Hallados restos de zinc y arsénico en las uñas de los vecinos: así es la verdad científica de los fosfoyesos acumulados en Huelva

El comité de 20 expertos científicos es tajante sobre el plan previsto para enterrar las 120 millones de toneladas tóxicas de fosfoyesos almacenadas junto a Huelva: alerta de que solo pospone y no soluciona el problema medioambiental y de salud pública, así como del “rápido hundimiento asimétrico” y del riesgo de colapso de las balsas. Es una herencia contaminada para las próximas generaciones, que sufrirán su impacto: “El proyecto presentado por Fertiberia no puede ser considerado como una solución definitiva para la restauración y recuperación de las marismas afectadas por las balsas de fosfoyesos”, reza el informe final entregado hace un mes a Gabriel Cruz (PSOE), alcalde de la ciudad andaluza (150.000 habitantes) y al que ha tenido acceso este diario. Pero el informe dice muchas más cosas. Por ejemplo, que los datos demuestran que los vecinos que viven más cerca de los apilamientos presentan más restos de zinc, arsénico, selenio y molibdeno en sus uñas que los onubenses de otros barrios. “De momento, solo hemos estabilizado al enfermo y ganado tiempo. El enterramiento no resuelve el problema, lo amortigua. El problema puede ser para nuestros hijos o nietos”, augura José Rodríguez, presidente del comité de expertos y vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Huelva. Los fosfoyesos acumulados en 1.200 hectáreas son la herencia de haber producido ácido fosfórico para fertilizantes para la agricultura entre 1968 y 2010, y acumularlos a escasos metros del mar.

“El proyecto de Fertiberia no evalúa el impacto de la bioacumulación de tóxicos en la población, ni sus posibles consecuencias; no considera los escenarios del cambio climático en las diferentes hipótesis de cálculo de seguridad, ni establece medidas compensatorias a las zonas afectadas”, critican los investigadores. El informe censura que el plan de restauración de los apilamientos carezca de estudio sísmico propio, tenga una caracterización geológica incompleta de los materiales de la cimentación y base de las balsas; su modelo de funcionamiento hidrogeológico sea incorrecto al no relacionar las aguas subterráneas, las superficiales y la balsa de fosfoyesos; y no evite el flujo y transporte de contaminantes hacia el medio ambiente. Los expertos han identificado 60 salidas de líquidos “altamente contaminantes” hacia la marisma con valores de pH de 1.94 [mucho más ácida que el agua del estuario, cuyo pH está entre 4 y 8].

Tras haber metido en un cajón los informes científicos durante un año y medio sin convocar la mesa de participación —que informa a los partidos políticos, sindicatos, colectivos vecinales y ecologistas—, una portavoz del Ayuntamiento asegura que en septiembre transmitirá los inquietantes datos recabados desde 2015 sobre estos terrenos tóxicos. El regidor onubense ha rechazado responder al respecto. Al margen de que el Consistorio dé el paso o no, la Universidad de Huelva convocará unas jornadas de puertas abiertas para que los ciudadanos conozcan qué ha averiguado la ciencia sobre los apilamientos de fosfoyesos tras estudiarlos al detalle.

Los científicos quieren transmitir sus conclusiones a la Junta para que esta apruebe o no el proyecto, pero a sabiendas de los peligros que implica el enterramiento. Es posible que el Gobierno andaluz se pronuncie antes de la investigación, financiada por la propia Junta con 200.000 euros, y no llegue a los políticos y técnicos que tienen que decidir al respecto. “Se debe iniciar un proceso para buscar propuestas de restauración y recuperación de las marismas afectadas (…) que reduzca al máximo posible el impacto sobre el medio ambiente, garantizando la seguridad de la población a largo plazo”, concluye el informe. Las marismas del estuario del río Odiel fueron declaradas Reserva de la Biosfera por la Unesco en 1983.

En 2020 el Ministerio para la Transición Ecológica dio su visto bueno al proyecto de restauración, tasado en 66 millones; hace tres meses el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) dictaminó que ofrece seguridad radiológica y ahora la Junta de Andalucía ultima su permiso medioambiental para que antes de finales de año empiecen las obras.

El mes pasado, los seis grupos de trabajo de expertos de las universidades de Huelva y Granada, el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto Geológico y Minero (IGME) y el ISGlobal consensuaron sus conclusiones para datar los aspectos clave que analizan y dimensionan el peligro: salud pública, hidrogeología y calidad del agua, calidad del aire, evaluación radiológica y geología del subsuelo. El resumen es que a la solución de enterrar los fosfoyesos bajo medio metro de tierra y arcilla le falta perspectiva, faros largos.

Los expertos no han podido acceder a las estadísticas y datos reclamados para ampliar su conocimiento porque Fertiberia y la Junta se los han denegado, a pesar de estar obligados a darlos. Sin estudios en profundidad es imposible medir el impacto real de los fosfoyesos en la salud de las personas, “un elemento crucial”, critican los científicos. Esto puede ocurrir a través de la pesca local, las zonas de baño o la dispersión de partículas por vía aérea en Huelva y pueblos cercanos como Palos de la Frontera.

Sobre la geología del subsuelo de las balsas, los investigadores critican que Fertiberia haya utilizado “datos bibliográficos antiguos” que han derivado en un proyecto “obsoleto, impreciso e incompleto”. La empresa ha ignorado el hundimiento diferencial del apilamiento y su deformación perimetral, así como el “elevado hundimiento” de la zona 2 y la posible existencia de fallas que afecten la estabilidad de los apilamientos, según el informe. Además, el proyecto ignora que existen estructuras deltaicas con contaminantes a la ría, por lo que no propone corregirlas. La empresa utiliza bentonita sódica para sellar las perforaciones existentes, pero los científicos recomiendan sustituirla por cemento o arcillas que garanticen su aislamiento.

En paralelo, los investigadores alertan de que la estabilidad de las balsas se vería afectada por tsunamis. El pasado domingo, un terremoto de 5,4 grados en la escala de Richter se desencadenó a una profundidad de 62 kilómetros en el Golfo de Cádiz y se sintió en Huelva.

Los expertos recomiendan como medidas urgentes eliminar “las salidas de borde” para evitar el vertido contaminante al medio ambiente, estabilizar geotécnicamente las balsas —sin diques o muros de contención y “enormes deformaciones”—, mantener el monitoreo espacio-temporal de las filtraciones a las marismas, trabajar en la búsqueda de soluciones alternativas al proyecto de Fertiberia “para una restauración real y recuperación de las zonas afectadas”. Además, proponen una “comunicación transparente” para “reducir las inquietudes y preocupación de la población”, a la vez que permitirle participar en la toma de decisiones relevantes del proyecto. La pelota está ahora en el tejado del Ayuntamiento para transmitir la información a la ciudadanía y en el de la Junta, para corregir el plan en función de las recomendaciones científicas o dejarlo como propone Fertiberia.

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