_
_
_
_

Menos agua en los embalses, más hectáreas que regar

Las reservas hídricas de las cuencas del Segura, Guadiana o Guadalquivir están por debajo del nivel medio de la última década, pero en ese tiempo han aumentado los regadíos

Embalse del Charco Redondo en Los Barrios (Cádiz), al 17% de su capacidad.
Embalse del Charco Redondo en Los Barrios (Cádiz), al 17% de su capacidad.alejandro ruesga
Javier Martín-Arroyo

Los 3.000 vecinos de Fuente de Piedra (Málaga) llevan cuatro años sin poder beber agua del grifo. El acuífero principal que nutre su red se agotó y cuando se pinchó más profundo bajo tierra, el agua se volvió salada: demasiado nivel de cloruro. “Ha sido un cúmulo de factores, como la escasez de lluvia en la última década y la agricultura, que consume mucha agua”, resume su alcalde, Siro Pachón. Cada martes y viernes llegan al pueblo los camiones cisterna con el agua potable.

Fuente de Piedra es el ejemplo extremo de una alarma acuciante: las reservas de agua menguan y la mitad sur del país mira desesperado al cielo, mientras el cambio climático acentúa la variabilidad de las lluvias y augura a lo largo del siglo XXI una merma de los caudales del 24% y de hasta el 40% en las zonas más sensibles, según calcula el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En estos momentos, varias cuencas del sur del país muestran signos alarmantes. En concreto, los embalses del Segura están al 35,5% de su capacidad, los del Guadiana al 32,5% y los del Guadalquivir al 32,1%. Tres zonas hidrográficas donde las reservas de agua se encuentran hoy bastante por debajo del nivel medio de los últimos 10 años, como muestra el último boletín semanal del Ministerio para la Transición Ecológica.

Paradójicamente, esta creciente preocupación por la escasez de agua no es la misma ante el uso que se hace de ella. En el conjunto del territorio que se abastece de estas mismas cuencas —formado por las regiones de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia— el cultivo de regadío ha crecido un 15% en la última década, hasta alcanzar los 2,1 millones de hectáreas, según cálculos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. ¿Es sostenible este crecimiento?

Los expertos alertan de que este aumento del regadío debe corregirse y empezar a menguar, las confederaciones afectadas alegan que el crecimiento es hoy día nulo o mínimo y los agricultores defienden su papel esencial en la cadena alimentaria, puesto en valor durante la pandemia. “Si prometemos más regadío es a costa de hacerlo más vulnerable, es un suicidio colectivo. La sostenibilidad no consiste en frenar el desarrollo, sino en respetar los límites que impone la naturaleza”, recuerda Pedro Arrojo, profesor emérito de análisis económico en la Universidad de Zaragoza.

La escasez de lluvias afecta a los cultivos, pero también a la ganadería. “Este año se ha recuperado, pero los dos anteriores [2018 y 2019] acarreamos agua por primera vez para el ganado y compramos paja porque el campo estaba pelado”, explica Juana Carrasco, ganadera y veterinaria en Puebla de Guzmán (Huelva), que no recuerda tanta escasez de lluvias en sus 30 años en el campo.

La información es la primera herramienta contra el cambio climático. Suscríbete a ella.
Suscríbete

A pesar de la previsión de menos agua, los agricultores solicitan cambiar sus cultivos del secano a regadío —de cereales y girasol a frutales o cítricos, por ejemplo— porque el beneficio económico se dispara y el trabajo, al mecanizarse, suele ser menos duro y reduce tanto sacrificio. Las confederaciones hidrográficas de Madrid para abajo —Guadiana, Guadalquivir, Mediterránea y Segura, entre otras—, cuyos embalses bajan del 50% a diferencia de la mitad norte, frenan las nuevas peticiones para aumentar el regadío pese a las presiones de agricultores y alcaldes. “Vemos sostenible el regadío porque se utiliza mucha menos agua y los cultivos se desplazarán con los años de una zona a otra del país, hacia donde haya agua disponible. No quiero ampliación, pero tampoco me puedo oponer porque hoy una hectárea de regadío produce como seis de secano”, alega Andrés del Campo, presidente de la mayor federación de comunidades de regantes, Fenacore, que agrupa a 700.000 agricultores.

La mejora de la tecnología de riego ha multiplicado su eficiencia: se utiliza un 27% menos de agua, pero se necesita un 700% más de energía, según cálculos oficiales. Con la eficiencia del riego —implantado en el 75% de los cultivos— y el paso de frutales y cítricos a olivar, viñedo y almendro, cultivos que consumen la mitad de agua, el ahorro repercute en un 55% en la confederación y en un 45% en el agricultor, que tiene margen para ampliar hectáreas. Sin embargo, los expertos conservacionistas critican que el ahorro de agua no repercute en las cuencas. “Es el falso mito de la modernización de regadío, el ahorro de agua en caudales no significa que se saque menos agua del río y los agricultores duplican las hectáreas y plantan producciones más intensivas”, critica Antonio Amarillo, de Ecologistas en Acción.

Aspersores en una plantación de zanahorias en Los Palacios (Sevilla).
Aspersores en una plantación de zanahorias en Los Palacios (Sevilla).PACO PUENTES (EL PAIS)

“Las confederaciones padecen una insuficiencia brutal de medios. Se nos exigen inspecciones sin recursos, ni humanos ni materiales”, se queja Mario Urrea, presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, que abarca las provincias de Albacete, Alicante, Almería y Murcia, donde la crisis del Mar Menor ha puesto a los agricultores frente al espejo ante el excesivo uso y vertido de nutrientes.

