La Constitución del miedo: la pregunta por el fin del momento constituyente

A menos de 50 días del plebiscito de salida del 17 de diciembre, todas las encuestas muestran lo improbable del triunfo de la opción A favor del texto de nueva Constitución que será entregado en los próximos días al presidente de la República. Salvo una encuesta extravagante (Black § White) que arroja un empate, las últimas mediciones de Criteria, Feedback y Pulso Ciudadano muestran entre 20 y 40 puntos de diferencia. Estas diferencias grotescas entre encuestas debiesen alertar sobre los fenómenos de intoxicación de la opinión pública, ya que son estos fenómenos los que degradan la disputa democrática.

Pero también degradan la competencia democrática las alertas por un posible nuevo estallido social en caso de triunfar la opción A favor. No son pocos en la academia que han levantado esa voz de alerta jugando a la profecía (de modo parecido al juego del oráculo en el que incurrieron varios ensayistas al proclamar “no la vieron venir” en 2019), pero hay también políticos relevantes que están incursionando en la infusión del miedo (por ejemplo, el senador y presidente del Partido por la Democracia Jaime Quintana, ayer en el diario El Mercurio, quien no descartó esta eventualidad debido a la continuidad de las condiciones que originaron el estallido social en 2019). No es esa la forma de persuadir sobre las opciones en juego. Como en un juego de máscaras, una parte de la izquierda está repitiendo la misma mala práctica de la derecha en el anterior plebiscito, asustar más que convencer, y no faltarán las noticias falsas de lado y lado que repletaron la escena mediática en el año 2022.

Razones para la crítica a este texto hay muchas, y ninguna necesita actuar burdamente sobre las emociones. Lo que se necesita, entonces, es incursionar en un registro de justificaciones sobre la controversia constitucional a partir de razones claramente expresadas. Es así como es un verdadero objeto de controversia la perpetuación de la propiedad sobre los derechos de agua (agregando a la actual Constitución la facultad de “disponer, transmitir o transferir” esos derechos); hay una verdadera amenaza a la ley de aborto por tres causales mediante dos normas (“la ley protege la vida de quien está por nacer” y un “niño es todo ser humano menor de 18 años”); se circunscribe la limitación del derecho a huelga al procedimiento de negociación colectiva; se eleva el quórum para reformar la Constitución respecto del texto reformado actualmente vigente; se desdibuja el Estado Social y Democrático de Derecho, y un largo etcétera.

Pero lo anterior, siendo sumamente relevante, no puede opacar dos preguntas inquietantes: ¿cuál es la esperanza de vida de un momento constituyente? ¿hasta qué momento dura el efecto del resultado del plebiscito de entrada que fue votado en octubre de 2020? Ciertamente, las respuestas no son jurídicas, sino sociales y políticas. Si uno entiende por momento constituyente (Jason Frank) una situación en la que el pueblo reclama para sí y por sí mismo el ejercicio (o una parte) del poder político y una participación que trasciende la organización legal cotidiana del Estado, entonces claramente se trata de un momento que dejó de existir. En cuanto a si nos encontramos en un momento constitucional (Ackerman), entendido como momento de efervescencia colectiva enteramente circunscrito por instituciones y reglas, entonces sí se puede decir que nos encontramos en él, aunque sin ningún tipo de efervescencia popular. Qué duda cabe: de verificarse la derrota del A favor, ninguno de estos dos momentos seguirá existiendo. De hecho, el propio Gobierno de Gabriel Boric desechó públicamente avanzar en un tercer proceso de cambio constitucional, dejando sin piso a comunistas y a uno que otro diputado frenteamplista que se aferran al resultado del plebiscito de entrada de octubre de 2020 como argumento para continuar.

De lo anterior se sigue una segunda pregunta. En octubre de 2020, el electorado chileno votó abrumadoramente por un cambio de Constitución (78,28% versus 21,72%, con el 50,9% de participación en un régimen de votación voluntaria), lo que se tradujo en un 62% de rechazo de la propuesta de un nuevo texto constitucional el 4 de septiembre de 2022 (con el 85% de participación en un régimen de votación obligatoria). Ahora, Chile se encuentra ad portas de plebiscitar una segunda propuesta de texto constitucional, nuevamente con sufragio obligatorio. ¿Qué ocurre, social, política y normativamente hablando, con lo que efectivamente se votó en octubre de 2020? Si bien el resultado sigue allí, ¿hasta qué punto, y hasta cuando seguirá siendo una expresión vigente de la voluntad del pueblo cuando ese mismo pueblo rechazó dos propuestas y dejó atrás tanto las condiciones del momento constituyente como las del momento constitucional? ¿En qué medida la voluntad del pueblo se origina en un solo episodio plebiscitario (antecedido por un enorme estallido social), y cómo se entronca con el resultado de dos plebiscitos posteriores?

Gabriel Negretto, un destacado especialista en el funcionamiento de asambleas constituyentes, ha sugerido en varias oportunidades que, de no aprobarse una nueva Constitución en un segundo proceso, Chile debiese detener el proceso de cambio constitucional. Desde mi perspectiva, esta sugerencia es correcta, pero por razones de agotamiento del momento (constituyente o constitucional), así como por un probable hastío de los chilenos. De ser así, entonces todo el mundo político deberá seriamente interrogarse sobre su conducta e ineficacia, responsabilizándose por las consecuencias que los partidos generaron, dado que el pueblo decidió avanzar sin ellos, y tal vez contra ellos.