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Luis Manuel Marcano, magistrado en el exilio: “Mientras no haya un cambio en Venezuela, el crimen de Ronald Ojeda va a quedar impune”

El abogado, asilado político en Chile desde 2017, dice que no hay posibilidad de que sean extraditados los dos sospechosos del secuestro y asesinato del disidente venezolano en Santiago de Chile. “Este fue un crimen político”, dice

Luis Manuel Marcano en Santiago (Chile).
Luis Manuel Marcano en Santiago (Chile).Cristobal Venegas (EL PAÍS)
Ana María Sanhueza

Luis Manuel Marcano (1966, Caracas), asilado político en Chile, es uno de los 33 magistrados que el 21 julio de 2017, tras un concurso público, nombró el Parlamento venezolano, que tenía una mayoría opositora, para integrar el Tribunal Supremo de Justicia, en reemplazo del que existía. Tres días después, el presidente Nicolás Maduro anunció que detendría “uno a uno” a los 33 jueces. “Esta gente que nombraron, usurpadores que andan por ahí. Todos van a ir presos, uno por uno, uno detrás de otros. Todos van a ir presos y a todos les van a congelar los bienes, las cuentas y todo, y nadie los va a defender”, dijo el mandatario.

Marcano vive en Santiago desde 2017. Tras el anuncio de Maduro estuvo dos meses, entre agosto y octubre, en la embajada de Chile en Venezuela durante el Gobierno de la presidenta socialista Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018). El abogado, historiador y doctor en historia, viajó a Chile junto a otros cuatro jueces en su misma situación, pero solo tres, él, Beatriz Ruiz y Elenis Rodríguez, continúan en el país sudamericano. Los 33 magistrados, hoy repartidos entre Chile, Colombia, Panamá, España y Estados Unidos, conforman desde entonces el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio.

“Lamentablemente, nuestra designación fue fallida. Nos juramentamos pero no pudimos tomar los cargos porque fuimos perseguidos inmediatamente”, dice Marcano en un encuentro en su casa con EL PAÍS. “Nosotros en ningún sentido somos una Corte Suprema como la que puede haber en Venezuela, sino que somos un tribunal, legítimo, que tenemos un poder moral, pues acogimos la jurisdicción universal para la defensa de los derechos humanos. Sabemos que nuestras decisiones no son ejecutables, sino planteamientos morales”.

Tras el secuestro en Santiago el 21 de febrero del disidente venezolano y asilado político Ronald Ojeda, Marcano, Ruiz y Rodríguez pidieron protección policial y se les concedió. Lo hicieron el 1 de marzo, pocas horas antes de que el cuerpo de Ojeda fuera hallado bajo cemento, con graves señales de torturas. Fue sacado 10 días antes de madrugada desde su departamento por cinco hombres disfrazados de policías. El fiscal del caso, Héctor Barros, dijo en abril que tras su homicidio está el Tren de Aragua pero, además, que por el perfil de la víctima, el único móvil posible es el político y que el crimen se organizó desde Venezuela. También ha identificado a dos sospechosos, los venezolanos Walter Rodríguez y Maickel Villegas, quienes huyeron de Chile y estarían en Venezuela, por lo que Chile busca su extradición.

Marcano, quien está becado por la Universidad Central de Chile en un doctorado en derecho y trabaja en su tesis sobre independencia judicial, ha seguido con especial atención el caso de Ojeda. Como asilado político, dice que enterarse de su secuestro “fue alarmante”. “Nosotros nos sentíamos protegidos en Chile porque es un país libre, ordenado y sus instituciones nos dieron un abrazo de seguridad, del que estoy muy agradecido. Y frente a ese abrazo, fue espantoso”, dice mientras toma un sorbo de café. “Lo que sentimos fue preocupación, pero no miedo. Preocupación de que las autoridades no estén al tanto de que un cuerpo extranjero opere en Chile”, agrega.

El crimen de Ojeda ha provocado varias controversias diplomáticas entre Caracas y Santiago. El 6 de junio, por ejemplo, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, contraviniendo a la indagatoria del fiscal Barros, dijo que el asesinato fue una “operación de falsa bandera” tramada por cuerpos de inteligencia chilenos y extranjeros con “intereses espurios”. El Gobierno del presidente de izquierdas Gabriel Boric ha tildado sus dichos de “inaceptables” y envió una nota de protesta. Y este viernes Saab, en su cuenta de X, volvió a la carga: catalogó de “histéricas y distorsionadas las declaraciones oficiales de voceros gubernamentales chilenos, en donde a través de su acostumbrado lenguaje soez vuelven a mentir en relación al caso Ojeda, esta vez para decir que la Fiscalía venezolana no ha querido cooperar con la investigación relacionada con ese lamentable homicidio”. También señaló que en los antecedentes remitidos se incluyeron los “reportes migratorios, datos biográficos y biométricos de Walter Rodríguez y Maickel Villegas”.