Urrea asegura que la superficie de regadío no ha crecido en su cuenca, a pesar de que el Ministerio de Agricultura señala un aumento del 4% en Murcia en la última década. La cuenca del Segura tiene un punto de esperanza con las desaladoras, las que están ya funcionamiento y que se completarán en 2022 para aportar 400 hectómetros cúbicos al año, cuando los regadíos tradicionales demandan 300. “Tenemos la ventaja de que el agua desalada estará sí o sí y eso nos da una cierta ventaja, aunque penalizada por la tarifa”, matiza sobre el aumento de precio que los agricultores aceptan ante la falta de alternativa. Si el agua del trasvase está a 9 céntimos, la desalada se paga a 57 céntimos.

Sin embargo, las desaladoras son una excepción en España, uno de los países del mundo con más presas por persona y kilómetro cuadrado. “La tendencia a que haya menos agua es tanto a largo plazo como a corto plazo, no podemos dar el agua con la misma alegría. El reto es pasar de la gestión reactiva a la preventiva”, alerta Rafael Seiz, de WWF. Por su parte, Víctor Cifuentes, jefe de planificación de la Confederación del Guadalquivir, que dispone de al menos dos años de abastecimiento con las reservas actuales, responde: “La gestión del agua para regadío es más difícil que hace décadas, ya que el agricultor actual tiene más de empresario y de inversor y necesita más garantía [de recibir el agua concedida por las confederaciones]”. Entre ambos extremos, Gonzalo Delacámara, asesor en política de agua del Banco Mundial y la Comisión Europea, tercia: “Nunca solucionaremos el problema si se criminaliza al regante, socialmente no hemos pasado esos ahorros de agua a los regantes, a los que preocupa la seguridad de poder regar en 25 años”.

California es un Estado con parecidas carencias hídricas a España y ha visto dos soluciones para paliar el oscuro panorama. Por una parte, la captura de caudales durante las crecidas de ríos y barrancos para recargar los acuíferos, usándolos como embalses subterráneos, y, por otra, la creación de consorcios entre las ciudades y zonas agrícolas. “Las ciudades necesitan una garantía prácticamente total de que no sufrirán cortes de suministro y suelen invertir en opciones más caras, como la reutilización y la desalación, que las zonas agrícolas, que no tienen tanta capacidad de inversión”, incide por correo electrónico Alvar Escrivá-Bou, investigador visitante del Instituto de Políticas Públicas de California, que prevé reducir un 10% la superficie agrícola para ser sostenibles en 2040.

En Andalucía, que aglutina el 28% de las 3,8 millones de hectáreas de riego, hay embalses como el de Charco Redondo, el ubicado más al sur de Europa, al 17%, Beninar al 8% (Almería) o Corumbel Bajo (Sevilla) al 8%. Y sin embargo, la suerte de los vecinos de Fuente de Piedra parece que cambiará el próximo verano, si acaba la obra para la nueva planta de tratamiento de aguas que les permita beber de nuevo del grifo y abandonar tanta botella de plástico.

La epidemia de los acuíferos ilegales

Una plaga silenciosa esquilma los 761 acuíferos españoles identificados: los pozos ilegales, que los expertos cifran en un millón. Amparados en la falta de inspectores y la facilidad para ocultarlos, muchos agricultores sacan agua sin permiso y el 25% de las masas de agua subterránea, que acumulan 48.000 hectómetros cúbicos, están en mal estado cuantitativo por sobreexplotación, según estimaciones oficiales.

De los 63 acuíferos de la Cuenca del Segura, 20 están sobreexplotados, según la confederación de dicha zona. Sus inspectores impusieron 771 sanciones el año pasado por captaciones ilegales de agua, un centenar más que hace cuatro años. La tendencia al alza en Murcia es compartida en Andalucía, donde solo en el valle del Guadalquivir los inspectores iniciaron 1.106 expedientes en 2016, que se elevaron a 1.687 en 2018 y a 1.512 en 2019. “En Murcia ya hay pozos para riego a 600 metros. Mientras quede un litro de agua en el subsuelo, los agricultores lo sacarán”, critica Francisco Casero, presidente de la Fundación Savia.

Doñana, patrimonio de la humanidad, es la punta de lanza de este fenómeno ilegal por el que los empresarios de la fresa han robado agua durante años y que ha provocado que la Comisión Europea denuncie a España ante el Tribunal de Justicia de la UE. “Desde que se detecta un pozo hasta que llega la Guardia Civil para cerrarlo pueden pasar siete años si el agricultor apura los resortes legales”, ejemplifica Víctor Cifuentes, jefe de planificación de la Confederación del Guadalquivir. La Junta andaluza ha rechazado opinar para este reportaje.

¿Cómo se ha llegado a esta situación en Andalucía? “Con el agua muy barata, muy poco control de la Junta y la confederación para frenar a los lobbies del regadío, regantes y alcaldes, y muy poco esfuerzo desde el agricultor. Habría que reducir los regadíos un 20% hasta 2030 del Tajo hacia abajo”, analiza Joan Corominas, de la Fundación Nueva Cultura del Agua y exdirector de la Agencia Andaluza del Agua.

Para conocer las noticias más importantes de Clima y Medio Ambiente de EL PAÍS apúntese aquí a nuestra newsletter semanal.

Siga la sección de Clima y Medio Ambiente en Twitter y Facebook

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_