 12 países realizan una serie de bloqueos y de acciones de desobediencia civil en Alemania. Reclaman al gobierno de la primera potencia económica en la Unión Europea que reconozca ante la opinión pública y los demás países europeos que un aumento controlado de 1,5 grados de temperatura global es un objetivo ya inalcanzable y que ninguna solución tecnológica permite actualmente revertir esta dinámica. Sólo reconociendo la máxima gravedad de la situación actual se podrá emprender el cambio radical de sistema que supone la descarbonización masiva y acelerada recomendada por los científicos del IPCC.

No es la primera vez en nuestra historia que la comunidad científica recurre a la desobediencia civil no violenta. El riesgo de guerra nuclear originó la primera movilización masiva de la comunidad científica en el siglo XX y sigue siendo dramáticamente actual, con la escalada de amenazas de la guerra de Ucrania. Muchos científicos se comprometieron hasta terminar en la cárcel, como lo hizo el astrofísico Carl Sagan en 1986 en EE UU al saltarse un cordón de seguridad policial para ocupar un centro de pruebas nucleares. El manifiesto que publicaron Bertrand Russell y Albert Einstein contra las armas nucleares en 1955 en plena Guerra Fría ya lo decía claramente a toda la comunidad científica y a todos nosotros. Ante el máximo peligro de aniquilación: “Recuerda tu humanidad y olvida el resto”.

Agnès Delage Amat es catedrática de ciencias sociales (Aix Marseille Université, Telemme-CNRS), Elena González Egea es doctora de astrofísica por la universidad de Hertfordshire y Marta Rivera Ferre es profesora de investigación del CSIC en INGENIO (CSIC-UPV) y coautora IPCC e IPBES

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