Desde Europa, donde acompaña a Boric en una gira, el canciller Alberto Van Klaveren ha dicho sobre Saab: “Ya estamos acostumbrados a las declaraciones del fiscal nacional. Siempre lo he dicho: no es la persona más indicada para recomendarnos algún tipo de procedimiento realmente”.

Pregunta. ¿Es habitual que en Venezuela los fiscales emitan opiniones como señalar que el crimen de Ojeda fue una “operación de falsa bandera”?

Respuesta. No es usual. Son opiniones imprudentes, inconvenientes y no profesionales. Porque cuando un fiscal va a hacer una declaración, tiene que haber una investigación. La investigación de Chile es seria y yo confío plenamente en la Fiscalía chilena.

P. ¿Pensó desde el principio que podía haber un móvil político en el crimen de Ojeda?

R. No me quedaba la menor duda de que era un crimen político. Sin embargo, no podía decir nada públicamente porque era una aventura que no quería correr desde el punto de vista de entorpecer las investigaciones. Las características de Ronald Ojeda eran las de un subteniente que vendía helados, tenía su esposa y trabajaba como supervisor de vigilancia. Iba caminando a su trabajo y una persona con esas características, que se expusiera así, no está metida en nada malo.

P. Usted junto a Beatriz Ruiz y Elenis Rodríguez pidieron protección policial. ¿Por qué lo hicieron?

R. Ojeda tenía las mismas características que nosotros. Además, él era militante contra la dictadura. A pesar de que creo en la independencia judicial, y que la justicia independiente es la columna vertebral de un sistema democrático, yo sí me he hecho militante, pero de la libertad. Mientras en Venezuela no se cambie el régimen y el sistema, todos los criminales van a refugiarse en Venezuela, porque el artículo 69 de la Constitución prohíbe la extradición.

P. Rodríguez y Villegas huyeron aparentemente a Venezuela. ¿Hay ingenuidad de Chile al querer su extradición? ¿hay otra manera de traerlos?

R. Antes de la Constitución del 2000 había un tratado de extradición entre Venezuela y Chile. Pero cuando entra en vigencia esta Constitución y aparece el artículo 69 que prohíbe extraditar a venezolanos, no hay condiciones. Está el Convenio de Palermo, pero de acuerdo con la Constitución de Venezuela, ningún tratado internacional puede vulnerar los principios constitucionales.

P. ¿Entonces qué posibilidad ve en el caso de Ojeda si una manera de avanzar es extraditar a los dos imputados?

R. No los van a extraditar. Primero, porque no hay voluntad política y, segundo, porque la Constitución lo prohíbe.

P. ¿Y en qué consistiría tener voluntad política?

R. Que en función de la gravedad de lo que está ocurriendo no solo en Chile, sino en América Latina, de que hay delincuentes que van, cometen delitos y regresan a Venezuela, se constituya el Congreso, se haga una reforma constitucional del artículo 69 y se elimine lo de la prohibición de extradición. Esto, para que entre en operación el convenio de Palermo y funcione la cooperación internacional para crímenes transnacionales.

P. ¿Alguna posibilidad?

R. No, ahorita no. Hasta que no haya un cambio de gobierno, todos los delitos que hayan cometido delincuentes venezolanos en el exterior, no van a tener sanción. Van a tener impunidad, porque el sistema penitenciario que hay actualmente es ineficiente. Las prisiones venezolanas son clubes nocturnos.

P. ¿Entonces cómo ve el panorama del caso de Ronald Ojeda? ¿Cree que puede haber impunidad?

R. Mientras no haya un cambio en Venezuela, ese crimen va a quedar impune.

P. A fines de mayo, dos fiscales venezolanos aterrizaron en Chile por el caso de Ojeda, pero el Ministerio Público tiene la carpeta de investigación reservada [y no les dio acceso].

R. La pregunta es, ¿qué viene a hacer aquí una fiscalía extranjera cuando hay soberanía de la investigación, desde el punto de vista de la Constitución de Chile? Eso es delicadísimo.

P. ¿Es usual este tipo de gestiones de los fiscales de Venezuela?

R. No. Para eso está Interpol, que se forma a través de funcionarios de diferentes policías. ¿Qué es eso de que vengan dos fiscales acá? Este fue un crimen político, pero yo no sé quién de allá lo mandó a hacer.

P. Fue el fiscal Barros quien dijo que el único móvil que queda es el político, tras descartar otras tesis, y que el crimen se organizó en Venezuela.

R. Así es. Y para que esa investigación llegue a la cadena, desde el autor ejecutor a la autoría mediata, es decir, conocido vulgarmente como autor intelectual, esta gente [Villegas y Rodríguez] tendría que declarar.

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Ana María Sanhueza
Es periodista de EL PAÍS en Chile, especializada en justicia y derechos humanos. Ha trabajado en los principales medios locales, entre ellos revista 'Qué Pasa', 'La Tercera' y 'The Clinic', donde fue editora. Es coautora del libro 'Spiniak y los demonios de la Plaza de Armas' y de 'Los archivos del cardenal', 1 y 2.
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